Policías fuera de control

Hoy se conoció un nuevo caso de abuso policial. Sucedió en Pinamar y los vecinos respondieron con una pueblada frente a la comisaría.

Alejandro Sepúlveda apareció ahorcado en una celda en la que, indica el vecindario, fue detenido en averiguación de antecedentes, lo que equivale a decir que fue preso sin una causa concreta. En la localidad no creen en la hipótesis del suicidio.

“Hay un trípode en el que se basa la impunidad y es la connivencia entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y el poder político”. Estas palabras fueron pronunciadas ante el presidente Néstor Kirchner por Luis Bordón, padre de Sebastián, el joven bonaerense que fue asesinado por policías mendocinos en San Rafael.

Lo dijo el 4 de noviembre de 2003, fecha en la que por entonces presidente dejaba en funcionamiento el Programa Nacional Antiimpunidad, destinado a “purificar todas las fuerzas policiales del país”, según la expresión utilizada por el mandatario en su alocución.

“Pasa en la policía pero también en la política, donde hay una reacción corporativa cuando se trata de un correligionario o porque es compañero. Se terminó, al que saca los pies del plato debe caerle todo el peso de la ley”, fue el mensaje de Néstor Kirchner.

Nueve años después, poco fue lo que cambió. La comisión sigue trabajando. Pero en un país que es federal para algunas cosas y unitario para otros, a ellos les tocó la peor parte: no pueden intervenir en las provincias que no hayan adherido a su funcionamiento. Y si adhirieran, ellas mismas conformarías las estructuras que le darían “control” a la impunidad.

Los casos de abuso por parte de uniformados continúan registrándose en toda la extensión del país. Ya sea que se trate de policías o penitenciarios, en cualquiera de sus jurisdicciones, los uniformes se siguen manchando con sangre.

Resulta curioso que no exista –en un momento político de alta centralización de las decisiones desde la Casa Rosada- una “bajada de línea” a las provincias para desterrar prácticas que aprendidas durante décadas de mano dura y descontrol civil de las fuerzas.

Desaprender las prácticas de la dictadura e inclusive anteriores a la época oscura del país, basadas en algún momento en prácticas institucionales que se transmitieron de generación en generación, y e toras como resultado de la “doctrina de la seguridad nacional”, no es una prioridad en un país que se llama a sí mismo “líder” en materia de respeto por los derechos humanos.

La policía ha seguido infringiendo derechos ciudadanos, en medio de un reclamo generalizado para que se dedique a otra cosa, lo que más se necesita de ellos: seguridad.

Los casos recientes demuestran que, justamente, en donde más se cultiva el discurso de los “derechos humanos”, más se violan por parte de las fuerzas que están (o deberían estarlo) bajo el control político de sus gobernantes civiles.

Provincia de Buenos Aires: El caso de Sepúlveda abre la memoria. El principal estado del país, allí en donde se decide quién gobierna y quién no en todo el país, no ha logrado darle continuidad a una política democrática de seguridad. Tras algunas experiencias aisladas de reorganización y control, con Daniel Scioli la policía volvió a autocontrolarse. Las noticias muestra de manera cotidiana cómo sus uniformados se ven involucrados en hechos delictivos, ya sea como partícipes principales o bien, como facilitadores.

Formosa:

Salta. Un escalofriante video de las torturas a detenidos conmovió al país. Una vez más, la evidencia puesta en un video que se hace público alerta sobre prácticas que subyacen. Hasta la TV Pública lo mostró y analizó. Pero no se verificaron cambios de fondo que permitan asegurar que las prácticas fueron superadas para siempre.

En esa provincia, además, funciona la "cárcel modelo" de la que habló la Presidenta, elogiándola, cuando una de las entidades más cercanas a Cristina Kirchner, el Cels -dirigido por Horacio Verbitsky- lo denunció en su informe 2012 como un lugar en donde la tortura es una práctica habitual.

Pero no es lo único que pasa en Salta. El diario El Tribuno informó que "se realizan entre una y dos denuncias diarias por excesos policiales".

Mendoza. Aquí la política provincial está centrada en atacar la reforma policial encarada por el propio justicialismo en 1998 y, con ello, conquistar a los policías. Se han detectado casos de "gatillo fácil" en los últimos años: el caso de Franco Díaz fue paradigmático.

Otro caso, reciente, sucedió en Maipú cuando un policía mató al joven Ezequiel Torres. A nivel penitenciario, el informe 2012 del Cels le destaca un amplio espacio a las torturas infringidas a los detenidos en la cárcel mendocina, información que fue brindada por la ONG Xumek.

El país del revés

- No se reconoce la vigencia de ningún gran proceso de reeducación y adecuación democrática de fuerzas policiales en el país en la última década.

- Esto sucede en medio de un gobierno que ha logrado instalar, positivamente, un fuerte discurso de defensa de los DDHH, pero que se vuelve una cortina de humo en las prácticas de gestión de los gobiernos provinciales: mientras adopta el discurso imperante, deja que la inercia sea la encargada de manejar la política de seguridad.

- Nada asegura que el propio gobierno nacional traduzca en hechos su discurso, condicionando a las provincias como lo hace, por ejemplo, con la distribicón de los recursos o de la obra pública. El acento está puesto en los derechos humanos del pasado, pero no se logra avanzar en los del presente.

- Con este panorama de descontrol de las fuerzas provinciales de seguridad y de una serie de contrapuntos y desatinos en el manejo de las fuerzas federales (cabe recordar cómo se envían y trasladan gendarmes por todo el territorio nacional de acuerdo con la demanda social) no es difícil de prever un caldo de cultivo para nuevas batallas directas entre policías y víctimas de su accionar. El poder político, entonces, nuevamente se evidenciará como deslegitimado socialmente. Un contrasentido.