El Estado mendocino deslinda responsabilidades sobre la investigación de las vacunas
El caso repercute en el mundo: se vacunó a 6.000 niños de todo el país, murieron en situación dudosa 14 bebés y el Ministerio de Salud en Mendoza sólo dice que el hecho se produjo antes de su gestión.
Desde que el tema saltó en los medios de comunicación ayer, MDZ ha tratado de tener la palabra oficial en el Estado mendocino. (Si no conocés el caso te lo resumimos para que estés a tono).
Una investigación financiada por el laboratorio GlaxoSmithKline, que se llamó COMPAS, en la que participó un médico mendocino, Héctor Abate, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, delegación Mendoza, detectaron registros incompletos en cuanto a la documentación presentada. Es decir faltaban datos de antecedentes de los niños pacientes, faltaba la autorización de los padres para tal fin y hasta el extravío de documentación. Los responsables de estas investigaciones fueron condenados por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) a pagar una multa de 400 mil pesos por parte del laboratorio y 300 mil a cada médico que participó en la misma.
Según la denuncia, los responsables de estos polémicos estudios se habrían aprovechado de la condición socioeconómica de los pequeños y sus familias e incluso les habrían hecho firmar autorizaciones a personas analfabetas.
La vacuna en cuestión serviría para prevenir la neumonía adquirida y otitis media aguda.
El médico mendocino cuestionado y el propio laboratorio dieron sus explicaciones y se defendieron de las acusaciones, rechazándolas. El Ministerio de Salud de Mendoza, no hizo mención al tema sino hasta hoy, dejando como vocera a la directora de Investigación Ciencia y Técnica, Silvia Sottile.
En diálogo con MDZ, la profesional deslindó absolutamente la responsabilidad de la cartera para la cual trabaja diciendo que los hechos sucedieron en la gestión anterior (la radical), y que recién a partir del 2008, cuando el Anmat convocó a las provincias para realizar los controles de las investigaciones a través de una resolución.
“En 2008 se crea el área que regulará estas actividades, dijo Sottile a MDZ, y desde esa fecha hay control, antes no, por lo tanto no podemos tomar ninguna medida contra el médico que participó (Abate) porque esto es una actividad que estaba realizada antes de nuestra gestión, por lo tanto si no había regulación y la provincia no monitoreaba eso”.
Ante la insistencia de MDZ, teniendo en cuenta la cantidad de chicos que fueron vacunados y las muertes que hubo, la licenciada reiteró que “nosotros sólo podemos informarnos y conocer, pero la sanción corre por el lado administrativo”. Sin embargo reconoció que “el Estado es responsable en este proceso y tiene la obligación de proteger a la población monitoreando lo que sucede”.
Es importante rescatar que Abate cumplió tareas como asesor del último ministro de Salud de la provincia, Juan Carlos Behler, durante la gestión de Celso Jaque.
Inacción mendocina en evidencia
La falta de reacción del actual y anterior gobierno mendocino queda en evidencia cuando el propio Luis Juez, siendo jefe comunal en Córdoba, rechazó el estudio e incluso terminó en la Justicia en un caso contra el médico de esa provincia que quiso hacer las pruebas. Juez explicó a MDZ ayer que rechazó la aplicación de esta vacuna porque "se utilizó al hospital infantil como un gran laboratorio de pruebas, para probar vacunas que de otra manera los laboratorios privados no tendrían cómo experimentar, con la población infantil de la ciudad de Córdoba, utilizando personal de la municipalidad".
6.000 vacunas y 14 bebés muertos
El abogado de dos familias damnificadas oriundas de la provincia de Santiago del Estero, Bernardo José Herrera, dijo que la "empresa se dedicaba de una forma comercial a vacunar a los chicos. Los responsables del proyecto cobraban por cada aplicación a los bebés. Era una red que llevaba a cabo todo este mecanismo", informó Infobae.
"En este procedimiento intervinieron médicos, enfermeros y asistentes sociales, quienes estaban pendientes y a la pesca de todos los bebés que nacían en hospitales públicos. Engañaban a los padres y se llevaban a los chicos diciéndoles que había que ponerles la vacuna, pero no les avisaban en qué consistía esta vacuna", remarcó el letrado.
Lic. Viviana García Sotelo
En Twitter @vgarciasotelo