La gran estafa: confirman que hubo delito y el Gobierno busca despegarse
En la justicia ya tienen certeza de que hubo delito en la estafa producida en la Unidad de Financiamiento Internacional, y ahora buscan acumular pruebas para determinar con precisión hasta dónde llega la cadena de responsabilidad penal para luego producir las acusaciones formales.
Al mismo tiempo, pidieron ser querellantes en la causa. Esa acción tiene una pata “colaborativa” y otra estratégica: como querellantes pueden tener acceso a información privilegiada luego de que se levante el secreto, incluso saber si hay funcionarios sospechados más allá de la denuncia original.
Todos los funcionarios de la repartición han sido citados a declarar y ayer la fiscal Claudia Ríos se llevó más documentación desde el Ministerio de Hacienda, siempre acompañados por un defensor oficial. Los sospechados siguen siendo Marcelo Martorell y Federico Acuña, los dos tesoreros de la UFI que además serían socios en una consultora informal; María Florinda Rubio y Soledad Pastrana.
De los cuatro el más nombrado es Martorell, quien es conocido en el mundo deportivo por su participación en el Club Guaymallén (generó un pequeño escándalo al exigirle dinero al club Independiente de Avellaneda por el pase del arquero Adrian Gabarini). Mortarell y Acuña tenían pleno acceso al sistema y a los movimientos financieros de la UFI.
Las culpas políticas las buscan afuera
La estrategia de "desviar" responsabilidades tiene una buena base: el Gobierno menciona que la UFI fue creada por Cobos, que los funcionarios cuestionados fueron contratados por el ex gobernador y, justo, todos los que estaban a cargo de esa oficina ya no son parte de la gestión.
Es que el actual subsecretario de gestión, Juan Pablo Tari, dijo que se va a investigar desde el año 2005 en adelante, es decir las gestiones de todos los cobistas y de quienes lo sucedieron en la gestión actual que se encuentran fuera del gobierno. Aunque de estos últimos se cuidan de no mencionarlos para no dejarle el blanco fácil a la oposición en este inicio de campaña electoral.
La intención, según aseguran, es determinar si las maniobras financieras de "inventar" expedientes para generar cheques que iban a parar a cuentas personales es anterior al 2010. Al mismo tiempo ajustan los balances para determinar el monto de la estafa.
Se trata de un Ranault Megane de lujo que compraron para el uso de las autoridades en Buenos Aires. Según los peritos, el auto "ganador" de la liciación cumplia "casi con exactitud” las minuciosas especificaciones técnicas exigidas, lo que lleva a concluir que los pliegos estuvieron dirigidos a la compra del vehículo finalmente adquirido", se menciona en el fallo 15403, donde curiosamente dos de las sancionadas son la contadora María Florinda Rubio (Directora de Administración) y María Soledad Pastrana (Contadora General).
Falla genética
Como si fuera una falla de fábrica, la UFI fue creada sin la exigencia que sus cuentas pasaran por la Contaduría General de la Provincia, la mejor prueba es que ese órgano constitucional ahora realizará una audiencia contable. Esta falta de control también se extendía hacia las obras financiadas por los programas internacionales donde el Ministerio de Obras Públicas quedaba fuera de ese proceso. Es decir el decreto de creación de la UFI no incluyó el control del Estado Provincial excepto del Tribunal de Cuentas.