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Seguridad según CFK: las camaritas, un negoción

Un enfoque en torno a la efectividad de los sistemas de videovigilancia. Quiénes son los dueños, los factores distractivos de la opinión pública que reclama seguridad y un debate abierto: ¿un derecho puede ser violado por otro derecho?

¿Cuánto pagarías si te dijeran que, con lo que te están ofreciendo, estarás seguro vos y tu familia como nunca antes? ¿Cuánto permitirías que tu municipio pague porque te garantice eso? ¿Serías capaz de otorgar un cheque en blanco a cambio de que te pongan un objeto a tu paso que te recuerde que no estás solo en la calle, que te acompaña un policía virtual en tu camino?

Si ese objeto fuese una camarita de videovigilancia, que te mira pero que a veces ni la ves, ¿no sentirías acaso, en medio de tanta inseguridad, que la sensación te cambia? ¿No comenzarías a sentirte, al menos, un poco más seguro?

Esa fast respuesta a una problemática compleja hay que pagarla, y caro, pero ¿cuánto sería capaz de ofrecer un gobierno por algo que cambie el clima social de pánico que afecta a zonas urbanas, de alta concentración poblacional, en donde un caso violento se vuelve contagioso, al igual que el reclamo por mayores y mejores condiciones de seguridad?

El gobierno, ¿acaso no ha pagado mayores costos políticos por aparecer ajenos a un tema que es tan sensible al electorado?

La presidenta dio un mensaje claro y varios metamensajes durante la inauguración de un sistema de escáneres en el Puerto de Buenos Aires.

Mensaje

El mensaje directo fue "hay que poner camaritas por todos lados". Más claro, mové la antena.

Tras esa afirmación, ¿a alguien le cabe duda que los intendentes y gobernadores desorientados frente a la problemática de la violencia urbana correrán a echarle mano a las "camaritas" de inmediato? Si son oficialistas, porque lo que dice CFK es palabra santa. Si abrevan en el arco opositor, tienen la excusa ideal para convencer a los kirchneristas: "Lo dijo Cristina".

Ella misma empezará por conectar, en territorio gobernado por Mauricio Macri, 1.400 cámaras de videovigilancia cuyo espectro visual será controlado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Nilda Garré, en otra confirmación de que el concepto de "Nación" que tienen los ministerios abarca todo lo que rodea la avenida Gral. Paz y el Río de la Plata.

¿Quién se anima a refutar?

En el país de los simplismos, el que analiza fuera de las líneas del maniqueismo se queda colgado en el aire. Desde esa posición traeremos al presente dos corrientes que refutan la presumida efectividad de la proliferación de videocámaras por las ciudades.

Deben luchar contra un poder tremendo: muchos de quienes proveen de estos sistemas al Estado son poseedores de canales de TV, radios y diarios que difunden profusamente el presunto éxito de su funcionamiento.

Cualquier desprevenido puede creer que la excepción de que atrapen a alguien infraganti es la regla.

En el país del "pan y circo", por otra parte, ¿no resulta entretenido y hasta gracioso ver por TV lo que los policías miran desde los complejos puestos de control que el Estado instala para, supuestamente, brindar mayor seguridad?

1- Vulnera derechos

Durante años se ha discutido si torturar a una persona para que diga en dónde puso esa bomba que puede matar a cientos es legal o no. Y no lo es, definitivamente. La justificación de medidas ilegales argumentando que con esas prácticas se conseguiría vivir en un marco de mayor legalidad, resulta no solo paradojal, sino ridícula, entre otras cosas, porque no se tiene en cuenta que se está habilitando a alguien a salir de la ley y nada garantiza que vuelva a funcionar dentro del sistema, ni que se abuse de ese "permiso". Llevada esta idea a un ejemplo mayúsculo, veamos cómo, por ejemplo, en función de su propia "seguridad nacional", los Estados Unidos apoyaron a los rebeldes afganos para expulsar a los soviéticos del territorio de Afganistán. Claro, no contaron con que esa gente se transformaría en el grupo de talibanes que luego aplicaría esos mismos métodos contra quien fue su aliado.

La cuestión es que dejar de priorizar unos derechos a cambio de salvar a otros, no es una respuesta sincera del sistema democrático. Más bien resulta un atajo reaccionario a un problema que no sabe, no quiere o no puede resolver. Tratándose de las videocámaras, hay toda una corriente que refuta su existencia masiva argumentando que viola un derecho básico a la intimidad. ¿Cuál derecho prima? Algunos argumentos en este sentido, son:

- "La imagen, dato de carácter personal, es captada en multitud de lugares públicos y privados, muchas veces sin que el afectado se percate, omitiendo informar acerca del uso que se da a esas grabaciones, del titular de los ficheros o de si es posible ejercer derechos sobre ellos y en qué forma", sostiene la jurista española Isabel Pérez Moñino-Aranda.

- El proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación establece, en su artículo 53 el "derecho a la imagen". Un nuevo derecho que, de aplicarse, deberá encontrar en los argumentos pro seguridad mediate videovigilancia una excepción expresa al momento de discutirse su aprobación por parte del Congreso.

2- Su eficacia relativa

Si generalmente se niega la existencia de estadísticas sobre el delito, su territorialidad y características, exhibiéndose tan solo estadísticas de denuncias, ¿quién dice en dónde y cuántas cámaras hay que poner?

Son muchos los argumentos que vienen desde el Viejo Mundo, lugar en donde ya pasaron la moda de "poner camaritas por todos lados" o en donde se descubrió, en todo caso, que no era más que un gran negocio con posibilidades de convertirse en un "engañapichanga".

Al respecto, el experto en temas de seguridad Marcelo Saín dijo:  "Lo que deja afuera el sistema de cámaras es la prevención social, en una ciudad dividida entre excluidos e integrados, las cámaras no tienen nada que hacer al respecto. Hay todo un mito acerca de las cámaras y es un mito que se debatió en Europa hace mucho tiempo, es decir que reiteramos un debate ya viejo en Europa".

Hace un tiempo publicamos un informe de la Universidad de Berlín preparado por Leon Hempel y Eric Töpfer y citado por El Dipló,  que mostraba el caso europeo en donde “a lo largo de los últimos 15 años, la videovigilancia tuvo un crecimiento considerable en toda Europa, al punto que en 2004, el 29 por ciento de los lugares accesibles al público (…) estaban equipados con un sistema de cámaras”.

Volviendo sobre aquel trabajo, se indicaba entonces:

- “Las municipalidades –según Le Monde Diplomatic- demasiado confiadas en esta nueva tecnología y preocupadas por aprovechar los generosos subsidios del gobierno, suelen concebir sus esquemas de de instalación de manera precipitada. Cuando la instalación de las cámaras no queda a cargo de los técnicos de la empresa que las provee, se establece a partir de estadísticas sobre el delito demasiado incompletas o demasiado generales; de ahí –agregó el periódico- la ubicación de algunas cámaras en zonas donde resultan prácticamente inútiles”.

- El trabajo publicado en Francia y replicado en la edición latinoamericana de El Dipló, señaló que más allá de dejar contenta a la gente, el sistema de videovigilancia inglés “son demasiado ambiciosos”, al pretender “reducir el delito”.

- Un criminólogo, Jason Ditton, al referirse al dispositivo instalado en Glasgow, señaló que “en mi opinión, antes de su instalación se hizo semejante ruido en torno a las cámaras, presentado como un remedio milagroso incluso antes de haberlas conectado, que sus verdaderas posibilidades de éxito eran nulas”.

- Leblanc, en su artículo, agregó que, “en efecto, se espera que la videovigilancia acabe con los robos, desvalijamientos, ataques a las personas, a los vehículos, vandalismo tráfico de estupefacientes, acumulación de basura, alteración del orden público. Pero estos delitos no son ni cometidos por las mismas personas, ni por las mismas razones, ni en las mismas circunstancias, lo que impide que se adopte una solución única, aunque se la presente como ´todo en una´”.

- En cuanto a su funcionamiento y monitoreo, la técnica sólo pone una parte: los operadores son humanos. Y, aun siendo los recatados y formales ingleses, ese es el problema central que se registra en Gran Bretaña.

- “Mirar las pantallas de control resulta sumamente aburrido y monótono. En las zonas residenciales (…) registraron un promedio de 6 incidentes cada 48 horas de vigilancia. Esto lleva a los operadores a luchar primero contra el aburrimiento: frecuentes idas al baño o a tomar un café, lectura de revistas, crucigramas, somnolencia e incluso voyeurismo, que representa el 15% del tiempo de visualización dedicado a vigilar mujeres”.

Las camaritas, un negoción

No hay gobernador ni intendente que no haya incluido en su mensaje legislativo una mención a la instalación de videocámaras, arrancando un aplauso detrás tan fuerte con el que recibió el presidente efímero Rodríguez Saá cuando anunció que la Argentina no pagaría su deuda externa.

Una respuesta rápida a un reclamo contagioso que puede costar mucho más que una porción del presupuesto: perder todo el poder.

Mario Montoto.

 

Pero también, un negocio que crece y que se distribuye entre empresas que se han ido consolidando en diferentes puntos del país. Hace poco se conoció que el ex dirigente montonero Mario Montoto, volcado como tantos otros ex idealistas y ex represores a vender información y seguridad, vendió la mayoría accionaria de su empresa Global View a la japonesa Nec en una operación que alcanzó los 30 millones de dólares. El empresario se reservó (y conserva) un 15 por ciento de las acciones de esa empresa.

Global View controla la instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad en la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos como La Plata, Tigre, Lanús, Mar del Plata y Lomas de Zamora, entre otros y el último contrato que firmó, y que ganó por licitación pública, fue con la ciudad de Rosario, a fines de enero. Muchas veces se la vinculó con el empresario mediático Daniel Hadad, quien le daba amplia difusión a los "logros" que estas cámaras conseguían desde el canal C5N, ahora propiedad del del empresario K Cristóbal López.

El periodista Eduardo Tagliaferro escribió en el desaparecido diario Crítica que otras empresas que controlan el negocio son "Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), perteneciente a la multinacional Telefónica, en la que Sergio Szpolski participa como socio minoritario, y Ubik2, especializada en el control satelital, cuya titularidad figura a nombre de Rodrigo Campbell, un personaje muy cercano al gobierno nacional y con actividad declarada en comunas gobernadas por caudillos K". En Mendoza el servicio lo presta la empresa Arlink, del Grupo Vila -Manzano.