El Gobierno consiguió el "blindaje moral"

El Gobierno avanza en su “blindaje moral” para seguir rechazando la aplicación del protocolo de procedimientos para la atención integral de los casos de abortos no punibles. En ese sentido, esta semana consiguieron una pieza importante: un fallo de la justicia civil rechazando un amparo por el cual se pedía la aplicación del protocolo. El segundo paso será la negativa del Senado a un proyecto de declaración que iba en el mismo sentido.  Así, el Gobierno conseguiría los elementos para argumentar una decisión política ya adelantada por Francisco Pérez y Carlos Díaz Russo.

En la causa hay algunas curiosidades. La jueza María Mercedes Herrera fue quien rechazó el amparo. La mujer es conocida para el Ejecutivo, pues está entre los magistrados que se negaban a aportar a la OSEP y presentaron un pedido para declarar inconstitucional el artículo de la ley de discapacidad que justamente los obliga a aportar. Herrera mantiene la demanda, a pesar de que otro grupo de jueces desistió.

La jueza Herrera rechazó el amparo por una cuestión formal: no consideró lo suficientemente legitimados los avales que presentaron los abogados (planillas con firmas de adhesión) como solicitantes del amparo. Pero fuera de la decisión de la jueza la causa deja entrever cuál es la posición del Poder Ejecutivo y esa visión queda manifiesta en los argumentos del asesor de Gobierno Cesar Mosso Gianini. El asesor, como voz legal del Gobierno, apela a argumentos legales y “morales” para rechazar el protocolo y asegura que los derechos del niño por nacer son independientes de la madre.  “El derecho a la vida de las personas que lo son desde el instante mismo en el que el espermatozoide fecunda al óvulo. Esa vida está protegida y tutelada por el ordenamiento jurídico, con independencia de la vida de la madre que la lleva en su seno e indisponible para todos … Todo ser humano es persona, no habiendo condición que pueda restringir sus derechos, por ejemplo, su vida en el seno de la madre, ni que ella esté enferma, o haber sido violada. Por ello la pretensión de este amparo implica una colisión axiológica entre los derechos humanos de la mujer embarazada y los del niño que tiene en su seno. Si se opta por dar mayor intensidad a los primeros se vulnera a la Convención sobre los Derechos del Niño que impide expresamente esa posibilidad”, argumenta el abogado oficial.

Pero también se inmiscuye en temas políticos y busca contradecir a la Corte Suprema de la Nación asegurando que la provincia no está obligada a adherir a hacerle caso al fallo que instó a todos los distritos a que habiliten un sistema para permitir la interrupción de los embarazos de las mujeres que hayan sido violadas. “La Provincia no se encuentra obligada a adherir a la Guía Técnica Nacional para la Atención de Abortos No Punibles  ni a dictar instrumentos legales al respecto”, asegura.