A la Corte nacional para salvar los contratos
El Gobierno decidió recurrir a la Corte de la Nación para intentar revertir el fallo que declaró inconstitucional un aspecto de la renegociación de contratos petroleros y que afecta cobros por más de 700 millones de pesos por parte de la Provincia. Ahora quieren que sea la justicia nacional quien decida.
En el Gobierno primero se sorprendieron, pero luego intentaron bajarle el perfil al tema y tratar de minimizar la repercusión del tema. Igualmente rebrotaron las críticas, particularmente de la UCR.
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo 2 del Decreto 3089 del 2010. Se trata de la norma con que se reglamentó la renegociación de contratos petroleros que derivó en la extensión de contratos por 10 años más allá del vencimiento natural. En ese acuerdo se pactó un pago inicial que en total supera los 150 millones de dólares y que la Provincia no coparticipó a los municipios. El cuestionamiento partió desde la Municipalidad de Capital y la Corte le dio la razón: según el Tribunal el Gobierno no podía disponer por Decreto de esos recursos y correspondía coparticipar esos recursos a los municipios.
En el Ejecutivo defienden la decisión original, tomada en 2010 por Celso Jaque como gobernador y por Francisco Pérez como ministro. Para ello aseguran que en el momento de la negociación se abrió el debate a otras fuerzas políticas y que no se hizo a través de la Legislatura por las trabas que la oposición puso. Además, aseguran que el fallo de la Corte “está flojo de papeles” y lo cuestionan. “Las leyes impulsadas por Cobos dieron la facultad al Gobierno para renegociar. Todo fue legal”, aseguran.
Ahora para ir a la Corte nacional los representantes legales tienen que pedir esa vía a la misma Corte local que ya falló en su contra.
Al momento de evaluar las consecuencias, en el Gobierno aseguran que no son tan “graves”. Así, calculan que “lo máximo que puede decidir la Corte nacional es que la Provincia resarza a los municipios”, aseguran. Y para mensurar el impacto explican que en el contexto de los ingresos por regalías que tiene anualmente la provincia no es tanto dinero. Sin embargo tampoco es una cifra despreciable, pues este año la provincia tenía presupuestados ingresos por regalías casi 1000 millones.
La crítica radical
Los radicales tomaron el fallo de la Corte, publicado por MDZ, para volver a cuestionar al Gobierno, luego de la luna de miel vivida con el Gobierno durante el tratamiento del presupuesto. Los senadores de ese partido recordaron que cuando se firmaron los acuerdos habían cuestionado que no se aprobaran por ley. “Hoy, a los dos años, seguimos viendo que no sólo no se escucharon nuestros reclamos de que el instrumento legal era una ley y no un decreto sino que tampoco se escucharon a los municipios y por eso la Suprema Corte de Justicia cuestionó la renegociación de contratos con las empresas petroleras y declaró inconstitucional un artículo del decreto que habilitó ese proceso”, dijo Armando Camerucci, presidente del bloque radical del Senado, a través de la UCR. "Desde el Radicalismo venimos reclamándole al gobierno de Jaque y luego de Pérez que defendieran el petróleo, la concesión de los pozos, las regalías petrolíferas que le corresponden a Mendoza. Pero siempre se hizo caso omiso a estos reclamos. Por eso hoy celebramos que la Suprema Corte haya cuestionado la renegociación de contratos”, dijo el diputado nacional Jorge Albarracín.
Sin embargo desde el Gobierno aseguran que los mismos radicales que cuestionan, antes fueron consultados. “Antes de la firma de los acuerdos se recibieron sugerencias de los legisladores radicales como Laura Montero y Enrique Vaquié. A Fayad no se lo tuvo en cuenta porque no era representativo, pero se tomaron las sugerencias”, aseguran desde el Gobierno.