Régimen autoritario y discrecional
Mirando al futuro del país y de la provincia, el restablecimiento de los regímenes de promoción industrial en La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca, mediante un procedimiento autoritario y discrecional, nos ponen frente a dos problemas fundamentales para el País y Mendoza:
- Afectan a la industria instalada y al empleo existente en las provincias no promocionadas, especialmente en nuestra Provincia.
- Agrega un nuevo factor de incertidumbre que afectará seriamente la inversión privada de riesgo y la generación de nuevo empleo genuino.
Queda claro que las supuestas buenas relaciones del Gobierno Provincial con el nacional, no han servido para nada en este caso. El que tiene la lapicera de la Provincia es el Gobernador Celso Jaque, y si se pone al frente de este tema, toda Mendoza lo va a acompañar.
Esta vez está el agravante de que la modificación ni siquiera se hizo por Ley, modificando un artículo de la Ley de presupuesto o alguna otra argucia parlamentaria de las que se usaron en los últimos 30 años para mantener estos regímenes, que ni siquiera fueron eficientes como instrumentos de desarrollo en esas provincias, en correspondencia con los recursos que recibieron.
Mientras hablan de consenso y de discutir la coparticipación, sacan por Decreto otra irracionalidad más.
En el primer caso el problema está en los beneficios sobre el I.V.A. operativo, es decir a la industria en marcha. Como los beneficios de exención se aplican sobre el I.V.A. compra (representando un subsidio directo al flujo operativo) se puede demostrar que, por ejemplo, en las góndolas de los supermercados las empresas promocionadas pueden vender un tetra brik de puré de tomates más del 10% más barato que la competencia no promocionada.
De esta manera, una empresa instalada en nuestra provincia que produce salsa de tomates, se va a ir a una provincia con Promoción Industrial, para recibir los beneficios de ese porcentaje a favor, y poder competir con el resto de las empresas que ya lo reciben.
En el segundo caso, se desincentiva la inversión de riesgo (¿quién va a invertir con dinero propio si puede conseguir que le financien gran parte de la inversión a tasa 0 sin garantías, no pagar los derechos de importación y luego obtener un subsidio directo sobre un porcentaje del I.V.A. compra, por 12 años?).
Por otra parte se desprende que estos regímenes son para empresas ricas que no pagarán impuestos (empresas que tienen I.V.A. para desgravar) y que tampoco los incentivarán a exportar (en todo lo que exporten pierden los beneficios al I.V.A. operativo, porque éste no se computa en las ventas al exterior).
No hay que olvidar tampoco, que esta ley salió durante un gobierno militar, en momentos en los que no se cuestionaban los cómo ni los por qué.
Está claro además, que semejantes beneficios promocionales dados a discreción del Gobernador de la Provincia constituye una importante fuente de posibilidad de corrupción que se puede apreciar a simple vista, en las fortunas personales y/o de financiamiento de la política de numerosos funcionarios y consultoras en esas provincias, que venden sus decisiones políticas al Gobierno Nacional, sin importar que afectan el tejido manufacturero de todo el país y especialmente de las provincias vecinas.
Ello sin considerar que los que pagan son el resto de las provincias y la Nación al reducir la masa coparticipable.
Propuesta
El Gobernador Celso Jaque tiene que gestionar ante el Gobierno Nacional mecanismos virtuosos de la promoción fiscal, que ayuden al desarrollo de la economía local:
- Poner nuevamente en vigencia la demanda de Mendoza ante la Corte Suprema por las pérdidas sufridas por la Promoción Industrial. Durante el Gobierno de Julio Cobos se realizó un convenio con el (en ese momento) Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, por el cual la Provincia abandonaba el Juicio por la Promoción Industrial, que estaba prácticamente ganado, a cambio de la construcción de Portezuelo del Viento. Hasta la fecha no se ha abonado ninguna de las cinco cuotas acordadas para saldar los 1.000 millones de dólares, por lo que en vez de iniciar una nueva demanda, lo que hay que hacer es poner en vigencia la demanda anterior.
- Generar mecanismos para la protección de la industria instalada existente en zonas no promocionadas que queden afectadas y puedan sobrevivir, dándoles exención de impuestos a las empresas perjudicadas por la competencia desleal (volviendo al ejemplo de la producción de salsa de tomates, a esa empresa se la da la exención de impuestos y podrá seguir produciendo sus productos en la provincia).
- Presentar en el Congreso proyectos de ley que permitan el financiamiento de los proyectos de inversión, especialmente de las Pymes y sectoriales estratégicos, como las obras de energía hidroeléctrica (hay un proyecto de mi autoría, cuando ocupaba el cargo de Diputado Nacional, que trata de la quita del I.V.A. a las empresas que construyan Obra Pública, con el objetivo de fomentar la inversión en este sentido).
Mientras hablan de consenso y de discutir la coparticipación, sacan por Decreto otra irracionalidad más.
En el primer caso el problema está en los beneficios sobre el I.V.A. operativo, es decir a la industria en marcha. Como los beneficios de exención se aplican sobre el I.V.A. compra (representando un subsidio directo al flujo operativo) se puede demostrar que, por ejemplo, en las góndolas de los supermercados las empresas promocionadas pueden vender un tetra brik de puré de tomates más del 10% más barato que la competencia no promocionada.
De esta manera, una empresa instalada en nuestra provincia que produce salsa de tomates, se va a ir a una provincia con Promoción Industrial, para recibir los beneficios de ese porcentaje a favor, y poder competir con el resto de las empresas que ya lo reciben.
En el segundo caso, se desincentiva la inversión de riesgo (¿quién va a invertir con dinero propio si puede conseguir que le financien gran parte de la inversión a tasa 0 sin garantías, no pagar los derechos de importación y luego obtener un subsidio directo sobre un porcentaje del I.V.A. compra, por 12 años?).
Por otra parte se desprende que estos regímenes son para empresas ricas que no pagarán impuestos (empresas que tienen I.V.A. para desgravar) y que tampoco los incentivarán a exportar (en todo lo que exporten pierden los beneficios al I.V.A. operativo, porque éste no se computa en las ventas al exterior).
No hay que olvidar tampoco, que esta ley salió durante un gobierno militar, en momentos en los que no se cuestionaban los cómo ni los por qué.
Está claro además, que semejantes beneficios promocionales dados a discreción del Gobernador de la Provincia constituye una importante fuente de posibilidad de corrupción que se puede apreciar a simple vista, en las fortunas personales y/o de financiamiento de la política de numerosos funcionarios y consultoras en esas provincias, que venden sus decisiones políticas al Gobierno Nacional, sin importar que afectan el tejido manufacturero de todo el país y especialmente de las provincias vecinas.
Ello sin considerar que los que pagan son el resto de las provincias y la Nación al reducir la masa coparticipable.
Propuesta
El Gobernador Celso Jaque tiene que gestionar ante el Gobierno Nacional mecanismos virtuosos de la promoción fiscal, que ayuden al desarrollo de la economía local:
- Poner nuevamente en vigencia la demanda de Mendoza ante la Corte Suprema por las pérdidas sufridas por la Promoción Industrial. Durante el Gobierno de Julio Cobos se realizó un convenio con el (en ese momento) Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, por el cual la Provincia abandonaba el Juicio por la Promoción Industrial, que estaba prácticamente ganado, a cambio de la construcción de Portezuelo del Viento. Hasta la fecha no se ha abonado ninguna de las cinco cuotas acordadas para saldar los 1.000 millones de dólares, por lo que en vez de iniciar una nueva demanda, lo que hay que hacer es poner en vigencia la demanda anterior.
- Generar mecanismos para la protección de la industria instalada existente en zonas no promocionadas que queden afectadas y puedan sobrevivir, dándoles exención de impuestos a las empresas perjudicadas por la competencia desleal (volviendo al ejemplo de la producción de salsa de tomates, a esa empresa se la da la exención de impuestos y podrá seguir produciendo sus productos en la provincia).
- Presentar en el Congreso proyectos de ley que permitan el financiamiento de los proyectos de inversión, especialmente de las Pymes y sectoriales estratégicos, como las obras de energía hidroeléctrica (hay un proyecto de mi autoría, cuando ocupaba el cargo de Diputado Nacional, que trata de la quita del I.V.A. a las empresas que construyan Obra Pública, con el objetivo de fomentar la inversión en este sentido).
