Cuando la política mete la cola en tribunales
Padrinazgo, justicia, política, injusticia. Denuncias, contradenuncias y presiones de todos lados. Mensajes cifrados. Protagonistas y actores secundarios.
Esta suerte de allanamiento –aunque técnicamente no lo fue- llevado a cabo en la Fiscalía de Delitos Complejos no es más que un mensaje político para el fiscal Eduardo Martearena, que, por rebote, debería dejar alguna enseñanza a sus colegas de oficina, Daniel Carniello y Claudia Ríos, para cuando decidan dar pasos importantes en causas que involucren a funcionarios de la gestión de Celso Jaque. Y, de paso, muestra la fragilidad del sistema judicial, con funcionarios cuyos cargos no están legitimados.
A saber:
La fiscal sustituta Virginia Rumbo, cuya experiencia en instrucción penal es escasa y se limita a ser secretaria de la Unidad Fiscal de Capital, se terminó haciendo cargo por descarte de una denuncia con una tremenda connotación política. Si el abogado Guillermo Gorelik denunció a Martearena por una causa ajena al “Cadillacsgate” fue, precisamente, para generar malestar e incomodar al fiscal en un momento clave.
Rumbo es una chica joven, sin el tacto ni el apoyo político para encabezar una medida semejante como registrar las computadoras de los fiscales que, por organigrama, tienen potestad sobre ella.
Si lo hizo, fue porque quiso evitar resquemores con los abogados que presentaron la denuncia y evitar algún tipo de presentación en su contra. Rumbo no es más que una suplente; su pliego no pasó todavía por el Senado provincial. Y, con razón, se podría sospechar que cualquier intervención suya podría hacerse bajo la presión de saber que, si no acata una orden, su nombramiento podría quedar en la nada.
El responsable directo de que esto ocurra es del Procurador General de la Corte, Rodolfo González. O no tuvo cintura política o alguien apagó las luces de su despacho cuando tuvo que definir qué fiscal debía hacerse cargo de la denuncia contra Martearena.
Dentro de los personajes de esta historia, el abogado Guillermo Gorelik pareciera ser protagonista. En realidad, no es más que un mensajero o el hombre elegido por el clan Cazabán para realizar los mandados.
Guillermo Gorelik es un profesional conocido en el fuero penal, pero no “reconocido” por ser un sagaz defensor o un inquisidor querellante. Dentro de la nómina de abogados que se dedica a esta rama del Derecho, es uno más.
Su particularidad en este caso es ser socio de Pablo Cazabán, hermano del secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Pablo es a su hermano lo que Gorelik es a él: responsable de hacer el trabajo sucio y de poner la cara donde el otro nunca la pondría.
Desde que los escándalos de corrupción del gobierno provincial comenzaron a darle forma a expedientes judiciales, Pablo Cazabán se convirtió en un jugador rústico a favor del equipo de Celso Jaque. Su misión: embarrar la cancha para sacarse de encima a Martearena.
Para eso, era necesario que alguien alertara a estos abogados sobre algún punto en discordia que vinculara al fiscal especial. Y ese “alguien” tuvo nombre y apellido y un cargo importante: Alejandra Mauricio, jueza de Garantías.
Mauricio declaró en contra de Martearena por una vieja causa en la que el fiscal había descubierto a una red que se dedicaba a robar combustible del Ministerio de Seguridad. Se trató en una investigación en la que Martearena había solicitado la intervención del teléfono de uno de los sospechosos, y que, por entender que no había méritos necesarios, Mauricio rechazó.
Meses más tarde, una denuncia anónima apuntó al mismo sujeto. Una causa nueva y un pedido de intervención nuevo, con otro juez de Garantías. Esta vez, el manejo con el combustible policial quedó al descubierto.
Mauricio advirtió esta situación, la comunicó a Gorelik y eso generó la grieta por donde, sutilmente, entrarle a Martearena, denunciarlo, armar el escándaloso operativo de este miércoles en la fiscalía y tener luz verde para revisar todas las computadoras de Delitos Complejos.
El responsable directo de que esto ocurra es del Procurador General de la Corte, Rodolfo González. O no tuvo cintura política o alguien apagó las luces de su despacho cuando tuvo que definir qué fiscal debía hacerse cargo de la denuncia contra Martearena.
Dentro de los personajes de esta historia, el abogado Guillermo Gorelik pareciera ser protagonista. En realidad, no es más que un mensajero o el hombre elegido por el clan Cazabán para realizar los mandados.
Guillermo Gorelik es un profesional conocido en el fuero penal, pero no “reconocido” por ser un sagaz defensor o un inquisidor querellante. Dentro de la nómina de abogados que se dedica a esta rama del Derecho, es uno más.
Su particularidad en este caso es ser socio de Pablo Cazabán, hermano del secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Pablo es a su hermano lo que Gorelik es a él: responsable de hacer el trabajo sucio y de poner la cara donde el otro nunca la pondría.
Desde que los escándalos de corrupción del gobierno provincial comenzaron a darle forma a expedientes judiciales, Pablo Cazabán se convirtió en un jugador rústico a favor del equipo de Celso Jaque. Su misión: embarrar la cancha para sacarse de encima a Martearena.
Para eso, era necesario que alguien alertara a estos abogados sobre algún punto en discordia que vinculara al fiscal especial. Y ese “alguien” tuvo nombre y apellido y un cargo importante: Alejandra Mauricio, jueza de Garantías.
Mauricio declaró en contra de Martearena por una vieja causa en la que el fiscal había descubierto a una red que se dedicaba a robar combustible del Ministerio de Seguridad. Se trató en una investigación en la que Martearena había solicitado la intervención del teléfono de uno de los sospechosos, y que, por entender que no había méritos necesarios, Mauricio rechazó.
Meses más tarde, una denuncia anónima apuntó al mismo sujeto. Una causa nueva y un pedido de intervención nuevo, con otro juez de Garantías. Esta vez, el manejo con el combustible policial quedó al descubierto.
Mauricio advirtió esta situación, la comunicó a Gorelik y eso generó la grieta por donde, sutilmente, entrarle a Martearena, denunciarlo, armar el escándaloso operativo de este miércoles en la fiscalía y tener luz verde para revisar todas las computadoras de Delitos Complejos.
El autor: Jorge Hirschbrand es editor político de MDZ.