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El procurador sabía que la Fiscalía de Delitos Complejos iba a ser allanada
Unas horas antes de concretar la medida, la fiscal Virginia Rumbo había informado por escrito a Rodolfo González sobre los pasos que iba a dar en la investigación que sigue contra el fiscal Eduardo Martearena por la falsificación de una denuncia.
El operativo para revisar las computadoras de la fiscalía de Delitos Complejos fue el disparador para una gran puesta en escena montada por el procurador de la Corte, Rodolfo González. Hasta el momento, no se sabe qué papel está jugando en esta historia, pero sí está claro que como jefe de los fiscales decidió soltar la mano tanto del fiscal especial Eduardo Martearena (investiga el “Cadillacsgate”) como de la fiscal de Capital Virginia Rumbo, que es la encargada de ir tras una denuncia contra Martearena por falsificación de documentos públicos.
Por ahora, sus movimientos sólo beneficiaron a un gobierno que se ve acorralado por una causa de corrupción que ya tiene imputados a dos funcionarios -Luis Böhm y Raúl Leiva- por fraude a la administración pública. Y esta postura se confirmó luego de la arenga dada por el ministro de Gobierno, Mario Adaro, en el cuarto piso de Tribunales. González, lejos de apoyar la actuación de Virginia Rumbo, anunció que le pediría un informe por escrito para que explicara por qué decidió revisar los archivos informáticos de los fiscales especiales.
En este último punto la realidad le ganó al histrionismo del procurador. Rumbo llevó adelante esta suerte de allanamiento en Delitos Complejos el 23 de setiembre por la siesta. A las once de la mañana de ese día, González ya estaba al tanto de la medida. La fiscal se lo comunicó por escrito porque sabía que no se trataba de una movida simple, más allá de la legalidad y la importancia que podía tener o no en la causa que estaba instruyendo.
González decidió hacer silencio y no interceder en el proceder de Rumbo. En definitiva, había sido él el responsable de dejar la denuncia contra Martearena -con una fuerte impronta política- en manos de una fiscal joven, con escasa experiencia, sustituta y cuyo pliego todavía no fue enviado al Senado para la aprobación.
Es un dato que cobra importancia si se tiene en cuenta que, un día más tarde, y luego del encuentro con Adaro, González anunció que solicitaría a Rumbo un informe pormenorizado de su trabajo. Pero no sólo fue un discurso para la tribuna: efectivamente, ordenó a la fiscal que lo pusiera al tanto de un hecho del que ya había sido informado.
La denuncia en contra del fiscal especial, más allá de poder estar fundamentada, podía costar la cabeza de quien la tomara. Fue hecha por un abogado socio de Pablo Cazabán, hermano del secretario General de la Gobernación. Desde ese momento, quedó claro que no era más que una ofensiva contra Marteareana craneada en el Ejecutivo. El fiscal que tomara esa denuncia quedaría expuesto como “un jugador del gobierno”. En este caso, Rumbo era la más “sacrificable”.
Desde el momento en que el procurador de la Corte mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno, la independencia de poderes quedó malherida. Haya cual haya sido el diálogo que mantuvieron, nadie se puede atrever a garantizar la transparencia de una investigación supervisada por González. En todo caso, si algún funcionario de Jaque duda el accionar de Rumbo o sospecha que Martearena tienen un encono especial con la gestión Jaque, existen mecanismos institucionales para plasmar esas quejas formalmente.
¿Por qué González aceptó la reunión? Tal vez porque, fiel a su estilo, intentó salvar la ropa, su ropa; para no quedar en la mira del Poder Ejecutivo y evitar que, tal como ocurrió hace unos meses, se genere una nueva movida para desplazarlo de su cargo.
El autor: Jorge Hirschbrand es editor político en MDZ.
La denuncia en contra del fiscal especial, más allá de poder estar fundamentada, podía costar la cabeza de quien la tomara. Fue hecha por un abogado socio de Pablo Cazabán, hermano del secretario General de la Gobernación. Desde ese momento, quedó claro que no era más que una ofensiva contra Marteareana craneada en el Ejecutivo. El fiscal que tomara esa denuncia quedaría expuesto como “un jugador del gobierno”. En este caso, Rumbo era la más “sacrificable”.
Desde el momento en que el procurador de la Corte mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno, la independencia de poderes quedó malherida. Haya cual haya sido el diálogo que mantuvieron, nadie se puede atrever a garantizar la transparencia de una investigación supervisada por González. En todo caso, si algún funcionario de Jaque duda el accionar de Rumbo o sospecha que Martearena tienen un encono especial con la gestión Jaque, existen mecanismos institucionales para plasmar esas quejas formalmente.
¿Por qué González aceptó la reunión? Tal vez porque, fiel a su estilo, intentó salvar la ropa, su ropa; para no quedar en la mira del Poder Ejecutivo y evitar que, tal como ocurrió hace unos meses, se genere una nueva movida para desplazarlo de su cargo.
El autor: Jorge Hirschbrand es editor político en MDZ.