Prometen "mano dura fiscal" y congelar los nombramientos en el Estado

Habrá que esperar para saber si es una expresión de deseo o una política firme. Pero al menos en el plano de las promesas el Gobierno busca imponer “mano dura” fiscal para perseguir a los morosos y mejorar la recaudación. Al mismo tiempo, prometen cumplir con las restricciones al ingreso de personal y a las asignaciones extra en los sueldos, con la idea de gastar menos y demostrar austeridad.

En primer lugar el gobernador Francisco Pérez determinó congelar los cargos vacantes del Estado, haciendo la salvedad de los puestos necesarios para la prestación básica de servicios. Claro que hay otras excepciones, como los cargos de autoridades superiores. Y, como ocurre cada año, el propio Gobernador tiene la barita mágica para exceptuar cualquier nombramiento que él crea conveniente de esa restricción. Lo que no queda claro es qué va a pasar con el proceso de concursos de ingreso que se había dispuesto para la administración y que debía iniciarse este año. De hecho, el Presupuesto debería incluir la cantidad de cargos a cubrir y en marzo deberían concretarse los concursos.

Por eso, cumplir ese cometido dependerá de la voluntad diaria del propio Paco Pérez. En el mismo sentido, en el artículo 55 del proyecto de Presupuesto se propone suspender los adicionales entregados por riesgo y zona inhóspita.

En cuanto a la política de recaudación, Costa ayer prometió potenciar la persecución a los morosos. Antes, sinceraron la situación: en los últimos años Mendoza tuvo una pésima política fiscal, tanto que la recaudación estuvo planchada. El oficialismo también reconoció que la provincia está retrasada respecto a otras en cuanto a los recursos nacionales que llegan, particularmente sobre la coparticipación.

El modelo a imitar es el de la provincia de Buenos Aires. Por eso prometen secuestrar autos de lujo que tengan deuda de patente superior a un año, poner calcomanías en vehículos de morosos y hacer más inspecciones. Todo en potencial. A mediano plazo crearían una Agencia de Recaudación.

Uno de los temas que fue resaltado fue la adhesión de la provincia a parte de la Ley de Emergencia Económica que nuevamente fue prorrogada por el Congreso de la Nación. La adhesión es sobre tres artículos que habilitan a la provincia a revisar y renegociar todos los contratos que con empresas concesionarias y proveedores.

“Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas”, dice uno de los artículos de esa norma.