Cuando el Estado se arma para matar a quienes tiene que proteger
La muerte de una persona es una situación violenta es un hecho doloroso. Peor aún es si es el Estado el responsable de esa muerte. El asesinato de Franco Díaz en manos de un policía no sólo genera angustia, sino que recuerda lo peor de una de las policías más cuestionada por sus abusos desde el retorno de la democracia.
Para el Gobierno, que había tenido reclamos en la calle por la violencia generada por la inseguridad, ahora se le abre un problema distinto del problema sobre el que debe responder aún con mayor fuerza: cuando los que tienen que cuidar el derecho a la vida son los encargados de violarlo. Al mismo tiempo, se reabre la discusión sobre la preparación de las fuerzas de seguridad en la provincia, cuyas exigencias han ido en baja en los últimos años (con la aprobación de excepciones a la ley, etc. ) en pos de conseguir cantidad de policías antes que en profesionalizar esa fuerza.
Para colmo, el mismo día en que ocurrió ese hecho, casi quedó confirmado que el arma usada para matar a Matías Quiroga en el frustrado robo al blindado también fue un arma oficial: la ametralladora usada habría sido robada de una dependencia policial hace 4 años.
Maldita policía
Sacado del microclima que se puede haber vivido el sábado por la madrugada, lo ocurrido en el barrio Palumbo parece increíble. Había una fiesta y los vecinos denunciaron ruidos molestos, algo que ni siquiera es un tema de abordaje para la justicia penal. Pero un par de horas después había un joven de 19 años muerto y 11 policías arrestados.
Desde fines de la década del 80, la violencia oficial en Mendoza cobro fama con las historias de la maldita policía. El homicidio de Roberto Casatañeda fue uno de los primeros en tomar trascendencia y también uno de los que refrescó el tema hace poco. El joven fue asesinado en 1989 por la policía de un tiro y su cuerpo fue quemado.El año pasado el Estado argentino fue sancionado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en lo que significó, además de una indemnización de casi 300 mil pesos, un fuerte antecedente para la provincia.
Los casos se sucedieron incluso con desaparición forzada de personas en democracia, como les ocurrió a Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Paulo Cristian Guardatti.
Un clic en esa historia fue el homicidio del estudiante bonaerense Sebastián Bordón, que significó el inicio de un profundo cambio en la estructura de seguridad de la provincia y un intento de renovación de la policía. Ese camino, que era marcado por la actuación del poder político sobre la policía, fue abandonándose en los últimos años.
Los casos de gatillo fácil siguieron sucediéndose. Y hasta jaquearon gobiernos por la cantidad, como ocurrió durante la gobernación de Julio Cobos, con los asesinatos de Jonatan Chandía, Jonatan Oros y Mauricio Matías Morán.
En el caso del homicidio de Franco Díaz sí hay un dato rescatable en comparación con otros casos de gatillo fácil: esta vez no apareció ninguna coartada inventada para cubrir el hecho, como sí pasó en casos recientes.
¿Y dónde están los derechos humanos?
La frase “y dónde están ahora los derechos humanos” se transformó en una curiosa muletilla de reclamo por parte de los familiares de víctimas de delitos. En este caso bien podría usarse, pues el asesinato de una persona por parte de un agente estatal es una violación a los derechos humanos.
El Estado tiene a cargo la administración de la cosa pública: desde las cuentas, hasta temas más sensibles como la justicia y la seguridad. En esa transferencia de responsabilidad es que un policía carga un arma, como agente de seguridad y con la función de velar por la vida de las personas. Por eso el agravante de usar esa herramienta en contra de la vida. Así lo indica el Código Penal, que culpa con penas más severas a los policías que matan sin razón. Y también los tratados internacionales de derechos humanos.
Por eso muchos organismos internacionales, como la ONU y ONG dedicadas al tema cuestionan a la policía. “La brutalidad policial es otro de los aspectos preocupantes de la situación de los derechos humanos en la Argentina (que se traduce en aplicación frecuente por parte de las fuerzas de seguridad, de torturas, ejecuciones extrajudiciales y varias otras formas de violencia desplegadas por éstas), y promovida, facilitada, o al menos, no perseguida adecuadamente por el Estado”, indica un informe sobre violencia institucional de Equipo Nizkor, una organización dedicada a difundir y realizar seguimientos sobre la violación a los derechos humanos.
Y Mendoza tiene un papel tristemente destacado en ese contexto. “Es necesario destacar que el problema de la violencia policial no se limita a alguna región en particular, sino que los abusos por parte de la policía en sus diferentes formas alcanzan a todo el país, más allá de que sea posible identificar situaciones de mayor gravedad como las de las provincias de Buenos Aires -que es la región más poblada del país-, Mendoza o Chaco”, detallan.
Cualquier caso de vionecia, represión y mal accionar de las fuerzas de seguridad pega duro en el nucleo duro del kirchnerismo, aunque la repercusión interna de esos temas era más dura cuando la conducción estaba a cargo de Néstor. Por eso desde Mendoza buscan amenguar todo lo que puedan las repercusiones y "resolver rápido" el tema. También quieren evitar la politización.