Trama oculta de la pelea por los 10 millones del Instituto de Desarrollo Rural
El entramado de denuncias internas del encontró por estos días una salida pública, con una presentación en la Legislatura y la Fiscalía de Estado por parte de la Comisión Revisora de Cuentas del organismo, y el escándalo que generó llegó hasta las más altas esferas del Gobierno provincial.
Entre otros aspectos, la Comisión exige investigación sobre el dinero pagado en concepto de sobresueldos, comisiones, viáticos y viajes de empleados, ya que aparentemente no existen facturas, comprobantes o documentación que los justifique. Pide, además, aclaraciones acerca del destino de los fondos de los proyectos Pitec, que financiaban actividades de investigación; y solicita explicaciones sobre el pago del ítem presentismo al personal del IDR, a pesar de no existir controles de tardanzas y ausencias.
Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
Los tres integrantes del órgano de control interno del IDR son descalificados por las autoridades del instituto por diversas razones.
La mayoría argumenta que no son idóneos para la tarea que realizan y que no se los ve por el IDR, salvo su titular, la profesora Stella Vanucci. Aunque aseguran que "sólo va a oponerse" y que a pesar de que el Consejo Administrativo hace presentaciones mensuales sobre control de gestión, "nunca ha revisado alguno de esos informes".
A su vez, funcionarios de la misma repartición, afirman que el otro miembro titular de la Comisión, Luis Baztán, "hace un año que no va y que ni siquiera conoce el nuevo edificio en el que funciona el IDR" (San Martín al 600 de Ciudad), desde mayo del año pasado.
También cuestionan la participación del tercer integrante de la Comisión, el suplente Julio Blanco. Otro al que señalan como poco concurrente, pero admiten que de manera personal se habría excusado ante los miembros del Consejo por haber firmado la denuncia, argumentando presiones.
Por otro lado, desde el Ministerio de Producción dicen que Baztán y Blanco representan a la Asociación de Importadores y Exportadores de Mendoza. Entidad que fue intimada por adeudar balances y de ahí que atribuyen su participación en la denuncia, además de advertir que tambalea su representatividad en el IDR.
La denuncia
El gerente General del IDR, Alfonso Brandi, reconoció a MDZ no saber de dónde sacaron la cifra (10 millones) para la denuncia y reveló que “la denuncia no tiene pruebas. Es solo un escrito sin fundamentos”.
Además, Brandi señaló que la impugnación que hace la Comisión del balance del organismo "tampoco está fundamentada, no presentaron ningún informe. Pidieron el balance tres días antes y nos enteramos que lo impugnan a través de los diarios".
Pero el aspecto que más sobresale es el rótulo de “motor” de la denuncia que se le endilga al cuestionado primer vocal del IDR, el empresario olivícola Juan Carlos García Zuloaga.
El primer vocal, García Zuloaga
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Este, aparente, ex vocal en representación de la Federación Económica Mendocina (FEM) en el instituto es señalado como el impulsor e instigador de la denuncia contra el organismo. Argumentan que lo hace por despecho, además de señalarlo como “un denunciante crónico” porque esa representación también está en duda. Por eso, sostienen en el IDR, que es ése lugar perdido lo que motiva las operaciones de García Zuloaga en contra del Consejo Directivo.
Según reconoció a MDZ la secretaria de actas del IDR, Mirta Figueroa, “fue la misma FEM la que envió una nota –en febrero de este año- en la que designaba como su nuevo representante a Horacio Meli, desconociendo por unanimidad la representatividad de García Zuloaga”.
El vocal desplazado recurrió a la Dirección de Personas Jurídicas y presentó innumerables quejas en el IDR reclamando esa separación de su cargo, argumentando que su mandato vence en diciembre de este año y no puede ser removido antes de ese tiempo.
Aquella aceptación a la nota de FEM por parte del instituto, aseguran, habría sido el primer eslabón de la cadena de denuncias de García Zuloaga y que hoy encuentra eco en la Legislatura y en la Fiscalía de Estado. Pero, también señalan como un aspecto fundamental en esta madeja los vínculos por fuera del organismo de García Zuloaga con la revisora de cuentas Stella Vanucci.
Las relaciones de García Zuloaga y Vanucci
Ambos propuestos para sus cargos y ungidos en ellos durante la gestión de la ex gerente general, Carlina Duplessis. A propósito, Duplessis es ahíjada de Celso Jaque y ahora subsecretaria de Desarrollo Humano.
García Zuloaga y Vanucci son socios en Oliovid S.A. una empresa dedicada a la comercialización olivícola. Por eso, aseguran en el IDR, que la mujer entabló, desde un primer momento, una férrea defensa de la reincorporación de García Zuloaga, luego de conocerse su destitución por parte de la FEM, a pesar de no ser uno de sus atributos como revisora de cuentas.
La defensa del vocal destituido y señalado como instigador
Juan Carlos García Zuloaga sostiene que todo este entramado debe dividirse en dos. En una breve charla con MDZ, aseguró que por un lado está su “irregular” destitución del cargo de vocal “que he denunciado”, dice; y por otro, la denuncia del gasto de 10 millones de pesos no justificado.
Además García Zuloaga que, también preside la Cámara Olivícola de Mendoza, subraya no tener “nada que ver con esto. No integro la Comisión ni he firmado ninguna denuncia, no me atañe a mí ni me quiero meter. Todo esto lo hacen para desacreditar la denuncia”.