Irrigación aplica un cepo hídrico en Mendoza

Es el “banco” de agua de Mendoza. Y ahora tiene un Cepo. El Departamento General de Irrigación suspendió la entrega discrecional de permisos de perforación para uso de agua subterránea, una medida que busca sumar control en medio de la crisis hídrica. Desde ayer están fremados los nuevos pedidos y en su reemplazo habrá concursos públicos para otorgar pozos de agua en las zonas donde haya disponibilidad. Se trata de una medida que produce un cambio radical en el manejo del agua en la Provincia, pues hasta ahora sólo alcanzaba con cumplir un trámite administrativo para tener una perforación.

Ahora, el DGI realizará estudios para determinar en qué zonas hay disponibilidad de agua y “hacer un manejo estratégico” de ese recurso. Para ello, cada vez que se crea conveniente se hará una convocatoria para que los productores y empresas que tengan interés hacer una perforación presenten propuestas. Allí se evaluarán los pedidos con una serie de criterios y se otorogarán los permisos. También por primera vez los oferentes deberán pagar por esos pozos, pues en la propuesta también tienen que presentar una oferta económica por ese pozo y así contribuir a formar un fondo para infraestructura. La otra novedad es que antes de hacer uso del agua deben depositar un monto de dinero que garantice el cegado del pozo, es decir su cierre, para evitar contaminación.

Hasta ahora los permisos eran gratuitos. Ahora los aspirantes deben ofrecer un monto de dinero para obras de infraestructura. La evaluación tendrá en cuenta la cantidad de mano de obra generada, el uso eficiente y no perjudicar a terceros.

La medida llega en medio del tercer año consecutivo de crisis hídrica y también luego de la polémica generada en Irrigación por la concesión, en la gestión anterior,  de pozos de agua en zonas restringidas; cuestión que derivó en el jury y posterior renuncia del Eduardo Frigerio como superintendente.

Sólo estarán exceptuados del cepo los pedidos de perforación que sean para abastecimiento humano y los que sean solicitados por las inspecciones de cauce. También, obviamente, quienes hayan iniciado el trámite antes de la entrada en vigencia de la nueva reglamentación.

Regular un recurso vital

El agua subterránea es una de las riquezas que guarda Mendoza y que sirve para abastecer los oasis productivos de la provincia. Según los datos oficiales, 86 mil hectáreas se riegan con pozos. En toda la provincia hay 20 mil perforaciones que se autorizaron, pero sólo la mitad están activas. El resto son “ojos abiertos” que ponen en riesgo de contaminación a los acuíferos. Uno de los datos llamativos es el costo que tenía para una empresa conseguir el permiso: cero. También parece irrisorio lo que hoy pagan por el uso de agua: la tarifa más cara es de 800 pesos al año por cada pozo, por el uso del agua subterránea. Tampoco hay control ni medición sobre la cantidad de agua que se usa o se derrocha, cosas que apuntan a cambiar.

En la provincia hay más de 20 mil pozos. Pero la mitad están abandonados y son una fuente de contaminación para los acuíferos.

El Tribunal Administrativo de Irrigación emitió la resolución 558 a través de la cual ponen las nuevas reglas para el uso del agua del subsuelo. “La intención es analizar y administrar el agua con una visión estratégica. Hasta ahora se entregaban prácticamente por orden de llegada los permisos. Lo que hemos cambiado es que en vez de hacer una fila para autorización,vamos a hacer una convocatoria pública para las cuencas donde haya disponibilidad y con criterios estratégicos”, explica Juan Pablo Yapura, jefe de gabinete de Irrigación, quien asegura que uno de los objetivos es ayudar a los productores chicos y generar un sistema de asociatividad. “Queremos que los productores chicos se junten y ponerlos en igualdada de condiciones con las grandes empresas. Por eso ellos sí van a poder acceder a perforaciones a través de las inspecciones de cauce”, dijo el funcionario.

Originalmente el agua subterránea había quedado fuera de la competencia de Irrigación y se consideraba como privada. Luego se saneó ese error y también pasó a dominio público. Pero a diferencia del agua superficial, no es necesario una ley para otorgar un permiso y es el DGI quien otorga los permisos de perforación y de concesión. Pero ya no será una decisión arbitraria.

Los adjudicatarios de los nuevos permisos de agua deberán hacerse cargo del cierre del pozo cuando no lo usen más. Para ello deben pagar una garantía.

Para las convocatorias se establecerá una grilla a tener en cuenta para calificar las propuestas. Allí se incluirán el destino del agua, la cantidad de mano de obra que se generará, el manejo eficiente, el importe de dinero que se aporte, entre otros criterios. “La grilla ira cambiando dependiendo de la zona y lo que se busque. Pero lo fundamental es que las propuestas van a estar enmarcadas en la ley de ordenamiento territorial y en el plan agua 2020”, detalla Julia Ponte, directora legal del DGI.

Una herramienta fundamental para tener en cuenta a la hora de hacer las convocatorias es el balance hídrico, es decir saber cuánta agua hay realmente disponible en Mendoza y en cada cuenca. Ese trabajo se inició en la cuenca del Río Tunuyán. Hoy hay zonas donde se presume hay más problemas y de hecho ya hay restricciones, como en la margen derecha del Río Mendoza o en todo el Valle de Uco. Aunque el balance hídrico no esté terminado, sí se van a hacer convocatorias para perforaciones con datos previos. La primera podría ser entre marzo y abril.

La misma resolución alerta que las medidas permitirán “prevenir daños irreversibles para la sustentabilidad de los acuíferos, especialmente si se tiene en cuenta que en caso de extraerse un volumen de agua superior al de la recarga de ese cuerpo hídrico podría producirse su “alteración de calidad” o “agotamiento”, con evidentes consecuencias ambientales”.

Los 10 mil pozos abiertos y abandonados generan un foco de contaminación permanente. Por eso buscarán comenzar un proceso de cierre. La nueva reglamentación tiene en cuenta ese factor ambiental. “No podrán otorgarse nuevos permisos de perforación y concesión de uso especial de agua subterránea sin que previamente el solicitante haya depositado en garantía el monto que presupuestariamente se determine para el cegado de la perforación”, establece. Hoy se calcula que hacer el cierre del pozo cuesta alrededor de 30 mil pesos.