Proyectan declarar el agua de Mendoza de dominio público
Es una ley madre para Mendoza. Tanto, que es previa a la Constitución. Ahora buscan adecuarla dando inicio a un debate que será largo y áspero. El Departamento General de Irrigación ya trabaja en algunas de las líneas a adecuar la ley de aguas y por las dudas advierten que “no se va a derogar la ley, porque es patrimonio de los mendocinos”, sino que lo que buscan es una norma complementaria que la modernice.
En los borradores ya hay varios temas claros: quieren declarar de utilidad pública todas las aguas de Mendoza, incluidas las que hoy son de dominio privado (las que nacen y mueren en un mismo terreno). También piensan en un sistema de gestión integrada del manejo del agua (que podría ser o no con un solo organismo) y el aumento de la participación de los usuarios en la toma de decisiones. “Los principios básicos de la ley no se van a tocar, se van a reforzar”, prometen. Uno de esos principios es la inherencia del agua a la tierra, cuestión que buscan endurecer para incluir el concepto de “inherencia a la actividad”.
La ley de aguas es la norma más antigua en vigencia de la provincia. Fue sancionada en 1884 y la consideran "patrimonio cultural". Buscarán una ley complementaria.
La ley de aguas fue sancionada en 1884 y es tan antigua que no tiene número, pues en ese momento no se numeraban. En 1905 se sancionó la ley 322, que reglamentó e hizo tangibles algunos principios. En esas normas quedaron fuera las aguas subterráneas, tema que fue cubierto luego por una ley complementaria.
Aunque legalmente no tiene el mismo proceso, el debate sobre la ley de aguas implica un movimiento similar a la reforma de la Constitución debido a lo que significa para la provincia.
El agua es un instrumento de poder fundamental en Mendoza. Por eso se esperan largos debates. Entre los temas polémicos está justamente la concesión de derechos. Es la Legislatura la que tiene la potestad de dar derechos de agua, pero eso no ocurre por distintas falencias. Una de ellas es la ausencia del balance hídrico. Desde algunos sectores del campo prestan atención. Así, por ejemplo, las agrupaciones de trabajadores rurales sin tierra reclaman desde hace años la posibilidad de tener derechos de agua para tierras que hoy no tienen. Incluso cuestionan la actual ley de aguas pues, aseguran, cuando fue sancionada se otorgaron derechos sólo a los grandes productores y a “las familias acomodadas”.
Aguas públicas
“Todas las aguas tienen que ser públicas”, dijo el superintendente José Luis Álvarez luego de presentar el plan de manejo del agua 2020. La misma ley de aguas va en esa dirección, pero quedó una franja (cubierta por el Código Civil) en la que hay cursos de agua privados. Son los que, por ejemplo, “nacen y mueren” en un terreno privado. Desde Irrigación apuntan a que todo curso de agua superficial y subterránea debe ser de dominio público para tener un manejo estratégico de todos los recursos.
Hay cursos de agua que son privados. Quieren que todos sean de dominio público para mejorar la administración estratégica del agua. Ya hubo gestiones nacionales por el tema. Incluye a las vertientes de agua mineral.
En el debate de la ley complementaria de aguas quieren que ese sea uno de los temas. Pero como implica leyes nacionales, ya se planteó en el Comité Hídrico Federal, con la idea de que en el nuevo Código Civil también se incluya el tema.
Las posibilidades para cambiar la posesión de las aguas privadas son varias. Una es la expropiación, la otra lograr acuerdos con los propietarios. Entre los cursos de agua privada están, por ejemplo, algunas vertientes que son usadas para explotar agua envasada. “No son tantas las aguas privadas de la provincia. La visión es tener la posibilidad de tener una planificación integral de un recurso estratégico como es el agua”, explicó Santiago Ruiz, de Irrigación.
Algo similar pasó con las aguas subterráneas, que eran privadas. Para ello se sancionó una ley particular declarándolas también de manejo público. En ese caso para pasar el dominio los pozos, se entregaron concesiones. Así, los dueños de esos recursos pasaron de ser propietarios a concesionarios.
Gestión integral
Otro de los cambios que se busca es la forma de gestión. Para ello apuntan a una gestión integral del agua a través de una coordinación entre todos los organismos que tienen que ver con el tema. Incluso sería parte del debate si hace falta o no concentrar todo en un solo organismo (hidráulica, Irrigación, etc.). “Hay que ver el agua y su planificación respecto a otras problemáticas como la ambiental. La idea es que deje de haber administraciones sectoriales y tener en cuenta la relación del agua con todos los recursos a través de una gestión integral de recursos hídricos”, explican.
Uno de los objetivos es lograr una gestión integral. Podría ser uniendo reparticiones o teniendo en cuenta la planificación conjunta de todas las instituciones que tienen que ver con el agua.
En ese sentido también buscan fortalecer los Consejos de Cuencas para aumentar la participación en la toma de decisiones. Incluso ya se dio un paso con las inspecciones de cauce, que están en vías de formación de la Federación Provincial de Consejos de Cuencas.
“Inherencia a la actividad”
Uno de los principios básicos de la ley es la “inherencia del agua a la tierra”, cuestión que hace que no se puedan separar los derechos de agua del de posesión del terreno. Desde Irrigación aseguran que eso se mantendrá, pero quieren fortalecer otro aspecto: la inherencia a la actividad. “Se da un permiso de agua para cultivar y resulta que un tiempo después sacan todo y meten un barrio, usando el derecho de agua que tienen para el terreno”, explicó Álvarez. Por eso la ley complementaria incluiría artículos para hacer más rígida la “inherencia a la actividad”. Es decir, que si se da un derecho de agua para una actividad (agrícola, industrial, etc.) cuando la actividad de esa tierra cambie, el derecho de agua se pierda.
La inherencia tendría que ver con la actividad. Si la actividad por la que se dio el derecho de agua cambia, se perdería el derecho.
El avance de la frontera urbana en detrimento de zonas productivas es uno de los problemas del ordenamiento territorial en Mendoza. Y el agua es uno de los recursos que más sufrió ese cambio sin planificación, justamente porque muchos de los barrios nuevos que se hicieron donde antes había fincas, tienen derechos de agua vigentes.
Sabiendo lo que implica el debate, quienes trabajan en la “ley complementaria de aguas” se manejan con pies de plomo y aseguran que lo ideal sería que también se incluya el tema en la reforma de la Constitución provincial. “Hay temas que los hemos propuesto en otras leyes, como la de tierras y en normas como la resolución de aguas subterráneas y los Consejos de Cuenca”, explican.