La democracia es una forma de hacer las cosas

Durante la campaña electoral para concejales, que terminó en las elecciones del 28 de marzo de 2010, el tema del Código de Edificación apareció una y otra vez en las reuniones con vecinos de las seccionales 4º, 5º, y 6º que son las zonas residenciales consolidadas de la ciudad. La preocupación se debía a lo apetecible que resulta para las empresas constructoras el particular espacio urbano de la capital mendocina y a las pésimas experiencias con las llamadas “excepciones” al vigente Código, que permitieron la aparición de torres que alteraron el aspecto de zonas de la ciudad, siempre en nombre del progreso, claro.

La resistencia ciudadana ya había frustrado un intento anterior de reforma del Código por la permisividad que auspiciaba de las construcciones de altura y la crítica que había generado en organizaciones científicas y técnicas y entre los mismos vecinos.

En mayo, cuando asumimos los nuevos concejales y preguntamos al Ejecutivo qué iban a hacer con el tema. Se nos respondió que estaban procesando las opiniones recibidas durante 2009 y que cuando estuviera listo el nuevo proyecto nos avisarían para debatirlo.

Cuál sería nuestra sorpresa cuando en la última semana de noviembre dijeron que el nuevo proyecto estaba listo y querían aprobarlo a la brevedad. En las tres semanas que estuvo en el Concejo alcanzamos a organizar una sola reunión con técnicos y especialistas de diversos ámbitos que plantearon fuertes críticas, ante la amenaza de la pérdida del perfil morfológico tradicional de muchos sectores de la ciudad.

¿Por qué se impidió que la ciudad abordara a fondo el debate de un proyecto histórico que hubiera permitido una verdadera política de Estado sobre el tema en el largo plazo?
¿Por qué se trató con tanto apuro si la Municipalidad de Godoy Cruz, pegada a la ciudad, postergó el debate del mismo tema hasta marzo para un mejor análisis?

 ¿Por qué el Ejecutivo nunca permitió una reunión de los concejales con la Directora de Planeamiento Urbano, una profesional que alguna vez fue muy respetada?

¿Por qué no se escuchó a los vecinos de las zonas residenciales –caracterizadas por los árboles en las calles, las acequias por donde corre el agua, las casas bajas– que quieren mantener ese perfil y no se han querido ir de la ciudad como si han hecho muchos políticos que se han ido a vivir a los barrios privados de la periferia?

¿Por qué no se quiso escuchar a las organizaciones científicas y técnicas como el CONICET, el Colegio de Arquitectos, el Concejo para el Desarrollo Sustentable y otras, todas en fuerte desacuerdo con el proyecto?

¿Por qué no se respetó la ley de ordenamiento territorial provincial –que fue un triunfo de la política contra las corporaciones inmobiliarias– y que exige la audiencia pública y la consulta a los ciudadanos para estos temas?

Ninguna de las explicaciones del Ejecutivo es válida para este atropello. La idea de que es necesario “densificar” la ciudad y para eso hay que promover edificación de altura es una falacia. En las décadas del 70 y el 80 la ciudad se llenó de edificios y la población, en el período intercensal 1990 – 2000 pasó de 131.000 habitantes a 110.000. ¿No sabían eso nuestros funcionarios?

Las consecuencias más objetables de la nueva ordenanza son, entre otras, haber dejado los lotes de más de 2500 m2 sin marco legal alguno –el miembro informante del oficialismo, que, de paso, no vive en la ciudad sino en un barrio privado de Luján de Cuyo, dijo que “–tendrán que sentarse a consensuar con el Departamento Ejecutivo el proyecto” lo cual nos exime de mayores comentarios.

A ello se agrega el peligro concreto de una barrera de edificios de altura en la avenida que separa a la ciudad del Parque General San Martín, privando al casco urbano de la brisa refrescante que proviene de ese pulmón verde y la coexistencia promiscua, que autoriza la ordenanza, de edificios de altura con viviendas residenciales de uno o dos pisos.

Pero nuestro principal reparo es a la metodología autoritaria de aprobación de la norma. La democracia no es un fin al que llegaremos alguna vez. Es un proceso, es una metodología, es una forma de hacer las cosas. Los políticos que se creen que tenemos democracia porque votamos cada dos años están muy equivocados. El modelo político puramente delegativo sobre el que se apoyan ideológicamente los representantes de la vieja partidocracia debe ser revisado ante la existencia de un colectivo social culto, instruido y lúcido que sabe más y mejor que los líderes que hacer con la ciudad.

La imposición arbitraria de una mayoría, provisoria como toda mayoría, bajo el pretexto de que “esto es lo que la gente ha votado” le está causando un daño significativo a un sistema político que nos costó treinta mil muertos.

Resultó cuestionable también que votara el concejal Juan Carlos Membrives, cuya actividad es la de corredor inmobiliario y a pesar de que la ley de los corredores inmobiliarios plantea una evidente incompatibilidad ética con la función pública. Aclaremos que aunque se disfraza bajo el ropaje de Coalición Cívica ARI el concejal Membrives fue electo en la lista de la Unión Cívica Radical y ha sido siempre un fiel y leal voto del Ejecutivo. La actual conducción provincial de la Coalición Cívica ARI no lo avala por haber transgredido claramente los códigos éticos que auspicia Elisa Carrió.

En fin, la ciudad se perdió la oportunidad de un debate magnífico e histórico. El Concejo perdió la oportunidad de aplicar a un nuevo Código el conocimiento científico invalorable de quienes estudian, investigan y saben. El Ejecutivo impuso con el exclusivo voto del oficialismo la aprobación a libro cerrado de un proyecto que sólo beneficia los intereses económicos concentrados del negocio inmobiliario. Una lástima.

Publicada por revista Veintitrés.