Polémica por la línea 7: funcionarios de Cobos justifican la adjudicación y cuestionan a la Corte
Es una vieja historia complicada para el Estado mendocino que regresó como un fantasma. La sentencia de la Corte que calificó de irregular la adjudicación de la línea 7 de ómnibus refrescó una serie de conflictos y generó sorpresa entre los ex funcionarios cobistas, quienes igualmente defendieron la decisión tomada en ese momento.
La Corte determinó que hubo irregularidades en ese proceso y anuló el Decreto del Gobierno de Julio Cobos que le otorgó la línea 7 a la empresa El Cacique. El demandante es la empresa Transporte Colectivos del Oeste, del cuestionado grupo Corsino.
Ahora los ex funcionarios de Transporte defienden la decisión y aseguran que "hay algo raro" en la decisión de la Corte porque nunca fueron citados a declarar y, según ellos, no fueron tenidos en cuenta los antecedentes de Corsino.
En el Gobierno, mientras tanto, analizan los pasos a seguir y esperan que Francisco Pérez vuelva de viaje. Igualmente adelantaron que el servicio de la línea 7 seguirá funcionando con normalidad. A nivel político hubo algunas sonrisas. Es que leen la noticia como un cachetazo a la gestión de Julio Cobos, un rival político directo en el futuro inmediato.
Antecedentes y polémicas
Patricia Gutiérrez, actual diputada, era directora de Vías y Medios de Transportes en el momento en que se realizó la licitación del nuevo servicio. Aunque no tuvo a su cargo la licitación, la ex funcionaria defendió la decisión de excluir al grupo Corsino y dijo dudar sobre el accionar de la Corte. "Es claro que no queríamos que Corsino se quedara con el servicio porque había sido un desastre. Tenía un expediente en la justicia, más de 1500 multas por mal servicio y una empresa intervenida", dijo Gutiérrez. Ahora, asegura que pedirá informes sobre el proceso porque, según explicó, ningún funcionario fue citado por la justicia para que explicara las razones por las que se decidió la adjudicación. "Voy a pedir todas las actuaciones de esta causa, porque es muy llamativa la decisión de la Corte. No citaron a ningún funcionario. Estoy sospechando de la actuación de la Corte", dijo la diputada, quien dejó entrever que podría pedir alguna medida contra los jueces.
El grupo Corsino tenía tres líneas de colectivos antes de la nueva licitación. Fue un emblema de la época por el mal estado del servicio. En realidad la anterior concesión ya había vencido y se mantenía con los mismos empresarios, hasta que en 2005 se realizó la nueva licitación. De hecho el transporte fue uno de los temas tomados por Julio Cobos en la campaña de las elecciones del 2003. El Gobierno decidió, por ejemplo, la intervención de la línea 20 (que también tenía Corsino) y compró colectivos que terminaron cubriendo ese servicio. "Corsino tenía tres empresas, todas con la misma composición societaria: Antártida Argentina, El Rápido y Transporte Colectivos del Oeste. Como se había presentado con Antártida en una y se rechazó, en la licitación por la línea 7 se presentó con Transportes del Oeste. Pero es la misma empresa", dijo Gutiérrez, quien ofició de vocera del grupo de ex funcionarios cobistas.
Cuando se licitó el nuevo sistema de transporte en el 2005, se concursaron 10 líneas. De ese grupo se adjudicaron 7. Las otra tres pasaron a un segundo llamado a licitación. En el caso de la línea 7 debió pasar a una tercera instancia: la contratación directa. A pesar de que se eligió ese mecanismo, se hizo comparando las ofertas de 4 empresas. Y allí surge el conflicto entre Corsino, Pensalfine y el Gobierno. El proceso estuvo a cargo de la Subsecretaría de Servicios Públicos, donde estaba Sergio Marinelli, dentro del Ministerio de Obras, conducido por Francisco Morandini, amigo y socio de Julio Cobos.