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El camino hacia el juicio político a los hombres de Jaque es una jugada de alto riesgo
Si algo le faltaba al Cadillacsgate es un proceso legislativo que comprometa aún más a los funcionarios del Ejecutivo. Qué dice la Constitución Provincial sobre la conformación de la comisión de juicio político. Cuáles son las razones y qué interpretación puede tener la formación de una comisión que habilita el mecanismo.
La decisión del presidente de la Cámara de Diputados Jorge Tanús para conformar la comisión de juicio político supone, rápidamente, algunas cuantas líneas de análisis. La noticia genera un profundo impacto porque implica allanar el camino legislativo que podría derivar en la concreción de un proceso de impensadas consecuencias.
En especial para los funcionarios del Ejecutivo que aparecen como más comprometidos, ya que tras la imputación judicial del secretario de Turismo Luis Böhm, ellos son justamente quienes firmaron el decreto que justificó el pago de los 315 mil pesos: los ministros Adrián Cerroni, Alejandro Cazabán y el propio gobernador Celso Jaque.
En primer lugar, la decisión está vinculada con la imparable presión social que el Cadillacsgate está ejerciendo sobre la dirigencia política. Bajo ese contexto, ni siquiera los oficialistas quieren aparecer como entorpeciendo una vorágine que terminará arrasando a todo aquel que intente ponerse por delante.
La justificación de Tanús suena a chicana para su par cobista Luis Petri, impulsor de la movida a la que directamente califica como “circo”, pero lo cierto es que a pesar de las explicaciones, no hace más que acceder al pedido opositor. Aunque, aquí salte otra diferencia: esa comisión de juicio político –dice Petri- debería estar conformada por decisión de la Cámara y no simplemente de su titular.
Es oportuno revisar la Constitución Provincial donde en el capítulo octavo, el artículo 109, inciso 3, establece: "En una de sus primeras sesiones ordinarias la Cámara de Diputados nombrará anualmente, por votación directa, una comisión encargada de investigar la verdad de los hechos en que se funden las acusaciones que se promuevan, quedando a este fin revestida de amplias facultades".
De todos modos se desprende, a ojos de la oposición, que más allá del mecanismo para conformar la comisión, hay voluntad en el oficialismo de juzgar políticamente la actuación de los funcionarios (o de alguno en particular). Claro está, habrá que ver luego, si una vez constituida la comisión, lo que implica una verdadera formalidad, los votos le alcanzan a los opositores para avanzar efectivamente.
Algunos observadores no descartan que en la decisión de Tanús también pueda especularse algún cruce de facturas de la propia interna del PJ. Conocidos son los resquemores y enfrentamientos –particularmente contra Cazabán- de muchos núcleos peronistas. Sectores que en algunos casos tienen conspicuos referentes legislativos.
Por otra parte, la oposición se debate entre dejar caer la comisión investigadora del Senado, a fin de evitar prejuzgamientos que puedan invalidar el juicio político, y motorizar la embestida en Diputados con todos los elementos ya recopilados por los senadores.
Aquí está la clave de la cuestión. De la contundencia del trabajo de la oposición saldrán los elementos que permitan que las intenciones de golpear duramente al gobierno puedan tener chances de ser consideradas efectivamente en un proceso de juicio político. De lo contrario, la iniciativa se perderá entre acusaciones y denuncias mediáticas.
La oposición parece jugar al límite con esta posibilidad, ya que su objetivo de máxima es la cabeza de Alejandro Cazabán, aunque nadie puede garantizar que en la tarea de derrumbe hacia el secretario general, la figura del propio gobernador Celso Jaque pueda quedar también seriamente dañada.
Más allá de las responsabilidades y las decisiones, habrá de pesar y contemplar el riesgo institucional que una decisión como el juicio político puede significar. Por lo pronto, el fabuloso escándalo suma un nuevo capítulo, en el que los condimentos agravantes parecen ser la constante de su evolución.
De todos modos se desprende, a ojos de la oposición, que más allá del mecanismo para conformar la comisión, hay voluntad en el oficialismo de juzgar políticamente la actuación de los funcionarios (o de alguno en particular). Claro está, habrá que ver luego, si una vez constituida la comisión, lo que implica una verdadera formalidad, los votos le alcanzan a los opositores para avanzar efectivamente.
Algunos observadores no descartan que en la decisión de Tanús también pueda especularse algún cruce de facturas de la propia interna del PJ. Conocidos son los resquemores y enfrentamientos –particularmente contra Cazabán- de muchos núcleos peronistas. Sectores que en algunos casos tienen conspicuos referentes legislativos.
Por otra parte, la oposición se debate entre dejar caer la comisión investigadora del Senado, a fin de evitar prejuzgamientos que puedan invalidar el juicio político, y motorizar la embestida en Diputados con todos los elementos ya recopilados por los senadores.
Aquí está la clave de la cuestión. De la contundencia del trabajo de la oposición saldrán los elementos que permitan que las intenciones de golpear duramente al gobierno puedan tener chances de ser consideradas efectivamente en un proceso de juicio político. De lo contrario, la iniciativa se perderá entre acusaciones y denuncias mediáticas.
La oposición parece jugar al límite con esta posibilidad, ya que su objetivo de máxima es la cabeza de Alejandro Cazabán, aunque nadie puede garantizar que en la tarea de derrumbe hacia el secretario general, la figura del propio gobernador Celso Jaque pueda quedar también seriamente dañada.
Más allá de las responsabilidades y las decisiones, habrá de pesar y contemplar el riesgo institucional que una decisión como el juicio político puede significar. Por lo pronto, el fabuloso escándalo suma un nuevo capítulo, en el que los condimentos agravantes parecen ser la constante de su evolución.