Al represor que montó un negocio de seguridad en plena democracia le llegó la hora del juicio
Está sentado en el banquillo de los acusados por delitos aberrantes, cometidos durante la dictadura militar y abusando de su poder como policía. Pero Fernando Morellato siguió en actividad luego del retorno de la democracia y fue el responsable de una de las patas de la seguridad de la provincia a través de agencias de vigilancia. Incluso fue presidente de la Cámara que nuclea esas empresas y en ese rol tuvo fuerte influencia sobre el Gobierno en la época de Julio Cobos, cuando aceitó relaciones con el Ministerio de Seguridad para sumar a los vigiladores dentro del plan de prevención del delito. Hasta entonces Morellato se manejó con su legajo escondido.
Pero no por mucho tiempo más: su expediente como policía es una de las pruebas más contundentes de cómo operaba el aparato represor, pues allí consta que Morellato detuvo a personas, las torturó y luego desaparecieron. Se trata de Oscar Ramos y Oscar Iturgay, militantes de Montoneros y por cuyos homicidios está siendo juzgado Morellato ahora. En el expediente figura una sanción que Morellato recibió por algo insólito: no lo arrestaron por torturar, sino por haber pedido prestada una picana a la policía federal para hacerlo.
Un represor con influencias
Las empresas de vigilancia generaron una especie de fuerza de seguridad paralela. Buena parte de ellas fueron creadas por ex policías, algunos de ellos ligados a la dictadura, que encontraron el refugio perfecto para hacer negocios y seguir ligados a "su rubro". Morellato es uno de esos casos y, de hecho, el hombre fue el líder de los vigiladores. Como presidente de la Cámara de Vigilancia Privada tuvo fuerte influencia.
Durante la gestión de Julio Cobos gestó un acuerdo con el Ministerio de Seguridad para que los vigiladores conducidos por él colaboraran en la política de seguridad junto con la policía. Por entonces, Morellato era titular de la empresa Micael SA.
Fue el periodista Rodrigo Sepúlveda quien reveló el pasado del ex policía, a través de una investigación donde se hizo público su legajo. Allí el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos incluyó esa prueba como parte del proceso judicial por delitos de lesa humanidad que hoy llegaron a debate.
Pero no habría dejado su actividad como empresario de la seguridad. Fernando Antonio Eugenio Morellato figura como vicepresidente de la empresa El Arco Seguridad, cargo en el que asumió el año pasado según el edicto publicado en el Boletín Oficial. Por las relaciones que tuvo recientemente el represor con la policía y el poder político, los querellantes pidieron que sea detenido, pues temen que use esos contactos para evadir la justicia.
Una causa clave
Las pruebas son contundentes. En el expediente figura una nota del Jefe del D-2, Pedro Dante Antonio Sánchez Camargo, dirigida al Subjefe de Policía, donde explica el accionar de Morellato. Allí menciona que “felizmente el Cuerpo Motorizado de Vigilancia logró la aprehensión” de los dos militantes.
Pero lo más importante es que se menciona cómo Morellato pidió prestada una picana a la policía federal para interrogar a los detenidos. “El Oficial Principal del Cuerpo Técnico (Motorizado de Vigilancia) Fernando Antonio Morellato Donna, 'con un aplaudible sentido de investigación' produce el primer interrogatorio valiéndose de un elemento eléctrico mecánico (vulgarmente picana) que pidió prestada a la Delegación Mendoza de la Policía Federal donde solidariamente se la facilitaron”, dice el expediente.
Según la reconstrucción, la detención se hizo a las 5.17, los mantuvo en la sede del Cuerpo Motorizado, Seccional 25, y los entregó al Servicio Especializado (D-2) recién a medio día. El jefe de la policía terminó sancionando a Morellato, pero no por la tortura, sino por haber pedido prestada una picana a la policía federal.
"Se le pidió una medida ejemplarizadora a Morellato, por haber lesionado el principio de autoridad moral que debe regir los actos de todo policía (primer párrafo de la nota) pues: pidió prestada una picana a la Policía Federal y divulgó que había aprehendido a subversivos. Con su impericia en interrogatorios les dio tiempo para que cubrieran la huida de sus compañeros Sedrán de Carullo y Beto ya que recién los entrega al D-2 cinco o seis horas después de detenerlos. Se quedó con un revólver calibre 22 largo que portaba Ramos y recién lo devolvió cuando se lo pidieron. Por todo eso la superioridad le aplicó ocho días de días de arresto. Por los delitos cometidos contra los derechos fundamentales por lo menos de dos ciudadanos, no hubo sanción". Así relataron los abogados los hechos, luego de reconstruir el caso.