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El Tribunal de Cuentas ordenó investigar los "aportes voluntarios" de empleados de Capital a la UCR

En la aprobación de la rendición de cuentas de los gastos realizados durante el año 2008 en la comuna capitalina, el tribunal aclaró que los descuentos a los empleados fueron hechos sin presentar la autorización de los mismos.Debido a esto, se abrió en el expediente respectivo,  un capítulo para investigar la realización de  esta operatoria.

El Tribunal de Cuentas de la provincia decidió abrir una investigación por los "aportes voluntarios" que empleados de la Municipalidad de la Capital hacían a la UCR departamental, durante el año pasado, cuyos importes eran depositados en cuentas del Banco Nación a nombre de dos secretarias del intendente Víctor Fayad.

Desde ese organismo dijeron que existen puntos por esclarecer, y que los responsables de hacer esas retenciones en los sueldos deben dar explicaciones. Por eso, en la aprobación de la rendición de cuentas del año 2008, resolvieron que se abriera una pieza separada del expediente original para darle curso a una investigación.

El caso, que se conoció el año pasado a partir de una investigación periodística de MDZ y de diario Los Andes, pareció diluirse con el tiempo. Se abrió una causa judicial, hubo citaciones, pedidos de informes en el Concejo Deliberante, peleas, discusiones, pero todo quedó en la nada.

Carolina Demaría y Laura Salvo aparecían como titulares de las cuentas del Banco Nación donde la Municipalidad de Capital depositaba el dinero que, supuestamente, era aportado voluntariamente por gran parte de los empleados para financiar a la UCR departamental.

Con la llegada de Fayad de nuevo a la intendencia de Capital, Demaría se convirtió en directora General de Intendencia y Salvo en la secretaria privada. Ambas habían trabajado en el estudio de Fayad. En su momento, el fiscal de Delitos Complejos Eduardo Martearena las imputó por “participación en fraude a la administración pública”, por entender que habían cobrado durante años un sueldo municipal sin ir a trabajar. Y ellas dos eran las destinatarias -o intermediarias- de un depósito que todos los meses la comuna hacía por aproximadamente veinte mil pesos.

El Tribunal de Cuentas explicó que los responsables contables de la Municipalidad no presentaron la autorización de los agentes municipales para permitir que ese dinero se les descontase de sus salarios.

Precisamente, esa fue una de las únicas respuestas dadas desde la intendencia después de que el caso tomara estado público: comenzaron a hacer firmar a los empleados un documento con el que autorizaban el descuento por bono de sueldo; algo que antes no sucedía.