Jubilación feliz para los legisladores: justo lo que la gente estaba esperando
La secreta ley para otorgar el 82 % móvil a los legisladores fue una patada a los ciudadanos. El origen cobista del proyecto, los intentos del PJ por desviar la atención y la guerra que se ha desatado en la Casa de las Leyes.
La Legislatura provincial encontró esta semana el ingrediente justo para que estallara la bronca social en Mendoza. Meter solapadamente en la agenda legislativa el 82 por ciento móvil jubilatorio no hizo más que recordarles a miles de ciudadanos en actividad que el Estado paga jubilaciones de hambre y que el futuro, cercano o lejano, puede ser peor que este presente difícil en lo económico. Aunque para algunos no.
La noticia reveló que los representantes del pueblo estuvieron trabajando todos estos meses, en silencio, para salvarse de ese destino ellos solos. Para no ser viejos pobres, cuando les llegue la hora.
Los senadores y diputados mendocinos han puesto a la política una vez más en crisis. Esos legisladores habían proclamado un “sálvese quien pueda”, pero este viernes, después de recibir bofetadas múltiples de la gente, tuvieron que dar marcha atrás y algunos, incluso, salir a pedir perdón.
Ahora han quedado a merced de la clemencia social, que para conceder el perdón antes deberá merituar el "envío al archivo" como un acto de arrepentimiento valedero.
Mientras tanto, algunos legisladores buscan desesperadamente que el ciudadano mire lo que pasa en otro lado. Ruegan que cambien el foco y trasladen allí su ira.
Ese parece ser el objetivo de los hombres del justicialismo que salieron a tratar de tirar a la ciudadanía en contra de los jueces, quienes ya se aseguraron el famoso y polémico 82 por ciento móvil en Mendoza, junto a los funcionarios con rango constitucional, como el fiscal de Estado y el presidente del Tribunal de Cuentas.
“La Justicia es el único poder privilegiado. Son intocables. Podemos abrir esa discusión, pero: ¿Los jueces estarán dispuestos a brindar un gesto?”, desafío el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, este sábado.
La operación justicialista no tiene muchas chances de prosperar. Es que fue este mismo gobierno el que apuró el beneficio jubilatorio a favor de los magistrados, en busca de producir una renovación en tribunales y sacar a los “jueces rancios” de sus escritorios.
Sin ir más lejos, este mes, el Senado provincial aprobó un proyecto para limitar el pago del adicional salarial de la antigüedad de los jueces. Dicha norma es precisamente parte del arreglo por el cual el gobierno de Jaque aspira a renovar el 30 por ciento de los magistrados. El tope de la antigüedad tuvo, como contraparte a favor de los jueces, el 82 por ciento móvil y una actualización salarial equivalente a lo que estipula la Corte Nacional.
Es decir que resulta incoherente que el oficialismo ahora salga a tirar contra la Justicia, ya que los magistrados se han asegurado beneficios que el propio gobierno de Jaque promovió.
Por otro lado, los popes de la Legislatura proponen que la semana que viene se vote silencio, sin discusión en el recinto, el "archivo" del polémico expediente 58.514, aquel de la “jubilación feliz” para los legisladores. Pero la jugada genera enormes dudas. Es que la Constitución provincial no contempla soluciones de este tipo. Con claridad, el artículo 101 sostiene que, una vez aprobado un proyecto en las dos cámaras, "se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación". No se prevé la posibilidad de "archivar" la norma sancionada.
Quien tomó la posta de Presacco fue otro cobista, el diputado Andrés Marín, quien se autocalificó este sábado como un “pelotudo” por echarse al hombro una gestión tan delicada. El trámite arrancó en octubre de 2009 y tuvo una larga discusión (cuatro meses) en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. Una discusión sobre la que, por supuesto, ningún medio fue correctamente avisado.
Los otros legisladores que tuvieron una participación importante fueron justicialistas. Tanús y Miriam Gallardo, presidenta provisional del Senado, fueron quienes, luego del tratamiento en comisión, aseguraron la aprobación del proyecto en ambas cámaras. Sin embargo, uno de ellos señaló ayer que ningún legislador puede hacerse el desentendido.
Tanús, el presidente de Diputados, apuntó este sábado sus cañones contra los senadores del Partido Demócrata, quienes tomaron distancia del resto al sostener que fueron engañados en el tratamiento del proyecto. El jefe de la Cámara Baja criticó la actitud de los demócratas, comandados por Carlos Aguinaga, autor de una carta de repudio a sus colegas. Realzó, en contraste, a dos diputados del PD, Diego Arenas y Alberto Sánchez, quienes no eludieron sus responsabilidades. “Los demócratas conocían lo que se estaba tratando en ambas cámaras. Y si no, nadie puede alegar su propia torpeza”, disparó Tanús.
Ciertamente, pedir lisa y llanamente perdón, como hizo el diputado del PJ disidente Daniel Cassia, parece la actitud más lógica en este momento. Pero las reacciones fueron diferentes en cada caso. La mayoría optó por esconderse para eludir las críticas. Por otro lado están, como se dijo, los que denunciaron “trampa”.
Es que uno de los apuntados dentro del justicialismo es el vicegobernador Cristian Racconto. El vice tomó distancia de la votación del 82 por ciento móvil en su cámara y dijo a través de los medios que fue él quien recomendó dar “marcha atrás” después de la “equivocación” cometida por otros.
Pero el propio presidente de la Cámara Baja lo cruzó este sábado con furia: “No es un santo el vicegobernador. Él tuvo el expediente en su escritorio y no fue quien recomendó el archivo. Eso lo hicimos Miriam Gallardo y yo”, expresó.
Las diferencias y peleas entre los jefes de las cámaras Alta y Baja han renacido con gran intensidad debido a un proyecto incomprensible. La Legislatura está en llamas.
El ocio legislativo
El escándalo del 82 por ciento móvil permite, entre otras lecturas, una que tiene que ver con la inmovilidad general de la Legislatura en estos días. En pleno periodo de transición hacia la renovación de la mitad de las bancas en Senadores y en Diputados, la cual se concretará el 1 de mayo, las sesiones y reuniones de comisión que se vienen realizando desde febrero han sido poco más que un trámite. No se han discutido cosas importantes.
Además, este periodo es de “sesiones extraordinarias”. Quiere decir que, hasta el 1 de mayo, ninguna iniciativa que no haya tenido despacho de comisión en épocas de “sesiones ordinarias” se podrá discutir hasta la renovación. Excepto los proyectos del Poder Ejecutivo, que también brillan por su ausencia.
El malogrado 82 por ciento móvil para los legisladores era uno de esos escasos proyectos en condiciones de llegar al recinto y convertirse en ley. Encriptado por sus impulsores y con los medios desentendidos de la labor legislativa, logró protagonismo en las dos cámaras y se transformó en ley en tiempo record: 13 días.
Esto podría no haber ocurrido si durante el último tiempo la Legislatura hubiera tenido actividad real, con proyectos importantes que ocuparan la cabeza de los representantes en las bancas. Pero el ocio favorecido por un Gobierno que no estimula ni lidera a los legisladores dio lugar a otra cosa.
De gran utilidad hubiese sido que el anunciado y esperado proyecto para establecer un nuevo régimen para los prestadores de servicios públicos en Mendoza hubiese recalado en la Legislatura en este periodo. Eso sólo hubiera alcanzado para ocupar el tiempo de los senadores y diputados en asuntos verdaderamente importantes para el conjunto de la ciudadanía. Pero la iniciativa, hasta ahora, nunca fue remitida por el Poder Ejecutivo. ¿Será sólo una chicana para tener a raya al empresario Daniel Vila?
"Delay" de la política mendocina
En política, Mendoza padece un "delay" crónico y vive su propia realidad. Aquí ni siquiera se ha empezado a discutir todavía el reordenamiento legislativo posterior a las elecciones del año pasado, que ocurrieron a mitad del año 2009. Las agendas legislativas del oficialismo y la oposición son, en consecuencia, un misterio. En contraste, otro Parlamento, el Congreso Nacional –a pesar de sus graves problemas- ocupa el centro de la agenda.
Un ejemplo de la parálisis y la desidia mendocinas. Este viernes vino a la provincia uno de los principales hombres del kirchnerismo, Agustín Rossi, y el PJ casi ignoró la visita. Sin embargo, ninguna lectura política pudo hacerse del gesto: la mayoría de los legisladores del peronismo no fue a la cita no por su rechazo a los Kirchner, sino simplemente porque ya se habían ido a sus departamentos para iniciar el fin de semana.
Entre los legisladores que ya hicieron las maletas y los que todavía no llegan a ocupar sus bancas hay un vacío político desesperante, que terminó siendo ocupado por una oscura maniobra para instalar jubilaciones de privilegio.
El peor problema es que, en el medio, la realidad no da respiro. La inflación sigue agobiando a todo el mundo y, al parecer, las cuentas de la Provincia están en rojo. Tan mal que un senador justicialista blanqueó esta semana que los bonos, en Mendoza, están a la vuelta de la esquina.
Ese parece ser el objetivo de los hombres del justicialismo que salieron a tratar de tirar a la ciudadanía en contra de los jueces, quienes ya se aseguraron el famoso y polémico 82 por ciento móvil en Mendoza, junto a los funcionarios con rango constitucional, como el fiscal de Estado y el presidente del Tribunal de Cuentas.
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La operación justicialista no tiene muchas chances de prosperar. Es que fue este mismo gobierno el que apuró el beneficio jubilatorio a favor de los magistrados, en busca de producir una renovación en tribunales y sacar a los “jueces rancios” de sus escritorios.
Sin ir más lejos, este mes, el Senado provincial aprobó un proyecto para limitar el pago del adicional salarial de la antigüedad de los jueces. Dicha norma es precisamente parte del arreglo por el cual el gobierno de Jaque aspira a renovar el 30 por ciento de los magistrados. El tope de la antigüedad tuvo, como contraparte a favor de los jueces, el 82 por ciento móvil y una actualización salarial equivalente a lo que estipula la Corte Nacional.
Es decir que resulta incoherente que el oficialismo ahora salga a tirar contra la Justicia, ya que los magistrados se han asegurado beneficios que el propio gobierno de Jaque promovió.
Por otro lado, los popes de la Legislatura proponen que la semana que viene se vote silencio, sin discusión en el recinto, el "archivo" del polémico expediente 58.514, aquel de la “jubilación feliz” para los legisladores. Pero la jugada genera enormes dudas. Es que la Constitución provincial no contempla soluciones de este tipo. Con claridad, el artículo 101 sostiene que, una vez aprobado un proyecto en las dos cámaras, "se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación". No se prevé la posibilidad de "archivar" la norma sancionada.
Está claro el objetivo final de quienes cranearon la "jubilación feliz": evitar que todo quede servido para que el gobernador Celso Jaque termine vetando la ley indigna. Pero este final tal vez sea inevitable.
Todos embarrados
La alocada decisión de generar una jubilación de privilegio para legisladores y autoridades legislativas tuvo origen en el planeta cobista. Una organización llamada “Círculo de Legisladores” fue la que llevó el reclamo a la Legislatura el año pasado. Su referente principal es un ex senador, Oscar Pressaco, quien supo militar con Aldo Giordano y que ahora está vinculado políticamente al vicepresidente Julio Cobos.
Pressaco fue quien convenció a los legisladores provinciales en actividad sobre la existencia de una supuesta “inequidad” que se podía subsanar modificando artículos de la ley que permitió la transferencia de la caja de jubilaciones provincial a la Nación, en la década del 90. El ex senador devenido en gremialista advirtió, como argumento, sobre la delicada situación económica de algunos legisladores con mandato cumplido.
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Los otros legisladores que tuvieron una participación importante fueron justicialistas. Tanús y Miriam Gallardo, presidenta provisional del Senado, fueron quienes, luego del tratamiento en comisión, aseguraron la aprobación del proyecto en ambas cámaras. Sin embargo, uno de ellos señaló ayer que ningún legislador puede hacerse el desentendido.
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Ciertamente, pedir lisa y llanamente perdón, como hizo el diputado del PJ disidente Daniel Cassia, parece la actitud más lógica en este momento. Pero las reacciones fueron diferentes en cada caso. La mayoría optó por esconderse para eludir las críticas. Por otro lado están, como se dijo, los que denunciaron “trampa”.
Los gestos de uno y otro ha tensado las relaciones políticas y personales en la Legislatura. Y amagan con provocar nuevos problemas institucionales en la Casa de las Leyes.
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Pero el propio presidente de la Cámara Baja lo cruzó este sábado con furia: “No es un santo el vicegobernador. Él tuvo el expediente en su escritorio y no fue quien recomendó el archivo. Eso lo hicimos Miriam Gallardo y yo”, expresó.
Las diferencias y peleas entre los jefes de las cámaras Alta y Baja han renacido con gran intensidad debido a un proyecto incomprensible. La Legislatura está en llamas.
El ocio legislativo
El escándalo del 82 por ciento móvil permite, entre otras lecturas, una que tiene que ver con la inmovilidad general de la Legislatura en estos días. En pleno periodo de transición hacia la renovación de la mitad de las bancas en Senadores y en Diputados, la cual se concretará el 1 de mayo, las sesiones y reuniones de comisión que se vienen realizando desde febrero han sido poco más que un trámite. No se han discutido cosas importantes.
Además, este periodo es de “sesiones extraordinarias”. Quiere decir que, hasta el 1 de mayo, ninguna iniciativa que no haya tenido despacho de comisión en épocas de “sesiones ordinarias” se podrá discutir hasta la renovación. Excepto los proyectos del Poder Ejecutivo, que también brillan por su ausencia.
El malogrado 82 por ciento móvil para los legisladores era uno de esos escasos proyectos en condiciones de llegar al recinto y convertirse en ley. Encriptado por sus impulsores y con los medios desentendidos de la labor legislativa, logró protagonismo en las dos cámaras y se transformó en ley en tiempo record: 13 días.
Esto podría no haber ocurrido si durante el último tiempo la Legislatura hubiera tenido actividad real, con proyectos importantes que ocuparan la cabeza de los representantes en las bancas. Pero el ocio favorecido por un Gobierno que no estimula ni lidera a los legisladores dio lugar a otra cosa.
De gran utilidad hubiese sido que el anunciado y esperado proyecto para establecer un nuevo régimen para los prestadores de servicios públicos en Mendoza hubiese recalado en la Legislatura en este periodo. Eso sólo hubiera alcanzado para ocupar el tiempo de los senadores y diputados en asuntos verdaderamente importantes para el conjunto de la ciudadanía. Pero la iniciativa, hasta ahora, nunca fue remitida por el Poder Ejecutivo. ¿Será sólo una chicana para tener a raya al empresario Daniel Vila?
"Delay" de la política mendocina
En política, Mendoza padece un "delay" crónico y vive su propia realidad. Aquí ni siquiera se ha empezado a discutir todavía el reordenamiento legislativo posterior a las elecciones del año pasado, que ocurrieron a mitad del año 2009. Las agendas legislativas del oficialismo y la oposición son, en consecuencia, un misterio. En contraste, otro Parlamento, el Congreso Nacional –a pesar de sus graves problemas- ocupa el centro de la agenda.
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Entre los legisladores que ya hicieron las maletas y los que todavía no llegan a ocupar sus bancas hay un vacío político desesperante, que terminó siendo ocupado por una oscura maniobra para instalar jubilaciones de privilegio.
El peor problema es que, en el medio, la realidad no da respiro. La inflación sigue agobiando a todo el mundo y, al parecer, las cuentas de la Provincia están en rojo. Tan mal que un senador justicialista blanqueó esta semana que los bonos, en Mendoza, están a la vuelta de la esquina.
Sin dudas, la Legislatura debería dejar de mirar (su) futuro y tomar conciencia de aquellos asuntos del presente que requieren atención inmediata.