Aborto: Pérez confirmó que quiere su propia ley
El Gobierno sigue de cerca las repercusiones que tiene el debate acerca del aborto en Mendoza y se maneja con precaución y también con ambigüedad. Saben que es un tema sensible y que divide a la población, con posiciones irreconciliables. Y temen quedar atrapados allí.
Luego del rechazo a la adhesión del protocolo de asistencia para la práctica de abortos a mujeres que quedaron embarazadas luego de sufrir una violación, el gobernador Francisco Pérez confirmó que buscarán retomar el debate legislativo sobre el tema, pero esta vez con un proyecto propio. Una de las ideas es usar el proyecto que está en el Senado (que apunta a la asistencia de las mujeres víctimas de violación, pero no habla de aborto) y hacerle modificaciones, o directamente enviar uno nuevo.
“Nosotros tenemos el servicio de salud dispuesto para la atención a cualquier persona, no solamente a la que es víctima de violación sino a cualquiera que requiera el sistema de provincial de salud”, dijo Pérez. “Estamos evaluando un proyecto que hay en la comisión de Salud del Senado, que si bien tiene más que ver con la asistencia a la víctima, poder incorporar desde el Ejecutivo algunas ideas que tienen que ver con este tema y volver a recuperar la discusión legislativa”, ratificó el Gobernador.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación arrojó luz sobre la interpretación del Código Penal, aclarando que los abortos practicados a mujeres víctimas de violación no son punibles. La misma Corte instó a las provincias y la Nación a aplicar métodos de asistencia a las víctimas. Mendoza no adhiere al protocolo nacional y Pérez quiere tener su propia ley sobre el tema.
Por ahora lo único que se aplica es un protocolo de emergencia para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual. “Hoy lo que se hace es un protocolo que está desde mucho antes que este fallo de la Corte. Nosotros entendemos que la Corte en este esquema no legisla y que necesitamos nuestra propia legislación. Hoy se contiene desde lo sanitario en todos los efectores públicos no solamente por ese hecho sino por cualquier otro”, repitió Pérez.
El tratamiento legislativo que tuvo el proyecto de Liliana Vietti, que fue archivado, terminó siendo funcional al pensamiento del Gobierno, que se opone a la puesta en funcionamiento del Protocolo nacional. A eso se le sumó el rechazo a un amparo (por cuestiones de forma) que iba en el mismo sentido. Ahora es el Ejecutivo el que tiene las decisiones en sus manos.