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Diez pecados que hicieron fracasar la privatización de OSM
Errores y vicios, tanto públicos como privados, configuraron un caos en la red sanitaria y de agua potable que dio paso a la intervención y que podría derivar en una reestatización o una nueva privatización. Entre ellos, la falta de inversión, el atraso tarifario, la desidia política y la ausencia de controles, los más emblemáticos.
Cuando en 1998 el gobierno de Arturo Lafalla vendió el paquete mayoritario de Obras Sanitarias Mendoza, adjudicando por 25 años el 70% de las acciones a un grupo inversor integrado por Saur Internacional, Italgas, Enron Capital&Trade y socios locales como Dalvian S.A. y Grupo Presidente, suspiró aliviado.
Además, el Estado provincial se reservaba el 20% de las acciones, en un esquema que apuntaba a hacerse de fondos frescos y tornar eficiente la prestación del servicio. Diez años después, salvo el dinero que ingresó a las arcas de la Provincia, poco de eso parece haberse cumplido. Los problemas constantes, la falta de inversión y la deficiencia del servicio, llevaron a Celso Jaque a decretar su intervención.
Ofrecemos aquí algunas de las claves que durante todo este tiempo, hicieron que las carencias propias, las heredadas y las añadidas configuraran un escenario catastrófico en el que hasta se corría el riesgo de que el principal accionista abandonara la operación con denuncias cruzadas por promesas incumplidas y morosidad en el pago del canon. Todo ello, según cifras oficiales, se resume en un déficit de inversiones de 437 millones de pesos.
1) Las deficiencias de la privatización
La privatización de OSM tuvo en 1998 carencias nacidas de la falta de apoyo político para tal decisión y de la urgencia de fondos para solventar una obra emblemática de la provincia: Potrerillos. Si bien el precio pagado por los inversores originales fue un buen negocio para Mendoza (162 millones de dólares por el 70% de las acciones), parece que el desembolso se convirtió en un salvoconducto mágico para omitir los necesarios y rigurosos controles a la que se debería haber sometido la operación.
La privatización de OSM tuvo en 1998 carencias nacidas de la falta de apoyo político para tal decisión y de la urgencia de fondos para solventar una obra emblemática de la provincia: Potrerillos. Si bien el precio pagado por los inversores originales fue un buen negocio para Mendoza (162 millones de dólares por el 70% de las acciones), parece que el desembolso se convirtió en un salvoconducto mágico para omitir los necesarios y rigurosos controles a la que se debería haber sometido la operación.
2) Falta de inversión
Tal vez si existe una característica que define la operación de las empresas privatizadas en el país de la década del ’90 para adelante, es la falta de inversión. En el caso de Mendoza, las redes sanitarias de agua y cloacas son de principio del siglo XX con las consecuencias que ello implica. Raramente se han hecho aportes significativos en relación a la infraestructura básica de redes y plantas potabilizadoras, salvo algunos casos específicos, sin poner en consideración el incremento poblacional y la mayor demanda del servicio tanto de agua potable como de cloacas, lo que ha llevado al sistema a una situación de “colapso” tal como ha sido definido por el gobierno recientemente.
3) Incumplimiento de las actas-acuerdo
En diversas oportunidades en el último tiempo (en 2005 y 2007) se llegaron a suscribir acuerdos con OSM que por diferentes razones no se cumplieron, o se cumplieron a medias. Así, y lentamente, se fue generando un círculo vicioso en el que ninguna de las dos partes (Estado-privatizada) hacía lo que debía o a lo que se había comprometido; porque la otra, a su vez, no hacía lo suyo. Sólo durante la administración de Julio Cobos se cumplieron con el 50% de las inversiones acordadas entre el Gobierno y la empresa. En el 2005 OSM invirtió 3 millones menos que lo prometido, mientras que en 2.007 la diferencia adeudada superó los 5 millones.
4) Atraso tarifario
En los casi 10 años que lleva la privatización, la tarifa sólo ha aumentado el 19,7%, lo que da una idea más que clara del atraso tarifario que tiene el agua en Mendoza. Una situación reconocida por los sucesivos gobiernos y también por estudios de las universidades públicas de la provincia. En esa falta de adecuación de la tarifa y en las complicaciones por la aplicación de subsidios, los ingresos de los inversores se fueron lentamente disminuyendo, corroídos además por la inflación. La situación configuró, según la óptica de los inversores, una clara señal de abandono.
5) Desidia política
Tras producirse la privatización, los distintos gobiernos parecen haber considerado que se sacaron un problema de encima. Y no un problema menor, porque su desentendimiento fue más que importante. Los respectivos oficialismos y oposiciones de turno, los anteriores y los actuales, han actuado con liviandad. No sólo los que ocuparon responsabilidades en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo, y los representantes del Estado ante la empresa. El poder político, en sus distintos niveles y atribuciones, es co-responsable de la actual situación de OSM y como tal deberá rendir cuentas ante los mendocinos.
6) Ausencia de controles
Esta desidia política antes apuntada se materializó en el escaso rigor con el que durante este tiempo se auditó la tarea de los inversores, en especial, en todo aquello que refiere a la calidad del servicio. La función primordial de cualquier Estado es la controlar, mucho más cuando se trata de un bien tan preciado como es el agua. Hace falta aquí más rigor técnico y menos compromiso político-partidario. Los organismos de control, en especial el Epas, pero también otras posibilidades como el involucramiento de los usuarios, fallaron en su misión de resguardar la salud y la calidad de vida de los mendocinos.
7) Desdibujamiento de la función del Epas
En cualquier privatización se torna imprescindible el rol y las atribuciones que tiene o tendrá el marco regulatorio y el ente regulador. El Epas, creado tras la privatización, y por distintas razones, parece no haber podido llevar adelante su tarea como era esperable: los resultados están a la vista. Es deseable que efectivamente pueda recuperar esas atribuciones y esa autoridad hoy difusas, que figuran en las leyes pero no parece tener efecto en la práctica. Para ello es necesario aval político, pero también capacidad técnica y sustento social que se logra con más participación de organismos científicos y académicos valorados como puede ser el caso de la UNCuyo, la UTN o el Cricyt.
8) Ocultamiento de la realidad del negocio
Nunca se pudo saber a ciencia cierta si la privatización del agua en Mendoza era un negocio sustentable o no. Mucho menos, si las inversiones o las tarifas estaban en relación a una lógica utilidad por parte de los concesionarios. O si por el contrario, como muchas veces se manifestó desde la privatizada, el negocio y la operación eran deficitarios. Ni hablar de otra información confidencial vinculada al núcleo duro de la actividad, tales como balances, liquidación de utilidades, transferencias de fondos al exterior, sueldos de directivos, etcétera.
9) Los intereses del sector privado
En todo este tiempo, el ámbito privado no sólo reivindicó la privatización, ocultando con ello y de manera explícita algunos de sus vicios o deficiencias en la operación, sino que además reclamó más y mejores servicios para nuevas zonas. En especial, aquellos vinculados a emprendimientos inmobiliarios o grandes urbanizaciones en distintas zonas del área metropolitana. Esto se tradujo en demandas para la realización de obras no contempladas, o la conexión de redes no previstas a fin de servir a unidades de negocios de otras empresas, más que a contemplar el bien común de los mendocinos.
10) Pérdida de visión estratégica
Durante la acción de la privatización, la provincia en su conjunto parece haber perdido u olvidado la referencia histórica del valor estratégico del agua en Mendoza. Este adormecimiento cultural de la importancia que tanto para la subsistencia como la producción tiene el agua en nuestra provincia, es uno de los valores fundantes de la mendocinidad. La profunda tarea de transformación llevada adelante por nuestros mayores en su lucha contra el desierto fue quedando relegada ante la pérdida del control que el Estado dejó en manos privadas. Más allá de la reestatización o no, o de las futuras discusiones sobre el tema, es imprescindible recuperar y ponderar el relato estratégico del agua en el desarrollo provincial para volver a actuar en consecuencia.
Tal vez si existe una característica que define la operación de las empresas privatizadas en el país de la década del ’90 para adelante, es la falta de inversión. En el caso de Mendoza, las redes sanitarias de agua y cloacas son de principio del siglo XX con las consecuencias que ello implica. Raramente se han hecho aportes significativos en relación a la infraestructura básica de redes y plantas potabilizadoras, salvo algunos casos específicos, sin poner en consideración el incremento poblacional y la mayor demanda del servicio tanto de agua potable como de cloacas, lo que ha llevado al sistema a una situación de “colapso” tal como ha sido definido por el gobierno recientemente.
3) Incumplimiento de las actas-acuerdo
En diversas oportunidades en el último tiempo (en 2005 y 2007) se llegaron a suscribir acuerdos con OSM que por diferentes razones no se cumplieron, o se cumplieron a medias. Así, y lentamente, se fue generando un círculo vicioso en el que ninguna de las dos partes (Estado-privatizada) hacía lo que debía o a lo que se había comprometido; porque la otra, a su vez, no hacía lo suyo. Sólo durante la administración de Julio Cobos se cumplieron con el 50% de las inversiones acordadas entre el Gobierno y la empresa. En el 2005 OSM invirtió 3 millones menos que lo prometido, mientras que en 2.007 la diferencia adeudada superó los 5 millones.
4) Atraso tarifario
En los casi 10 años que lleva la privatización, la tarifa sólo ha aumentado el 19,7%, lo que da una idea más que clara del atraso tarifario que tiene el agua en Mendoza. Una situación reconocida por los sucesivos gobiernos y también por estudios de las universidades públicas de la provincia. En esa falta de adecuación de la tarifa y en las complicaciones por la aplicación de subsidios, los ingresos de los inversores se fueron lentamente disminuyendo, corroídos además por la inflación. La situación configuró, según la óptica de los inversores, una clara señal de abandono.
5) Desidia política
Tras producirse la privatización, los distintos gobiernos parecen haber considerado que se sacaron un problema de encima. Y no un problema menor, porque su desentendimiento fue más que importante. Los respectivos oficialismos y oposiciones de turno, los anteriores y los actuales, han actuado con liviandad. No sólo los que ocuparon responsabilidades en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo, y los representantes del Estado ante la empresa. El poder político, en sus distintos niveles y atribuciones, es co-responsable de la actual situación de OSM y como tal deberá rendir cuentas ante los mendocinos.
6) Ausencia de controles
Esta desidia política antes apuntada se materializó en el escaso rigor con el que durante este tiempo se auditó la tarea de los inversores, en especial, en todo aquello que refiere a la calidad del servicio. La función primordial de cualquier Estado es la controlar, mucho más cuando se trata de un bien tan preciado como es el agua. Hace falta aquí más rigor técnico y menos compromiso político-partidario. Los organismos de control, en especial el Epas, pero también otras posibilidades como el involucramiento de los usuarios, fallaron en su misión de resguardar la salud y la calidad de vida de los mendocinos.
7) Desdibujamiento de la función del Epas
En cualquier privatización se torna imprescindible el rol y las atribuciones que tiene o tendrá el marco regulatorio y el ente regulador. El Epas, creado tras la privatización, y por distintas razones, parece no haber podido llevar adelante su tarea como era esperable: los resultados están a la vista. Es deseable que efectivamente pueda recuperar esas atribuciones y esa autoridad hoy difusas, que figuran en las leyes pero no parece tener efecto en la práctica. Para ello es necesario aval político, pero también capacidad técnica y sustento social que se logra con más participación de organismos científicos y académicos valorados como puede ser el caso de la UNCuyo, la UTN o el Cricyt.
8) Ocultamiento de la realidad del negocio
Nunca se pudo saber a ciencia cierta si la privatización del agua en Mendoza era un negocio sustentable o no. Mucho menos, si las inversiones o las tarifas estaban en relación a una lógica utilidad por parte de los concesionarios. O si por el contrario, como muchas veces se manifestó desde la privatizada, el negocio y la operación eran deficitarios. Ni hablar de otra información confidencial vinculada al núcleo duro de la actividad, tales como balances, liquidación de utilidades, transferencias de fondos al exterior, sueldos de directivos, etcétera.
9) Los intereses del sector privado
En todo este tiempo, el ámbito privado no sólo reivindicó la privatización, ocultando con ello y de manera explícita algunos de sus vicios o deficiencias en la operación, sino que además reclamó más y mejores servicios para nuevas zonas. En especial, aquellos vinculados a emprendimientos inmobiliarios o grandes urbanizaciones en distintas zonas del área metropolitana. Esto se tradujo en demandas para la realización de obras no contempladas, o la conexión de redes no previstas a fin de servir a unidades de negocios de otras empresas, más que a contemplar el bien común de los mendocinos.
10) Pérdida de visión estratégica
Durante la acción de la privatización, la provincia en su conjunto parece haber perdido u olvidado la referencia histórica del valor estratégico del agua en Mendoza. Este adormecimiento cultural de la importancia que tanto para la subsistencia como la producción tiene el agua en nuestra provincia, es uno de los valores fundantes de la mendocinidad. La profunda tarea de transformación llevada adelante por nuestros mayores en su lucha contra el desierto fue quedando relegada ante la pérdida del control que el Estado dejó en manos privadas. Más allá de la reestatización o no, o de las futuras discusiones sobre el tema, es imprescindible recuperar y ponderar el relato estratégico del agua en el desarrollo provincial para volver a actuar en consecuencia.