El Estado "paga": porque Cobos licitó mal, ahora hay que resarcir a una constructora
Las obras tienen un costo formal, pero hay algunas que “salen” mucho más de lo que dicen. Es el caso del edificio del Casino de Mendoza, que fue remodelado hace siete años, pero por el cual la Provincia deberá seguir pagando. La causa es simple: groseras irregularidades en la licitación que terminaron favoreciendo a una empresa en perjuicio de otra, por decirlo con un eufemismo.
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Un fallo de la Primera Cámara Civil de la Justicia de Mendoza ordena pagarle medio millón de pesos a una empresa constructora porque en el 2003 fue excluida de la licitación sin ninguna razón justificada y, para más, habiendo ofrecido mejores condiciones para ejecutar la obra. En realidad, el monto a pagar será mucho mayor, porque se tienen que sumar siete años de intereses.
En ese momento, en el cruce de las dos gestiones radicales, estaba a cargo del Casino el cuestionado Miguel Alonso. La obra siempre estuvo sospechada y, de hecho, varios fallos judiciales denotan sospechas de corrupción, al igual que una investigación del Tribunal de Cuentas. La propia Justicia dijo antes, en un fallo de la Tercera Cámara Civil, que la forma en la que se había adjudicado la obra era irregular, pero la Corte dijo que no se podía hacer nada porque el edificio ya estaba construido.
Lo caro, a que sale más caro
La obra fue adjudicada a la empresa OHA, por un valor superior al establecido en los pliegos, pero antes fue descartada la empresa TAM, una firma dedicada especialmente a la construcción de casinos. El problema es que no se argumentó por qué se dejaba afuera a esa firma (que había presupuestado menos dinero) ni tampoco por qué se adjudicó a la otra. La licitación fue lanzada por 3 millones de pesos. TAM había ofrecido menos de esa cifra (2,4 millones), pero fue adjudicada a OHA. Luego de entregada la licitación, el monto de la obra aumentó a 3,5 millones y la ampliación del presupuesto fue autorizada en el mismo decreto de adjudicación, firmado por Julio Cobos.
Para la Justicia todo fue irregular. "El procedimiento licitatorio, estuvo plagado de irregularidades y de impugnaciones y que el trámite seguido para adjudicar las obras licitadas tiene visos de legalidad sólo aparente, presentando una ostensible arbitrariedad", se describe en el fallo firmado por los camaristas, donde luego se remarca que "los funcionarios de la administración provincial que otorgaron la licitación a la empresa OHA, Construcciones Civiles SRL, cumplieron un trámite irregular, violando lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas".
La empresa TAM reclamaba resarcimientos por más de 3 millones de pesos por distintos temas. Finalmente, la Cámara resolvió condenar a la Provincia a pagar la suma "$420.000, en concepto de daños y perjuicios, con más los intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina, a contar desde que se adjudicó la obra a OHA", es decir, desde el año 2004.
El enorme recorrido legal de este caso atravesó medio Palacio de Tribunales. Pasó por dos juzgados civiles, se denunció el robo de expedientes, también intervino la Corte y finalmente la Primera Cámara Civil determinó la indemnización. Pero todos coincidieron en que las irregularidades existieron.