Las instituciones muestran su musculatura
Durante los siete años que han pasado de gestión kirchnerista, sectores de la prensa y de la oposición se ocuparon de asegurar que las instituciones en la Argentina sufren una crisis terminal por culpa de un gobierno que las avasalla, pero la realidad suele desmentirlos.
Por un lado, las instituciones muestran a menudo su buena musculatura, pero además sucede que en no pocas ocasiones sectores de la oposición se mueven al filo de las reglas institucionales básicas.
La decisión de la Corte Suprema en contra de un amparo que trababa la Ley de Medios fue un claro ejemplo de esa situación. Los integrantes del máximo tribunal, en un duro fallo, amonestaron a una jueza federal y a la Cámara Federal de Mendoza, así como al diputado opositor Enrique Thomas.
La Corte se tomó el trabajo de explicarles a esos funcionarios, casi desde cero, qué significa la división de poderes.
Por un lado, señalaron que un diputado que pierde una votación en el Congreso no puede quejarse ante la Justicia de esa situación política.
Y a los jueces tuvieron que indicarles cómo y cuándo debe darse curso a un amparo y qué efectos debe tener sobre una ley, cosa que muchos estudiantes de derecho ya podrían determinar.
Que a un juez tengan que explicarle que un tribunal no puede bloquear en su totalidad, en todos los casos y para todo el país la aplicación de una norma -dicho de otro modo, que la Justicia no puede "legislar"- debería hacer reflexionar a los magistrados mendocinos.
Es claro que la jueza federal Olga Pura Arrabal, la Cámara Federal de Mendoza y el diputado Thomas actuaron en contra de cualquier criterio legal básico, según se desprende del fallo de la Corte.
Las instituciones funcionan con un destacable nivel de vitalidad en la Argentina.
Por ejemplo, en el Congreso ningún partido puede por estos días determinar de antemano cómo saldrá una votación.
La Corte Suprema, a su vez, se asienta sobre bases firmes y bajo el criterio de que los problemas políticos deben arreglarlos los políticos, se aboca a determinar la validez "constitucional" de las normas.
Y si ahora puede beneficiar al Gobierno con un fallo, bien puede perjudicarlo en otro, como lo hizo al negarle a la AFIP la atribución de embargar.
El Gobierno nacional, mientras tanto, ve como algún que otro ex funcionario está procesado ante la Justicia, en tanto que un poderoso sindicalista de la CGT, la central obrera cercana al oficialismo, permanece detenido bajo graves acusaciones.
No puede decirse que este sea un país en el que todo se digita "desde arriba" ni que las instituciones son apenas una simulación.
La oposición, en tanto, debería buscar imponer su propia agenda, en lugar de recurrir a la Justicia con criterios poco consistentes, como ocurrió en el caso de la Ley de Medios.
Que a un juez tengan que explicarle que un tribunal no puede bloquear en su totalidad, en todos los casos y para todo el país la aplicación de una norma -dicho de otro modo, que la Justicia no puede "legislar"- debería hacer reflexionar a los magistrados mendocinos.
Es claro que la jueza federal Olga Pura Arrabal, la Cámara Federal de Mendoza y el diputado Thomas actuaron en contra de cualquier criterio legal básico, según se desprende del fallo de la Corte.
Las instituciones funcionan con un destacable nivel de vitalidad en la Argentina.
Por ejemplo, en el Congreso ningún partido puede por estos días determinar de antemano cómo saldrá una votación.
La Corte Suprema, a su vez, se asienta sobre bases firmes y bajo el criterio de que los problemas políticos deben arreglarlos los políticos, se aboca a determinar la validez "constitucional" de las normas.
Y si ahora puede beneficiar al Gobierno con un fallo, bien puede perjudicarlo en otro, como lo hizo al negarle a la AFIP la atribución de embargar.
El Gobierno nacional, mientras tanto, ve como algún que otro ex funcionario está procesado ante la Justicia, en tanto que un poderoso sindicalista de la CGT, la central obrera cercana al oficialismo, permanece detenido bajo graves acusaciones.
No puede decirse que este sea un país en el que todo se digita "desde arriba" ni que las instituciones son apenas una simulación.
La oposición, en tanto, debería buscar imponer su propia agenda, en lugar de recurrir a la Justicia con criterios poco consistentes, como ocurrió en el caso de la Ley de Medios.