Schoklender-gate: la empresa que compromete y preocupa a las Madres

A medida que avanza la investigación por el desmanejo de fondos públicos cometido por Sergio Schoklender, empiezan a mostrarse indicios que rozan también a la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Es que, en las últimas horas, ha aparecido en escena una sospechosa firma llamada Construcciones Calificadas SA  (1), a la que se han girado millonarios fondos y que cuenta con nexos directos con la entidad que comanda Hebe de Bonafini.

Por caso, el único empleado que aparece en relación de dependencia en la referida empresa es un joven de 34 años llamado Manuel Camet (2), quien antes fue empleado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, durante los años 2009 y 2010. Asimismo, durante la gestión de Jorge Telerman, supo trabajar para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

No es el único lazo entre Construcciones Calificadas y Madres de Plaza de Mayo: por caso, el nuevo apoderado de la entidad, Hugo Omar Gallardo (3), también ha sido parte de esa sospechosa firma.

Lo mismo ocurre con Enrique Osvaldo Rodríguez (4), otro personaje que supo aparecer entre los accionistas de esa empresa y cuyo devenir curricular es más que llamativo: entre febrero de 2004 y abril de 2006 trabajó para Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado, una de las entidades hoy bajo sospecha de la Justicia; luego, entre abril de 2006 y diciembre de 2007, trabajó para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y actualmente, desde el 1º de enero de 2009, se desempeña en la Obra Social del Personal del Organismo de Control Externo (OSPOCE).

Los vínculos entre las personas mencionadas y el GCBA no parecen casuales, ya que parte del entramado de corrupción aquí descripto está fuertemente relacionado tanto con el sindicato como con la obra social de los municipales porteños (Obsba).

En tal sentido, el apoderado Gallardo es el vínculo que hoy llama la atención de los investigadores. Si a esto último se suman los vínculos entre Obsba y el prestamista Fernando Caparrós Gómez, vinculado a su vez a la mafia de los medicamentos y al triple crimen de General Rodríguez, los hechos parecen haber superado el terreno de las casualidades. Más aún si se recuerda que Caparrós ha sido uno de los titulares de la firma Meldorek, hoy perteneciente a Schoklender.

¿Cómo es posible que con tantos cabos sueltos, nunca nadie se haya percatado de lo que estaba ocurriendo? ¿Hacía falta que hiciera implosión el Schoklender-gate para descubrir tanto desaguisado junto?

Más allá de todo lo antedicho, lo que más preocupa hoy al oficialismo es que se descubran los detalles de una sociedad que oportunamente integraron la hermana del célebre Jorge “Corcho” Rodríguez —Alejandra ídem— y Sergio Schoklender, también dedicada a la construcción (5). El dato circuló el fin de semana por la redacción de un conocido diario de tirada nacional, pero hubo una orden “superior” para que el dato nunca viera la luz.


Lo que viene

Como se anticipó desde esta misma columna, la oposición ha comenzado a enfocar sus sospechas en otras organizaciones “sociales” como la que comanda la jujeña Milagro Sala. Allí se maneja un presupuesto de más de 200 millones de pesos anuales que no ostenta control gubernamental alguno.

No solo hay desmanejos y sobreprecios también en torno a esos fondos —de lo cual existen puntuales denuncias— sino que hay insistentes señalamientos de entrega discrecional de dineros del Estado a Sala. Cuando esto estalle, ¿dirá nuevamente el kirchnerismo que no le corresponde controlar la salida de dineros públicos?

Peor aún: ¿Qué ocurrirá cuando se sepa que gran parte de esos fondos se utilizan para pagar los guardaespaldas y otros lujos de la jujeña piquetera?

No es ese el único problema que deberá enfrentar el kirchnerismo: en estas horas, referentes de la oposición planean embestir también contra el líder de la Federación Tierra y Vivienda, Luis D’elía, otro de los que recibió millonarios fondos del Estado que aún no han conocido el camino de la rendición pública.

La responsabilidad le cabe nuevamente al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido junto a su “adlater”, el Subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala. Pero también le cabe al Poder Ejecutivo Nacional, ya que a fines de 2009 funcionarios de primera línea del Gobierno —incluido Néstor Kirchner— recibieron un informe de Inteligencia foráneo donde se hacía hincapié en ciertas operaciones sospechosas que Schoklender había realizado en Miami y que presumían la configuración del posible delito de lavado de dinero.

Investigadores extranjeros venían sospechando del ex apoderado de Madres, no solo por sus insistentes transacciones sospechosas, sino también por sus viajes a sitios de Colombia, Perú y Bolivia donde no se construyen viviendas, aunque sí florece el narcotráfico.

Si esos datos se hubieran hecho públicos en 2009, cuando aterrizaron en forma de dossier en el escritorio de relevantes funcionarios oficiales, el daño que hoy salpica la portada de los principales medios de prensa se hubiera atenuado.

Sin embargo, el Gobierno no solo “cajoneó” el informe de marras, sino que siguió girándole fondos a Schoklender, a sabiendas de que estaba bajo el ojo de todas las sospechas.

Esa suspicaz actitud tiene una explicación incómoda, vinculada al manejo de los fondos de campaña del Frente para la Victoria a través de ciertas financieras “truchas” en las que aparecen los mismos personajes que hoy investiga la Justicia.

Ello justifica de alguna manera el elocuente silencio gubernamental, y permite entender de qué habla Schoklender cuando amenaza a Cristina Kirchner con abrir la boca.


Twitter: @cesanz1

(1) Construcciones Calificadas SA fue creada el 26 de febrero de 2008. Ver Boletín 31.353. Objeto : la adquisición, enajenación, permuta, loteo, fraccionamiento, subdivisión, urbanización, arrendamiento, alquiler, explotación y administración de bienes inmuebles; la intermediación en el mercado inmobiliario; la ejecución de desarrollos inmobiliarios mediante la utilización de figuras admitidas en la legislación argentina, inclusive el fideicomiso y el leasing; la participación en licitaciones y la celebración de contratos relativos al Objeto social ; y la edificación, construcción o remodelación de obras en terrenos propios o de terceros sean del dominio privado o público, nacional, provincial o municipal. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar todos los actos y contratos a título oneroso o gratuito, que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.

(2) Manuel Camet, nacido el 17/05/1977, DNI 26.047.114, soltero, domiciliado en Junín 1349, piso 1º, departamento “H”, Capital Federal.

(3) Hugo Omar Gallardo, nacido el 9/07/1952, DNI 10.233.256, abogado, domiciliado en Hornos 1288 piso 1 frente, Capital Federal.

(4) Enrique Osvaldo Rodríguez, nacido el 12/06/41, DNI 4.378.792, abogado, domiciliado en Rivadavia 1157, piso 7, departamento A, Capital Federal.

(5) Otro dato que permanece en las sombras es el que tiene que ver con un juicio ejecutivo que enfrentó a “Corcho” Rodríguez con la firma Monetización en el año 2006. En ese punto, el hermetismo es total.