Promoción industrial: la crisis del día después

El 21 de setiembre fue para Celso Jaque un gran día, pero las nubes poblaron el cielo a partir de la jornada siguiente. Es que luego del anuncio de la promoción industrial realizado el martes, se empezaron a acumular guerras verbales entre oficialismo y oposición, denuncias y sospechas sobre la veracidad del beneficio que había conseguido para Mendoza y cuestionamientos múltiples al proceder del fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, el encargado de defender los intereses de la provincia que están en juego.

La resaca posterior al día del estudiante se hizo sentir en el Gobierno. Y es posible que pase ese malestar. Pero el logro “histórico” de Jaque, de repente, sumó una inesperada e innecesaria dosis de suspenso.

El gobernador de La Pampa, Oscar Jorge (foto), ya ha advertido que elevará una demanda a la Corte Suprema si no consigue entrar también a la promoción. Y hay que tener en cuenta que su senador Verna es una pieza clave para el oficialismo en el Senado Nacional a la hora de la votación de leyes importantes, pero ha solido "vender" caro su voto a la Casa Rosada.

El rumoreo del fin de semana dice que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue quien advirtió a Cristina sobre la demanda que podría sufrir de La Pampa si seguía adelante con el decreto en beneficio de Mendoza. Y los medios pampeanos afirman desde el viernes que el gobierno de esa provincia tiene todo listo para accionar contra la Nación la semana próxima, con el objetivo de tensar la cuerda para obtener lo mismo que Mendoza consiguió.

Para completar el cuadro, este sábado apareció Julio Cobos, quien en medio del congreso de reunificación de la UCR aseguró que no él habría aceptado la promoción industrial "en las condiciones" que la entregaba el Gobierno Nacional y cuestionó al oficialismo por no haber marginado a la UCR del acuerdo.

El secreto de Dios se torna cada vez más pesado.

Un fiscal huidizo y en la mira. No escapó a la lógica de intrigas oficial el accionar del fiscal de Estado, Joaquín De Rosas. Silenciado desde el cuarto piso y con al menos una valija armada a las apuradas para viajar (en secreto) a Buenos Aires para mirar borradores de la promoción, De Rosas se plegó a la estrategia (valga la redundancia, secreta) que controlaba el secretario Alejandro Cazabán.

Casi ninguna explicación pública ha dado De Rosas desde que firmó el desistimiento de la acción judicial presentada ante la Corte Suprema de la Nación contra el anterior decreto de Cristina, que perjudicaba a Mendoza. Si bien Cazabán controla con rigor militar los hilos de la comunicación oficial, el sentido común indica que el acto realizado merecía una puntillosa conferencia de prensa del fiscal, con las explicaciones del caso. Pero esto no pasó.

El radicalismo le había pedido expresamente que no tomara esa medida (el desistimiento), un día después del anuncio de Jaque del nuevo decreto presidencial. Pero la cronología de hechos indica que, horas más o menos, en esos momentos De Rosas daba el paso que lo colocaría en la mira de la oposición. Mañana, los radicales se reunirán para decidir si harán un jury de enjuiciamiento por mal desempeño, como habían amenazado previamente, debido a que creen que De Rosas no se cercioró como correspondía del decreto antes de retirar la demanda de la Corte.

Algunos radicales ya tienen decidido impulsar este proceso y prescindirían del consenso partidario para ir por la cabeza del fiscal de Estado. Es el caso del senador Armando Camerucci, quien incluso acusa a De Rosas de haber faltado a la palabra.

Camerucci (foto) asegura que, a principios de setiembre, el fiscal de Estado le prometió no sólo que avisaría antes de avalar un acuerdo extrajudicial por la promoción, sino que haría una consulta con el Frente Cívico para conocer su opinión antes del hecho consumado. Pero esto tampoco ocurrió. "Si ahora no le pido el jury, quedo como un boludo", razonaba este sábado el senador radical.

El clima político es espeso en torno a la figura del custodio de los bienes del Estado y ahora De Rosas hace equilibrio, cerca del abismo. Según fuentes radicales, el fiscal no llamó más a Camerucci después de firmar el desistimiento judicial y sólo ha mantenido un diálogo con el senador Juan Carlos Jaliff, a quien le habría dicho que, dado el beneficio que recibirá Mendoza, "no tiene sentido detenerse en formalidades". El cambio de discurso irrita a la UCR.

La copia del decreto. “Imagino que sí”, afirmó el ministro de la Producción Mercau, cuando este diario preguntó si el fiscal había desistido de la acción judicial en la Corte después de ver la misma copia del nuevo decreto presidencial que tuvieron en sus manos Jaque y Cazabán.

Consultado sobre esta posibilidad, el ex fiscal de Estado Pedro Sin (antecesor de De Rosas) trazó una comparación con el último arreglo extrajudicial que hizo la Provincia por la promoción para sugerir que la copia de un decreto presidencial (única prueba a la que habría accedido De Rosas) podría ser un elemento insuficiente para retirar la demanda ante la Corte.

Años atrás, Sin (foto) fue protagonista de la legalización del acuerdo que promovía la construcción del dique Portezuelo del Viento, obra que Cobos acordó con Néstor Kirchner a cambio de resignar la demanda mendocina por los efectos económicos negativos de la promoción. Con el acuerdo en la mano, se realizó un dictamen de Fiscalía con una serie de recaudos y todo el trámite se remitió a la Legislatura.

No fue legal el acuerdo hasta que lo ratificaron senadores y diputados provinciales, después de largos meses de discusión. Sólo entonces quedó formalmente levantada la demanda de la Provincia contra la Nación. Pero en cambio, en el caso del proceso guiado por De Rosas, el trámite fue express y pasó por muy pocas manos. 

El contraste entre las dos situaciones se amplía si se tiene en cuenta que, en esta ocasión, ni siquiera habría una intervención legislativa vinculante: el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, ha informado que el decreto de Cristina sobre la promoción sólo será remitido a la Legislatura para que los legisladores “se informen” de su contenido. Es decir, no podrán intervenir para convalidarlo o no.

Vale aclarar aquí que las comparaciones entre los dos acuerdos de la promoción apuntan a la amplitud de los controles, no a los resultados: Portezuelo sigue sin ser realidad (a pesar de que el ex fiscal Sin insiste en que hay cláusulas en el convenio que habilitan al Gobierno a reclamar el financiamiento pleno de la obra por parte de la Nación) y en eso hay responsabilidades políticas de todos los colores.

Por otro lado, tampoco tranquiliza el hecho de que tanto el viejo como el nuevo arreglo de la promoción hayan sido acordados (en diferentes etapas) con un gobierno nacional manejado por las mismas personas.

¿Fiscal del Gobierno? Pero De Rosas tiene de su lado un defensor de alto nivel para resistir el acoso opositor. El propio secretario Cazabán, mano derecha del gobernador, fue quien se encargó de informar a los medios que De Rosas había levantado la demanda este jueves.

“Déjense de llorar”, fue el mensaje político de Cazabán (foto) para los radicales, a lo que agregó, en ejercicio pleno de la defensa del fiscal: “La posición del gobierno es de un reconocimiento claro al Fiscal de Estado, porque ha defendido los intereses de Mendoza como pocos lo hicieron en el pasado”.

La mirada oficialista choca de frente con la de la oposición, que desde el jueves chicanea a De Rosas con un sobrenombre ofensivo: “No es fiscal de Estado, es el fiscal del Gobierno”, consideró el presidente de la UCR, César Biffi.

Y el fiscal tampoco ha hecho nada por mejorar su imagen. Este cronista tuvo un brevísimo cruce con De Rosas el lunes, en medio de una cena a beneficio. De Rosas ni siquiera mencionó el acuerdo trascendente que respaldaría dos días después y se limitó a afirmar una generalidad: “No voy a avalar nada que perjudique a la Provincia”.

Pero las escuetas conversaciones del fiscal de Estado con la prensa tuvieron un capítulo aún menos feliz dos días después, cuando fue interceptado en un pasillo de la Casa de Gobierno por cronistas de LV10 y Radio Nihuil.

Los periodistas preguntaron por el levantamiento de la demanda ante la Corte, pero la respuesta sólo sirvió para legimitar las críticas opositoras: “Lo que a ustedes y a toda Mendoza les debe interesar son los logros que se obtienen para la Provincia, no andar buscando la parte negativa”, expresó el fiscal en tono aleccionador, enojado por la presión periodística.

Las palabras de De Rosas parecían las de un funcionario político, no las de un fiscal de Estado que debe mantener imparcialidad. Y principalmente ser transparente y abierto a la hora de informar a la opinión pública sobre asuntos tan trascendentes para la Provincia.

La historia lo juzgará. Para bien o para mal, nadie podrá sacar a Jaque de las páginas de la historia, pues el régimen de la promoción industrial llegará a Mendoza, temprano o tarde. Un desenlace diferente sería inédito para la política de este país. Dejaría en rídiculo y condenaría al gobernador, su gabinete y el fiscal de Estado.

Pero el descuido por las formas y la institucionalidad en toda la negociación con la Nación es una mancha que podría haberse evitado. No necesitaba Jaque tender semejante manto de silencio, por ejemplo, para tener respaldo político, ya que la oposición se muestra algo desgajada (dos intendentes opositores, Omar Parisi del PD y Víctor Fayad de la UCR, están con Jaque) y en los empresarios hay más expectativas que críticas, por el momento.

A raíz de cómo se han dado las cosas, la duda y la crítica están instaladas y el festejo oficial irremediablemente se empañó. Aún antes de que se consolide otro debate: si la promoción para siete departamentos de Mendoza es una oportunidad o una “declinación política histórica”, como dicen los radicales.

Lo cierto es que el Gobierno provincial no ha tenido especiales cuidados con la administración nacional, los que sí se observan en el arco privado: la Cámara de Comercio de San Rafael no se apuró y todavía no ha retirado la demanda que presentó ante la Justicia Federal, antes que el Gobierno judicializara el conflicto, para frenar el decreto 699 de la promoción.

Los empresarios de San Rafael, a pesar de estar cerca de Jaque, quieren más pruebas de que Mendoza (o parte de ella) recibirá los beneficios prometidos, antes de renunciar a la vía judicial. La triste historia de la promoción industrial legitima esa dosis de desconfianza.