La política condenada: los vicios ocultos de campaña
Era empleado municipal. Se venía la campaña electoral y el intendente era candidato. Resultado: hacer horas extra para pegar carteles y hacer campaña, como parte de la cuadrilla de empleados avocados al tema. Pero algo salió mal: Javier Torres colgaba un pasacalles y por una descarga eléctrica cayó al piso y se partió la columna, accidente que lo dejó postrado de por vida. El cartel decía de un lado “Omar De Marchi Diputado Nacional” y del otro “Aldo Vinci Concejal”. Luego de un extenso peregrinaje judicial, la Suprema Corte condenó a la Municipalidad de Luján y al Partido Demócrata a indemnizar con una cifra millonaria a Javier Torres.
-
Te puede interesar
Impulsan una "Ley de Glaciares en Mendoza" para revertir la reforma nacional
Pero el fallo va más allá de lo meramente económico, pues pone al descubierto cómo funcionan los aparatos partidarios, usando las estructuras estatales para hacer proselitismo. Es que en la Sentencia la Corte explica que queda claro que la Municipalidad otorgaba horas extras a cambio de que los empleados realicen trabajos para la campaña electoral a favor del PD y bajo un sistema coercitivo. De hecho Torres tuvo el accidente en Las Heras, cuando era empleado de Luján. En el fondo se trata de una práctica común en los municipios y el Estado, pero pocas veces blanqueada de manera tan brutal.
La Municipalidad usaba empleados para hacer campaña a cambio de horas extras y bajo la amenaza de que quien no aceptaba, se quedaba sin contrato.
Los involucrados en la historia han tenido destinos distintos luego de la campaña electoral en cuestión. Omar De Marchi fue elegido diputado nacional y va por su segundo mandato. Aldo Vinci en su momento también consiguió llegar al Concejo Deliberante y hoy siguió trepando: es diputado y presidente del bloque demócrata. Javier Torres, en cambio, está postrado, vive en Tupungato de prestado y sin ningún tipo de asistencia. De hecho perdió a su familia porque no pudo seguir haciéndose cargo de sus tres hijos.
En el medio hubo actitudes dignas de la serie El Puntero. Luego del accidente la Municipalidad le dio un precario trabajo a la madre del empleado afectado y le hicieron firmar un acta ante escribano público en el que desligaba a la Municipalidad de cualquier responsabilidad por lo ocurrido. La Corte desechó esos documentos y criticó duramente la actitud política de los funcionarios, todos hoy en ejercicio, insinuando que tomaron esas medidas para evitar hacerse cargo de la responsabilidad. Desde el PD aseguraron no tener noticias sobre la sentencia de la Corte. Aldo Vinci y Omar De Marchi, en tanto, no atendieron sus teléfonos ante el llamado de MDZ.
De Marchi logró ser diputado nacional. Vinci concejal. Ambos siguieron trepando. Pero Torres quedó postrado y marginado de por vida. Ahora la Municipalidad y el PD deben pagar $1.250.000
La Corte condenó a que la Municipalidad y el Partido Demócrata paguen de manera solidaria $1.250.000 y le da diez días para que lo hagan. Si eso no ocurre, una medida que se analiza pedir desde la parte querellantes es el embargo de bienes, como la sede del PD.
Política a la mendocina
En 2005 Omar De Marchi era intendente de Luján, pero le quedaba poco en el cargo. La comuna era el trampolín para intentar ser legislador nacional. Javier Torres tenía menos ambiciones. Era empleado municipal, dedicado a la limpieza de calles y ganaba 420 pesos mensuales. En pleno año electoral , según su relato, le ofrecieron una changa extra. Cobrar 30 horas extras a cambio de trabajar en la campaña.
El hombre aceptó porque, aseguró en la causa, en caso contrario le hacían caer el contrato. Pero el 4 de octubre, a pocos días de las elecciones, ocurrió el accidente, cuando intentaba colgar un cartel en Boulogne Sur Mer y Padre Llorens de Las Heras, que de un lado decía “De Marchi Diputado nacional” y del otro Aldo Vinci Concejal de Las Heras”. En plena tarea recibió una descarga eléctrica y cayó desde una altura de 7 metros. El resultado fue terrible: se quebró la columna dorsal y quedó paralítico. La denuncia policial fue presentada por el propio candidato a concejal Vinci.
Los empleados que trabajaban en la campaña recibían como premio 30 horas extra. En la causa quedó claro que ese beneficio se otorgó justo antes de las elecciones.
Torres demandó al PD y a la Municipalidad, pero el juez de primera instancia y la Cámara Civil rechazaron la acusación. La Suprema Corte revirtió ambos fallos y condenó a los políticos. "Es una actitud muy valiente la que tomó la Corte", dijo Hugo Pedrosa, el abogado de Torres.
En los argumentos el juez Jorge Nanclares asegura que debido a las pruebas quedó claro que la Municipalidad le pagaba horas extras a Torres por hacer campaña electoral, pues sólo comenzaron a abonárselas en ese período. Además, insinúa que había una relación de poder que obligaba a la víctima y a otros trabajadores a aceptar las condiciones. “No solo no existe explicación alguna respecto de la causa, distribución e incremento de las horas extras en época de plena campaña electoral, sino que es notorio que el grupo encargado de la difusión política del PD en el departamento de Las Heras, en el momento del hecho, estaba integrado por personal que se desempeñaba en el Municipio de Luján en relación de dependencia, dirigido por agentes de esa Comuna...aspecto que conlleva a suponer que ejercían cierta ascendencia en su relación con el actor, cuyo labor era de rango inferior en el escalafón y estaba sujeto a la renovación de su contrato”, explica Nanclares, quien además destaca que “es un dato de absoluta relevancia que el grupo de agentes municipales lujaninos, afiliados al Partido Demócrata, cumplía funciones de difusión política para el cargo de Diputado Nacional por el Partido Demócrata de su propio Jefe Comunal, departamento políticamente fuerte en esa estructura partidaria en la época del suceso”.
La Corte sugiere que a Torres le obligaron a firmar un acta para desligar a la Municipalidad de toda responsabilidad.
Luego del accidente la Municipalidad le dio trabajo a la madre de Torres y sostuvo por algunos meses la rehabilitación. Pero en el medio hubo otro acto que para la Corte fue sospechoso: las autoridades del PD le hicieron firmar un acta ante un escribano intentando desligar a los políticos del hecho. “Quiero destacar que jamás recibí suma alguna de dinero a cambio de las colaboraciones mencionadas por cuanto las mismas siempre las hice como colaboración al Partido en las tareas propias de militancia… y por la presente manifiesto que no existe causa para iniciar reclamo alguno”, decía el Acta. Para la Corte ese acto es un agravante, pues consideraron que ante la tragedia “no tiene ningún empacho en diagramar una estrategia para intentar liberarse ante la eventualidad de resultar demandada”, dice la sentencia de manera tajante.
La cifra de la indemnización determinada por la Corte no es producto de una especulación financiera. Se realizó calculando todos los gastos médicos y de asistencia que requiere Torres hasta la edad de su jubilación.