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Grassi seguirá libre, aunque le prohibieron entrar a su propia Fundación
Una nueva negativa judicial a meterlo preso provocó un fuerte rechazo por parte de los fiscales que investigaron las denuncias en su contra. El comienzo de una trama de novela.
En el marco de un fallo que dejó atónitos a propios y ajenos, el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 de Morón resolvió rechazar en las últimas horas los pedidos en boga para que el cura Julio César Grassi vaya preso.
La resolución de marras fue firmada el viernes, pero recién se conoció ayer, y se produjo menos de 72 horas después de que la Cámara de Casación bonaerense confirmara la condena a 15 años de prisión para el sacerdote por abuso sexual y corrupción agravada de menores.
Si bien en el fallo los jueces prohibieron al cura pisar la Fundación Felices los Niños, su decisión fue duramente criticada desde distintos ámbitos. Sobre todo por los fiscales de la causa, que la semana pasada habían solicitado formalmente que Grassi fuera preso tras el veredicto de Casación.
Según consignó a Clarín.com, el fiscal del juicio oral, Alejandro Varela, “en otros casos con similares características, la persona va presa. No conozco ninguna causa con dos sentencias así en la que el acusado no haya ido detenido. No es que se le agotaron las garantías constitucionales: se le acabaron los recursos ordinarios y sólo restan los extraordinarios”.
“¿Cómo van a explicar los jueces en un caso de un robo con armas, que prevé una pena de hasta 15 años de prisión, que la persona esté detenida con prisión preventiva, llegue al juicio de la misma forma y siga presa tras la condena?”, se preguntó retóricamente Varela.
“¿Cómo van a explicar los jueces en un caso de un robo con armas, que prevé una pena de hasta 15 años de prisión, que la persona esté detenida con prisión preventiva, llegue al juicio de la misma forma y siga presa tras la condena?”, se preguntó retóricamente Varela.
El fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate, jefe de Varela, apoyó su postura en el mismo tono: “En mis 54 años de trabajo en la Justicia, jamás vi un juicio como este. Acá no se ha violado ninguna garantía, se confirmó la prueba y la sentencia. No sé qué se espera, qué es lo que está en discusión”.
Hay que recordar que, desde que comenzó el expediente que juzga a Grassi, el sacerdote estuvo menos de un mes preso. Con su fallo, los jueces Luis Andueza, Jorge Carrera y Mario Gómez dejaron en manos de la Corte bonaerense –próximo tribunal que revisará la causa– la decisión de que vuelva a prisión, lo cual podría llevar años.
El comienzo fue el verbo
El comienzo del escándalo que involucró a Grassi con el delito de abuso de menores, se ha dado a partir de las denuncias de Telenoche Investiga, un programa periodístico que en su momento dejó al desnudo la trama a través de una serie de cámaras ocultas.
En realidad, la punta del ovillo fue muy anterior y se inició con la disputa que tuvo en el año 1998 Grassi con los popes de la firma Hard comunications, una empresa que ganaba dinero a través de un juego telefónico que se llevaba adelante en el programa de Susana Giménez. El sacerdote aseguraba abiertamente que dicha firma lo había estafado por no darle la suma de dinero que supuestamente iban a otorgarle al finalizar un conocido concurso televisivo.
Fue en medio de dicho enfrentamiento cuando comenzó a circular un “dossier” firmado por “un grupo de trabajadores de la Fundación Felices los Niños”, con información sumamente sugestiva acerca de las inclinaciones sexuales del padre Grassi, algunas de las cuales se comprobaron ciertas en la investigación judicial posterior.
Sin embargo, no sólo se hablaba de sexo en el documento referido, sino también “sobre el desvío de fondos para provecho de sus familiares”.
Cuando Grassi vio las acusaciones que circulaban en su contra, pensó que lo más conveniente sería aceptar la tregua que la gente de Hard Comunications le ofrecía a efectos de que no trascendieran los datos que le endilgaba el sospechoso pasquín.
A pesar del acuerdo, el sacerdote no tuvo mucho respiro: pocos meses después —a mediados de 2001— Justo Laguna, ex obispo de Morón, lo iba a desplazar de la presidencia de Felices los niños. No sólo había gran malestar por los vínculos entre Grassi y el menemismo, sino que se comenzaba a sospechar que el sacerdote lavaba dinero de evasión impositiva a través de su conocida fundación.
Por si fuera poco, meses antes, habían comenzado en sede judicial varias causas contra el cura por “maltrato de menores” alojados en su fundación.
Las denuncias —que suman varias—, habían sido presentadas en los juzgados penales de Rodolfo Brizuela, Nº 3 de La Matanza, y Ricardo Fraga y Alfredo Meade, Nº 2 y 3 respectivamente de los tribunales de Morón.
Años antes —en 1997— otra jueza de Morón, María del Carmen Peña, había investigado a Grassi por denuncias similares mientras el cura dirigía en Centro Familiar Morón (CEFAM), bajo la gestión de Juan Carlos Rousselot como intendente.
Hay que recordar que, desde que comenzó el expediente que juzga a Grassi, el sacerdote estuvo menos de un mes preso. Con su fallo, los jueces Luis Andueza, Jorge Carrera y Mario Gómez dejaron en manos de la Corte bonaerense –próximo tribunal que revisará la causa– la decisión de que vuelva a prisión, lo cual podría llevar años.
El comienzo fue el verbo
El comienzo del escándalo que involucró a Grassi con el delito de abuso de menores, se ha dado a partir de las denuncias de Telenoche Investiga, un programa periodístico que en su momento dejó al desnudo la trama a través de una serie de cámaras ocultas.
En realidad, la punta del ovillo fue muy anterior y se inició con la disputa que tuvo en el año 1998 Grassi con los popes de la firma Hard comunications, una empresa que ganaba dinero a través de un juego telefónico que se llevaba adelante en el programa de Susana Giménez. El sacerdote aseguraba abiertamente que dicha firma lo había estafado por no darle la suma de dinero que supuestamente iban a otorgarle al finalizar un conocido concurso televisivo.
Fue en medio de dicho enfrentamiento cuando comenzó a circular un “dossier” firmado por “un grupo de trabajadores de la Fundación Felices los Niños”, con información sumamente sugestiva acerca de las inclinaciones sexuales del padre Grassi, algunas de las cuales se comprobaron ciertas en la investigación judicial posterior.
Sin embargo, no sólo se hablaba de sexo en el documento referido, sino también “sobre el desvío de fondos para provecho de sus familiares”.
Cuando Grassi vio las acusaciones que circulaban en su contra, pensó que lo más conveniente sería aceptar la tregua que la gente de Hard Comunications le ofrecía a efectos de que no trascendieran los datos que le endilgaba el sospechoso pasquín.
A pesar del acuerdo, el sacerdote no tuvo mucho respiro: pocos meses después —a mediados de 2001— Justo Laguna, ex obispo de Morón, lo iba a desplazar de la presidencia de Felices los niños. No sólo había gran malestar por los vínculos entre Grassi y el menemismo, sino que se comenzaba a sospechar que el sacerdote lavaba dinero de evasión impositiva a través de su conocida fundación.
Por si fuera poco, meses antes, habían comenzado en sede judicial varias causas contra el cura por “maltrato de menores” alojados en su fundación.
Las denuncias —que suman varias—, habían sido presentadas en los juzgados penales de Rodolfo Brizuela, Nº 3 de La Matanza, y Ricardo Fraga y Alfredo Meade, Nº 2 y 3 respectivamente de los tribunales de Morón.
Años antes —en 1997— otra jueza de Morón, María del Carmen Peña, había investigado a Grassi por denuncias similares mientras el cura dirigía en Centro Familiar Morón (CEFAM), bajo la gestión de Juan Carlos Rousselot como intendente.