Quién es quién en la pelea que mantiene en vilo a la Justicia Federal de Mendoza
Durante años, los tribunales federales parecieron impenetrables. Las disputas internas y la presión de los organismos de Derechos Humanos cambiaron por completo esa realidad. Quiénes tienen el poder y quiénes lo pueden perder. Camaristas, jueces, fiscales y dos bandos claramente diferenciados.
Hasta hace unos meses, la Justicia Federal de Mendoza se podía representar como una esfera hueca, pero de superficie oscura e impenetrable. No había manera de saber lo que ocurría adentro. Todo comenzaba y moría en el edificio ubicado en calle España y Pedro Molina… Hasta que las denuncias en contra de diferentes magistrados tuvieron un efecto corrosivo en esa capa blindada a la opinión pública.
Algunos jueces se sintieron cercados. Y frente a la posibilidad de enfrentar un eventual jury de enjuiciamiento, comenzaron a blanquearse los bandos en pugna; cómo están repartidas las fuerzas y a qué intereses responde cada uno.
¿Quiénes mandan? Los gruesos hilos del poder son manejados en la Cámara Federal de Mendoza, como corresponde por ser el tribunal de mayor rango. Quienes toman las decisiones finales son Otilio Romano y Luis Miret, los dos camaristas que actualmente están imputados por ser cómplices de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Enquistados en sus cargos desde hace más de 25 años, se dedicaron a construir durante ese tiempo una estructura clientelar. Fue un aparato sustentado por empleados rasos, secretarios y nombramientos irregulares de conjueces, y ligado directamente con grupos económicos de la provincia que dependían de sus fallos judiciales.
En la misma Cámara, Julio Petra y Alfredo López Cuitiño actúan como una especie de satélites o líberos. Lo hacen bajo órdenes concretas en aquellos casos en los que, por diferentes motivos, Miret y Romano son recusados o no tienen más remedio que inhibirse.
El quinto camarista en cuestión es Antonio Endeiza, ideológicamente alejado de sus colegas, pero sin peso específico para convertirse en opositor. Es, en otras palabras, un camarista neutral con una influencia limitada.
El principio del fin. La reactivación de las causas por violaciones de Derechos Humanos entre 1975 y 1983 puso incómodos a Miret y a Romano. Sabían perfectamente que sus nombres aparecerían en las testimoniales y comenzaron a ejecutar medidas tendientes a la dilación y a la postergación de los juicios. A eso, se sumaron sus cada vez más comprometidos fallos a favor del Grupo Uno, con antecedentes que remontan al histórico litigio entre Alfredo Vila (padre) con la Universidad Nacional de Cuyo por los terrenos donde actualmente se asienta el barrio Dalvian.
En esa estructura actuaba el ex juez de primera instancia Alfredo Manuel Rodríguez, quien alguna vez apareció abrazado a Alfredo Vila en una foto de cumpleaños. En los últimos años, el papel de Rodríguez fue tomado por la jueza Olga Pura Arrabal, responsable directa de frenar durante meses la nueva Ley de Medios; de intentar impedir la transmisión del Canal 7 Televisión Pública en Mendoza, y de intervenir de manera arbitraria en las denuncias contra los casinos privados que se presentaban como competencia de ciertos intereses presuntamente ligados con la sociedad entre Daniel Vila y José Luis Manzano.
Cuando la Corte Suprema de Justicia dio vuelta el fallo de la Cámara referido a la Ley de Medios, el mensaje fue concreto: los vicios de la justicia menemista eran parte del pasado y no había lugar para desprolijidades jurídicas.
El equipo contrario. El sistema de subordinación creado por la Cámara nunca logró abarcar a los Tribunales Orales Federales. Allí militan los jueces que realizan los juicios orales y cuyas doctrinas filosóficas son radicalmente opuestas a las de Miret, Romano y compañía. Ellos son Roberto Burad, Héctor Cortez, Roberto Naciff y Juan Antonio González Macías.
En el mismo bando militan los fiscales federales Omar Palermo y Dante Vega, reconocidos por los organismos de Derechos Humanos de Mendoza.
Además, y sin proponérselo, el juez federal de instrucción Walter Bento también quedó de este lado de la vereda. Se convirtió en enemigo público del “clan Miret-Romano” cuando imputó a los camaristas, aunque la relación tirante era preexistente.
Hace un tiempo, Bento –a cargo de la Justicia Electoral- no renovó el contrato por el cual uno de los hijos de Romano cumplía funciones en ese fuero. La decisión habría tenido que ver con la baja calidad del trabajo hecho por el chico y por su poca disciplina y apego a las tareas.
Casi como una coincidencia, desde la Cámara se inició un sumario en contra de un cuñado del juez y se lo exoneró.
Estrategia de combate. Luego de resolver la excarcelación de todos los imputados por delitos de lesa humanidad en Mendoza, Miret y Romano motorizaron denuncias en el Concejo de la Magistratura contra los jueces del Tribunal Oral. Los acusaron de demorar el inicio de los juicios y de estar perjudicando a los familiares de las víctimas. Como testigo, ofrecieron a Eduardo San Emeterio, un abogado hijo y nieto de militares, conocido a nivel nacional por defender a diversos represores que requirieron de sus servicios.
Miret, Romano y San Emeterio parecen trabajar en grupo. En una denuncia hecha por el abogado en contra de los representantes legales de los organismos de Derechos Humanos en marzo de este año, hizo una devolución de gentileza y puso a los camaristas como testigos. Y misteriosamente, reapareció la semana pasada para denunciar al Tribunal Oral (Burad, Naciff y Cortez) que está llevando adelante el juicio contra represores en San Rafael.
Todas las denuncias fueron desestimadas.
Mientras esto sucedía, y para terminar de embarrar la cancha, los camaristas fueron contra el juez Bento y contra fiscal Palermo (máximos responsables de sus imputaciones). Los acusaron por violar el secreto de sumario y haber dejado trascender información a la prensa. Justamente a ellos dos, que están lejos de ser amigos, y que además tienen escaso o nulo contacto con los periodistas. Sobre todo Bento, que resulta prácticamente impenetrable.
Miret y Romano saben que esas presentaciones no prosperarán. Pero como la idea es ganar tiempo, apuestan a que la fiscal federal Alejandra Obregón –cercana a ellos- tenga esas denuncias en “stand by” al menos unos días, semanas o meses. Con eso alcanza.
¿Final cantado? La disputa plantea dos modelos. Dos modelos de hacer justicia. Y dos modelos para entender la incidencia política en el sistema judicial. Y quienes apostaban a mantener el halo de oscurantismo y misterio, hoy se sienten desnudos.
El quinto camarista en cuestión es Antonio Endeiza, ideológicamente alejado de sus colegas, pero sin peso específico para convertirse en opositor. Es, en otras palabras, un camarista neutral con una influencia limitada.
El principio del fin. La reactivación de las causas por violaciones de Derechos Humanos entre 1975 y 1983 puso incómodos a Miret y a Romano. Sabían perfectamente que sus nombres aparecerían en las testimoniales y comenzaron a ejecutar medidas tendientes a la dilación y a la postergación de los juicios. A eso, se sumaron sus cada vez más comprometidos fallos a favor del Grupo Uno, con antecedentes que remontan al histórico litigio entre Alfredo Vila (padre) con la Universidad Nacional de Cuyo por los terrenos donde actualmente se asienta el barrio Dalvian.
En esa estructura actuaba el ex juez de primera instancia Alfredo Manuel Rodríguez, quien alguna vez apareció abrazado a Alfredo Vila en una foto de cumpleaños. En los últimos años, el papel de Rodríguez fue tomado por la jueza Olga Pura Arrabal, responsable directa de frenar durante meses la nueva Ley de Medios; de intentar impedir la transmisión del Canal 7 Televisión Pública en Mendoza, y de intervenir de manera arbitraria en las denuncias contra los casinos privados que se presentaban como competencia de ciertos intereses presuntamente ligados con la sociedad entre Daniel Vila y José Luis Manzano.
Cuando la Corte Suprema de Justicia dio vuelta el fallo de la Cámara referido a la Ley de Medios, el mensaje fue concreto: los vicios de la justicia menemista eran parte del pasado y no había lugar para desprolijidades jurídicas.
El equipo contrario. El sistema de subordinación creado por la Cámara nunca logró abarcar a los Tribunales Orales Federales. Allí militan los jueces que realizan los juicios orales y cuyas doctrinas filosóficas son radicalmente opuestas a las de Miret, Romano y compañía. Ellos son Roberto Burad, Héctor Cortez, Roberto Naciff y Juan Antonio González Macías.
En el mismo bando militan los fiscales federales Omar Palermo y Dante Vega, reconocidos por los organismos de Derechos Humanos de Mendoza.
Además, y sin proponérselo, el juez federal de instrucción Walter Bento también quedó de este lado de la vereda. Se convirtió en enemigo público del “clan Miret-Romano” cuando imputó a los camaristas, aunque la relación tirante era preexistente.
Hace un tiempo, Bento –a cargo de la Justicia Electoral- no renovó el contrato por el cual uno de los hijos de Romano cumplía funciones en ese fuero. La decisión habría tenido que ver con la baja calidad del trabajo hecho por el chico y por su poca disciplina y apego a las tareas.
Casi como una coincidencia, desde la Cámara se inició un sumario en contra de un cuñado del juez y se lo exoneró.
Estrategia de combate. Luego de resolver la excarcelación de todos los imputados por delitos de lesa humanidad en Mendoza, Miret y Romano motorizaron denuncias en el Concejo de la Magistratura contra los jueces del Tribunal Oral. Los acusaron de demorar el inicio de los juicios y de estar perjudicando a los familiares de las víctimas. Como testigo, ofrecieron a Eduardo San Emeterio, un abogado hijo y nieto de militares, conocido a nivel nacional por defender a diversos represores que requirieron de sus servicios.
Miret, Romano y San Emeterio parecen trabajar en grupo. En una denuncia hecha por el abogado en contra de los representantes legales de los organismos de Derechos Humanos en marzo de este año, hizo una devolución de gentileza y puso a los camaristas como testigos. Y misteriosamente, reapareció la semana pasada para denunciar al Tribunal Oral (Burad, Naciff y Cortez) que está llevando adelante el juicio contra represores en San Rafael.
Todas las denuncias fueron desestimadas.
Mientras esto sucedía, y para terminar de embarrar la cancha, los camaristas fueron contra el juez Bento y contra fiscal Palermo (máximos responsables de sus imputaciones). Los acusaron por violar el secreto de sumario y haber dejado trascender información a la prensa. Justamente a ellos dos, que están lejos de ser amigos, y que además tienen escaso o nulo contacto con los periodistas. Sobre todo Bento, que resulta prácticamente impenetrable.
Miret y Romano saben que esas presentaciones no prosperarán. Pero como la idea es ganar tiempo, apuestan a que la fiscal federal Alejandra Obregón –cercana a ellos- tenga esas denuncias en “stand by” al menos unos días, semanas o meses. Con eso alcanza.
¿Final cantado? La disputa plantea dos modelos. Dos modelos de hacer justicia. Y dos modelos para entender la incidencia política en el sistema judicial. Y quienes apostaban a mantener el halo de oscurantismo y misterio, hoy se sienten desnudos.