El proyecto de la autarquía judicial está "suspendido"
A diferencia de la actitud que tuvo respecto de las políticas del gobierno nacional, el presidente de la Corte provincial, Pedro Llorente, mostró tibieza en el conflicto por el presupuesto que el Gobernador Pérez le ha dado al Poder Judicial para el año 2013.
El mismo Llorente, que firmó como pro- tesorero de la Junta de Cortes el documento en el que los jueces se quejan por las presiones del gobierno nacional, señaló que, si bien no está de acuerdo con el número que el Ejecutivo pretende otorgarle a la Justicia “nos queda la instancia de discusión en la Legislatura respecto de la priorización de algunos temas”.
 El Gobernador junto con Rodolfo González, procurador de la Corte.
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Con esto, el titular de la Corte se refirió a la unificación del nuevo Código Procesal Penal en toda la provincia (actualmente coexisten dos códigos distintos) y la implementación de la Policía Judicial.
Llorente también puntualizó algunas discusiones respecto a infraestructura que la
Justicia necesita para descomprimir juzgados. Sin embargo, suavizó la diferencia entre la plata que la Justicia pidió para funcionar de manera autárquica y el monto que Pérez le otorgó este año a los magistrados.
La razón es que el proyecto para dotar de autonomía al Poder Judicial quedó suspendido y lo más probable es que esa discusión se patee para el 2014 ya que al ser el año próximo un año electoral no conviene desprenderse de dineros estatales y, además, este no es un buen momento para desistir de cierto control sobre la justicia.
De todos modos, la excusa para la suspensión de autonomizar la justicia la dio el propio Llorente.
“Con el Ejecutivo acordamos ir estudiando los aspectos jurídicos que tiene la autarquía porque tiene aristas que puede derivar en graves problemas. No descarto que salga o no este año pero digo que ha quedado suspendido en estos términos”, sostuvo.
Acuerdan vaciar San Agustín
El encuentro entre el gobernador Pérez y el titular de la Corte se dio con la excusa de anunciar una acordada de la misma Corte para establecer el mecanismo que busca disponer de los autos secuestrados por causas judiciales que están en la playa San Agustín.
Se trata de cerca de 22 mil vehículos que pueden ser derivados a diversas dependencias de la administración central, otros que irán directamente a la destrucción y otra parte se destinará al remate público.
La acordada establece un plazo de apenas cinco días para que los juzgados
intervinientes informen sobre la situación del vehículo y, de no hacerlo, la Procuración de la Corte dispondrá su destino final.
El Ministerio de Seguridad estará encargado además de hacer el llamado a licitación para la empresa que se encargue en la misma playa de la destrucción de los vehículos que ya no sean útiles.
Según el mismo gobernador, la cantidad de autos secuestrados en San Agustín por
multas menores no es muy importante y sólo se trataría del 20%. Agregó que el 80% restante está conformado por autos cuyo proceso judicial está terminado y archivado.
Además adelantó que la semana que viene llegará a Mendoza una comisión del Registro Nacional de Armas para acordar de qué manera vaciar el depósito de armas judicial en el cual hay casi 3500 piezas desarmadas.