|
Acorralado, el camarista Otilio Romano negocia su renuncia a cambio de su libertad
Actualmente está imputado por ser “partícipe secundario” en delitos de lesa humanidad. Si no tuviese fueros, hubiese ido preso. Su intención es que el juez federal Walter Bento atenúe la calificación, lo acuse sólo por no promover investigaciones y se garantice su libertad. Si es así, dará un paso al costado.
El camarista federal Otilio Romano ocupó las últimas semanas en llevar adelante una negociación para evitar ser detenido si el Consejo de la Magistratura decide suspenderlo y llevarlo a juicio político para su destitución.
Romano, además de las causas que tiene pendiente en el órgano que controla a los magistrados de la Nación, está imputado por haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad entre 1975 y 1983. El juez Walter Bento lo acusa de haber sido partícipe secundario de 94 casos de desapariciones, torturas y homicidios llevados a cabo por el aparato represivo que funcionó en esa época y que ostentó el poder en Argentina.
De no haber tenido fueros, Romano hubiese quedado detenido inmediatamente después de la indagatoria. Los cargos que enfrenta son tan graves que, en situaciones similares, la prisión preventiva es inevitable.
El camarista jugó todas sus fichas a obstaculizar el proceso judicial mediante una serie de chicanas y artilugios jurídicos. Primero acusó problemas de salud para interrumpir la indagatoria y luego planificó la recusación y la remoción de Walter Bento de la investigación. Lo hizo junto con un grupo de jueces amigos encabezado por el también camarista federal Julio Demetrio Petra.
La maniobra tuvo su corolario en una cena que Romano y Petra mantuvieron en un bar de la calle Arístides Villanueva, que fue informada en su momento y que sirvió como disparador para que en el Consejo de la Magistratura se pactara un acuerdo entre el oficialismo y la oposición destinado a buscar la expulsión de los dos camaristas mendocinos del sistema judicial.
Ese encuentro nocturno provocó la reacción del fiscal Omar Palermo y de los organismos de Derechos Humanos, que cuestionaron vía judicial todo lo actuado por Petra en beneficio de Romano.
La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó estos planteos y separó a Julio Petra de todas las causas vinculados con delitos de lesa humanidad. Además, se ordenó la constitución de una nueva Cámara en Mendoza para resolver estos casos y la primera consecuencia fue la restitución del juez Bento para seguir al frente del caso.
El mismo día en que Romano fue imputado por Bento, sucedió lo mismo con otro camarista federal, Luis Miret, a quien acusaron por no promover –durante esa etapa de la historia- la investigación de 31 denuncias de desapariciones de personas, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y robos mientras se desempeñó como juez federal de primera instancia.
La diferencia entre Miret y Romano radica en la cantidad de casos. Para Bento, que Romano haya dejado pasar 94 hechos sin intermediar alguna acción judicial mientras se desempeñaba como fiscal federal, lo convirtió directamente en partícipe. Y por eso la libertad de Miret no estuvo en riesgo a pesar de ya estar suspendido por el Consejo de la Magistratura.
La última carta de Romano es lograr que Bento baje la imputación en su contra. Si consigue eso, estaría dispuesto a presentar su renuncia o a levantar todas las trabas y allanar el camino para que puedan realizarle juicio político.
Ese mensaje se lo mandó, entre otros, a Luis María Cabral, ex miembro del Consejo de la Magistratura y flamante presidente de la Asociación de Magistrados, y a Héctor Masquelet, secretario de Justicia de la Nación y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo.
Su intención es que desde diferentes ámbitos sugieran a Bento el cambio de calificación. Y si eso se concreta y su libertad queda garantizada, entonces dará un paso al costado.
Ese encuentro nocturno provocó la reacción del fiscal Omar Palermo y de los organismos de Derechos Humanos, que cuestionaron vía judicial todo lo actuado por Petra en beneficio de Romano.
La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó estos planteos y separó a Julio Petra de todas las causas vinculados con delitos de lesa humanidad. Además, se ordenó la constitución de una nueva Cámara en Mendoza para resolver estos casos y la primera consecuencia fue la restitución del juez Bento para seguir al frente del caso.
El mismo día en que Romano fue imputado por Bento, sucedió lo mismo con otro camarista federal, Luis Miret, a quien acusaron por no promover –durante esa etapa de la historia- la investigación de 31 denuncias de desapariciones de personas, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y robos mientras se desempeñó como juez federal de primera instancia.
La diferencia entre Miret y Romano radica en la cantidad de casos. Para Bento, que Romano haya dejado pasar 94 hechos sin intermediar alguna acción judicial mientras se desempeñaba como fiscal federal, lo convirtió directamente en partícipe. Y por eso la libertad de Miret no estuvo en riesgo a pesar de ya estar suspendido por el Consejo de la Magistratura.
La última carta de Romano es lograr que Bento baje la imputación en su contra. Si consigue eso, estaría dispuesto a presentar su renuncia o a levantar todas las trabas y allanar el camino para que puedan realizarle juicio político.
Ese mensaje se lo mandó, entre otros, a Luis María Cabral, ex miembro del Consejo de la Magistratura y flamante presidente de la Asociación de Magistrados, y a Héctor Masquelet, secretario de Justicia de la Nación y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo.
Su intención es que desde diferentes ámbitos sugieran a Bento el cambio de calificación. Y si eso se concreta y su libertad queda garantizada, entonces dará un paso al costado.