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Pérez tiene un mes para definir quién será el Procurador Penitenciario

Lucas Lecour, Fabricio Imparado y Romina Cucchi son los tres postulantes. El postulante elegido por el Gobierno debe ser ratificado por el Senado. Su labor será prevenir actos de tortura y otros tratos humillantes en las cárceles.

Mientras todavía queda en la memoria los videos filmados por guardiacárceles, donde se muestra las humillaciones y golpes a presos, por primera vez en la historia de Mendoza, la provincia contará con una comisión para prevenir la tortura y otros tratos crueles o degradantes en los lugares de encierro.

La ley provincial 8284 conformó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que tiene por objetivo que se cumplan los tratados de Derechos Humanos en todos los establecimientos de privación de libertad (cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos, el sistema de responsabilidad penal juvenil, entre otros).

La existencia de un área responsable de esta tarea, que además es totalmente independiente de los poderes del Estado, es fundamental para dar cumplimiento a los compromisos internacionales y efectivizar la responsabilidad del estado en tanto garante del respeto y protección de los derechos de las personas privadas de libertad.

La Comisión contra la Tortura está compuesta por la Procuración Penitenciaria y el Comité contra la Tortura.

El Procurador será elegido por concurso a partir de una terna de profesionales que ya ha sido remitida al gobernador Francisco Pérez y que deberá ser ratificado por el Senado. En el caso del segundo, estará conformado por organizaciones sociales y de derechos humanos relacionadas a la temática.

Este mecanismo, cuya conformación a nivel nacional es un compromiso internacional -que el país aun no cumple- porque el proyecto de ley tiene media sanción desde el año pasado y el protocolo es del 2002, es un mecanismo de garantía para que en todos los establecimientos de privación de libertad (penales, comisarías, hospitales, etcétera) se cumplan los tratados internacionales de derechos humanos, se prevenga o denuncie llegado el caso, los casos de tortura o violación de derechos humanos.

Es un compromiso internacional que Mendoza cumple antes que la Nación, y se debe al acuerdo de solución amistosa que fue aprobado por ley y también a que mucha gente ha trabajado para que se logre.

Este proceso comenzó hace aproximadamente un mes: se presentaron 11 aspirantes, de los cuales 7 rindieron el jueves pasado el examen escrito.

Sólo 5 superaron esta instancia y pasaron al examen oral, donde se conformó una lista de 4 postulantes al cargo.

La instancia siguiente fue de oposición de antecedentes y formación, lo que concluyó en una terna que quedó constituida por Lucas Lecour, Fabricio Imparado -ambos abogados- y Romina Cucchi -licenciada en Ciencias Políticas-.

La comisión evaluadora estuvo conformada por Pablo Salinas, Sandra Casavene y Juan Carlos Wlasic, de acuerdo a lo que establece la norma respecto a que sean los titulares de las cátedras de derechos humanos de las universidades de la provincia. Pablo Salinas es titular en la Universidad Champagnat, Diego Lavado (que se inhibió) titular en la UNCuyo, reemplazado por Casavene, su profesora adjunta y Wlasic, titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata y un referente del tema.

El gobernador tiene un mes para decidir quién será el Procurador, para luego enviar el postulante al Senado.