El libro que publicó el Gobierno en el que se critica a la democracia

Aun en 1992, el libro rescata entre los “hitos” de la Policía, por ejemplo, la creación “en forma experimental del Centro de Instrucción Contrasubversivo, CIC”. Con asiento físico en el cuerpo de Infantería Gral. Manuel Belgrano, “se designa como director –dice el libro- al comisario inspector Modesto Matías Pedraza”. Con el paso del tiempo, sabremos qué tétrica función cumpliría.

No soñemos con una crítica a la ilegalidad que los rigió en la dictadura. Pero tampoco esperemos que se haya cuestionado, desde el corazón de la Policía, a quienes usurparon desde las Fuerzas Armadas sus estructuras. Esto no es así en estos “Aportes para la historia…” porque lo que más se cuestionan son los cambios “políticos” y no los “otros”.

Aquellas normas duraderas de la dictadura fueron “adecuadas murallas de contención de los cambios perseguidos, muchos de ellos sin justificación alguna”, según dice el texto en su página 257.

“Lograron –acota- evitar los cambios por los cambios mismos, que, como sabemos, siempre traen inevitablemente confusión, pérdida de tiempo, desgaste de energías y estancamiento funcional”.

Faltaba poco más de un lustro para que la inseguridad y el descontrol de la fuerza produjera una serie de actos sediciosos y un incremento, hasta entonces, sin precedentes en materia de inseguridad. Con ello, las reformas de 1998 como consecuencia.

Pero ya se alertaba en torno al peligro que representaban “los reformistas”, maltratados en este libro oficial y de consulta habitual en el Gobierno como no lo hace con quienes usurparon el poder y violaron las leyes en el gobierno militar que, también, desfiguró la identidad propia de la policía para sumirla como herramienta de las Fuerzas Armadas antidemocráticas.

“Sin temor a equívocos –dice el texto en cuestión- puede decirse que los partidarios del reformismo permanente, que por suerte para la institución no son muchos ni organizados, se quedan sin argumentos sólidos a la mitad del camino y no tienen plena conciencia de la necesidad de bregar por una sana estabilidad”.

Acto seguida, el volumen histórico arremete con “peros” y disconformidades con la primera ley provincial de la democracia, sancionada por la Legislatura. Se trata de la 4912 de 1984, que determina que posibilita que la conducción policial pueda ser ejercida por cualquier ciudadano argentino, con 5 años de residencia y mayor de 30 años.

Los autores no dudaron en mechar con sus opiniones personales la recopilación editada por el Gobierno: consideraron que esta decisión “no registra precedentes dentro de la organización policial”, agregan que con esto “se produjo un hecho institucional nunca visto”, que produjo “algunas consecuencias internas que lógicamente eran esperables”.

“Sin discutir la autenticidad de la decisión emanada de un poder que representa legítimamente a la soberanía popular…”, se despachan criticándola con párrafos dignos de un “desacato” a la autoridad que dicen respetar: “notoria desprofesionalización”, “pérdida gradual de la vocación policial” son algunas de las consecuencias que los autores vieron en los primeros y vagos intentos por conducir una Policía que hasta entonces, ni siquiera se podía conducir a sí misma habida cuenta la intervención de la Fuerza Aérea en su propio seno.

Esta verdadera tribuna de pensamiento corporativo en que comenzó a transformarse el libro no bien se ingresa en período democrático, no tiene desperdicio. Revela cuán difícil le resulta a la política gobernar áreas que pretenden ser autogestionadas al margen del resto del mundo. Al punto de dejarlos que vayan solos hacia delante, escribiendo y publicándole todo lo que quisieran con tal de no alterar las relaciones entre dos mundos, el gubernamental y el policial que, aun hoy, pata muchos dirigentes, resultan diferentes.

Así, el texto oficialmente reconocido como historia de la Policía de Mendoza sigue en sus críticas a cómo la democracia construyó su débil poder sobre la fuerza.

Las reformas a las leyes policiales sancionadas por la democracia, son consideradas, en el volumen señalado, con consideraciones como las que siguen:

- “…con fundamentos pocos convincentes (…)b y evidentes errores de interpretación de la realidad institucional…”

- “…se puede inferir que los proyectos de cambio vinieron en alguna medida propulsados desde el mismo ámbito político…”

- “…sustentándose en viejos, generalizados y falaces prejuicios de la función policial y de sus ejecutores (con sospechas, insidiosas y perjudiciales connotaciones ideológicas) como consecuencia de la conocida lucha antisubversiva en la que se vieron empeñadas las fuerzas militares, de seguridad y policiales del país…”

- “…anteponiendo los conocidos y reconocidos derechos humanos (que de igual modo pertenecen naturalmente al hombre-policía) como excusa…”

Increíblemente, allí no termina el libro, ni la historia ni la negación de la legitimidad que la Constitución le confiere a los legisladores que impulsaron las reformas legales que así como se ha citado más arriba, son descalificadas por los “policías de la democracia”.

Hay más.

“Pero lo que no puede disculparse históricamente –continúa el texto oficial- es la falta de personalidad para defender los valores esenciales y los principios permanentes de la organización”, según reza el reproche a la subordinación policial al orden institucional, según  puede inferirse.

“Mansa subalternización”, “indebida y poco inteligente politización”, “ceguera intelectual”, son otros calificativos que los redactores de estos “Aportes…”, en definitiva, le escupieron en la cara a sus jefes cuando consiguieron sus favores para editar e imprimir este libro.

(*) Gabriel Conte es editor de MDZ.