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Ministerio de Seguridad: Cazabán lo hizo; ¿Cazabán lo deshizo?
¿Es posible que la cadena de traspiés de los funcionarios que el Gobierno ha delegado para mostrar al frente del Ministerio de Seguridad termine generando la disolución del área? Las señales que se emiten son de descontrol y de falta de liderazgo, lo contrario a las condiciones escenciales para que un área de la gestión pública no sea sólo eso y tenga rango de Ministerio. Las paradojas de Cazabán y la responsabilidad de Jaque y Ciurca.
La dispendiosa utilización del helicóptero policial para cuestiones domésticas, de divertimento o familiares; la impunidad con la que un funcionario se maneja frente a los policías bajo sus órdenes y la levedad con la que luego se lo transfiere de funciones, con un “chás chás en la cola”; el abandono de estándares básicos para el funcionamiento del centro de formación de los nuevos policías, tanto como el vapuleo de los objetivos del área ministerial que debe asistir a las víctimas de delitos marcan la declinación del funcionamiento del Ministerio de Seguridad de la provincia.
Pueden ser algunas cosas más las que están pasando sobre el escenario del Ministerio de Seguridad, pero un leve repaso por los últimos días da cuenta de un jefe de Inteligencia involucrado en un escándalo de sexo, mentiras y armas que es reprendido y poco más; de un Instituto de Seguridad Pública en donde la variable de ajuste son sus autoridades: uno, acusado de vender el título; el siguiente, llamado a ocupar el puesto siempre disponible de director de Inteligencia y el nuevo, como si se tratase de una broma del destino, el último responsable de la “vieja policía” que este mismo Instituto se propone combatir desde sus aulas.
El área de Apoyo a la Comunidad, que debería estar concentrada en aplicar una política de apoyo a quienes han sufrido delitos, en tanto, ha sido ocupada sucesivamente durante la gestión de Celso Jaque por una trabajadora social amiga del ministro de turno, una ex reina de la Vendimia, y, por esos avatares de la rotación y traslación de “compañeros”, ahora, por el ex secretario privado del ministro, seguramente como premio a la militancia.
Un “civil” que es un “viejo lobo de mar” y que supo deambular por los ámbitos ministeriales, grafica los momentos que se viven al frente de la cartera que tiene a su cargo nada menos que la seguridad señalando que “antes, los jefes policiales se saludaban haciéndose la venia entre ellos y por eso los retaban, los querían ´más humanos´; ahora, se dan un besito en la mejilla. Antes –agrega- competían en rarísimas olimpíadas entre policías de todo el país y como eso les parecía muy sesgado, quisieron ´humanizarlos´, por lo que ahora se juntan en partidos de truco por largas horas en la noche”.
Otro, da cuenta de que ya nadie habla de “insubordinación”, sino más bien de “desorientación”: muchos jefes departamentales y distritales no saben a quiénes tienen bajo sus órdenes ni quién debe darles órdenes a ellos, sostienen desde la Inspección General de Seguridad.
Lo del Instituto de Seguridad, es un tema aparte. Hace unos días, un discurso del delegado del ministro Carlos Ciurca en Seguridad, Carlos Aranda, instó a los estudiantes a “mirarse en el espejo de los viejos policías”. Desencajada, una funcionaria universitaria (el IUSP es cogobernado por el Ejecutivo provincial y la UNCuyo) le tuvo que pedir que se retractara, ya que ese ámbito había sido creado por la reforma policial precisamente para todo lo contrario. Y el ministro ¡cambió su opinión sin mediar mayor disputa ni reflexión!
Ahora, desplazaron a su director académico (no hay director general desde que sacaron al anterior, acusado en la justicia por vender títulos) para ocupar el agujero que había dejado en Inteligencia el policía del escándalo, y para cubrir las formas: el decreto de creación de Inteligencia Criminal prohíbe taxativamente que ese sillón pueda ser ocupado por un policía. En su lugar, ya se está sentando Roberto Godoy Lemos, el ex decado de Derecho y titular del Consejo Asesor de Política Criminal pero –pocos lo recuerdan- quien tenía a su cargo la Policía de Mendoza cuando Arturo Lafalla habilitó a Alejandro Cazabán a quitársela de su jurisdicción, en medio de una insubordinación y descontrol con pocos antecedentes históricos. Fue el último en disponer del funcionamiento, por ejemplo, del D2, el “Departamento Dos” de Investigaciones de la Policía, eliminado en 1998.
El cerco se cierra y resulta que mientras más docentes universitarios firman el retiro del Instituto de Seguridad, “expulsados” por la ausencia de brújula académica y política, más “viejos policías” son tentados a ocupar sus cátedras y, de hecho, lo están haciendo, con mejores haberes (cobran su jubilación más medio sueldo) que aquellos profesores que plantaron bandera para construir una nueva fuerza en Mendoza.
Así, se cierra un ciclo de poco más de diez años que se parece más a una mala broma de un chico poderoso con acceso a decisiones de poder, como lo fue y lo es Cazabán, que una verdadera política de Estado surgida del consenso de los partidos políticos. Pensábamos que la política, por aquellos años, se hacía cargo de su deber de gobernar la seguridad, algo que había delegado históricamente en los policías.
En aquella época, un grupo de jóvenes con apetito de grandeza copó las filas del Gobierno y avanzó, bajo el liderazgo de sanrafaelino. Hoy el mismo equipo con idéntico liderazgo gobierna Mendoza y hace todo lo contrario.
Los policías chocaron contra la seguridad en 1998 y fueron sancionados de manera dura y ejemplar por ello. ¿Pasará lo mismo ahora con los funcionarios políticos que han vuelto a desentenderse de la seguridad?
Lo del Instituto de Seguridad, es un tema aparte. Hace unos días, un discurso del delegado del ministro Carlos Ciurca en Seguridad, Carlos Aranda, instó a los estudiantes a “mirarse en el espejo de los viejos policías”. Desencajada, una funcionaria universitaria (el IUSP es cogobernado por el Ejecutivo provincial y la UNCuyo) le tuvo que pedir que se retractara, ya que ese ámbito había sido creado por la reforma policial precisamente para todo lo contrario. Y el ministro ¡cambió su opinión sin mediar mayor disputa ni reflexión!
Ahora, desplazaron a su director académico (no hay director general desde que sacaron al anterior, acusado en la justicia por vender títulos) para ocupar el agujero que había dejado en Inteligencia el policía del escándalo, y para cubrir las formas: el decreto de creación de Inteligencia Criminal prohíbe taxativamente que ese sillón pueda ser ocupado por un policía. En su lugar, ya se está sentando Roberto Godoy Lemos, el ex decado de Derecho y titular del Consejo Asesor de Política Criminal pero –pocos lo recuerdan- quien tenía a su cargo la Policía de Mendoza cuando Arturo Lafalla habilitó a Alejandro Cazabán a quitársela de su jurisdicción, en medio de una insubordinación y descontrol con pocos antecedentes históricos. Fue el último en disponer del funcionamiento, por ejemplo, del D2, el “Departamento Dos” de Investigaciones de la Policía, eliminado en 1998.
El cerco se cierra y resulta que mientras más docentes universitarios firman el retiro del Instituto de Seguridad, “expulsados” por la ausencia de brújula académica y política, más “viejos policías” son tentados a ocupar sus cátedras y, de hecho, lo están haciendo, con mejores haberes (cobran su jubilación más medio sueldo) que aquellos profesores que plantaron bandera para construir una nueva fuerza en Mendoza.
Así, se cierra un ciclo de poco más de diez años que se parece más a una mala broma de un chico poderoso con acceso a decisiones de poder, como lo fue y lo es Cazabán, que una verdadera política de Estado surgida del consenso de los partidos políticos. Pensábamos que la política, por aquellos años, se hacía cargo de su deber de gobernar la seguridad, algo que había delegado históricamente en los policías.
En aquella época, un grupo de jóvenes con apetito de grandeza copó las filas del Gobierno y avanzó, bajo el liderazgo de sanrafaelino. Hoy el mismo equipo con idéntico liderazgo gobierna Mendoza y hace todo lo contrario.
Los policías chocaron contra la seguridad en 1998 y fueron sancionados de manera dura y ejemplar por ello. ¿Pasará lo mismo ahora con los funcionarios políticos que han vuelto a desentenderse de la seguridad?