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Mendoza es fabulosa (o cómo ganar un millón de pesos en una noche)

A los 300 mil pesos que otorgó Jaque para la actuación de los Cadillacs, hay que sumar un promedio de 700 mil de la recaudación. El Estado bobo o funcionarios impunes parecen dispuestos a entronizar que gobernar es garantizar la “legalidad” de los negocios privados.
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El escándalo político desatado por el show de los Fabulosos Cadillacs se puede resumir en la grave deformación de criterios elementales para el manejo de la cosa pública. O lo que es aún peor, en la constante confusión entre lo público y lo privado que han exhibido desde su asunción numerosos funcionarios de Celso Jaque.

Un gobernador que apenas asumió hizo pintar la banquina del frente del edificio de departamentos donde reside en Mendoza (aunque cobre desarraigo por tener domicilio en Malargüe) para que nadie pudiera estacionar allí. Mientras esto sucedía, su directora general de Escuelas usaba el auto oficial para trasladarse todas las semanas a San Rafael; su director de la obra social gastaba fondos públicos para hacer fiestas de fin de año; el director de Transporte nombraba a su yerno; la directora de Servicios Públicos usaba sus propios argumentos cuando era ejecutiva privada para justificar el aumento de la tarifa eléctrica y la mujer del ministro de Seguridad hacía convenios entre el zoológico público y su granja particular.

En ese contexto, está claro que el desembolso de más de 300 mil pesos para financiar un emprendimiento privado con fines de lucro, resulte un triste condimento más del paisaje de una provincia que ha perdido su capacidad de asombro.

Aunque el asunto sea aún más difícil de explicar si se toma en cuenta que esa cifra ha sido otorgada según consta en documentos oficiales avalados por autoridades provinciales, a una persona que tras una rápida comprobación, demuestra no saber de qué se le está hablando.

Los Fabulosos Cadillacs no fueron “contratados” por los mendocinos para un evento gratuito, ni mucho menos para un encuentro popular como podría ser la Fiesta de la Vendimia o algunos de los emblemáticos festivales que tiene Mendoza. Actuaron en Andes Talleres a cuenta y riesgo de productores profesionales que han hecho de esta tarea su razón empresaria.

Cuesta entender que –por la razón que sea- deba aparecer la mano (y el bolsillo) del Estado provincial para solventar los costos de este emprendimiento. Y decimos solventar, pues no se trata de un auspicio, mecánica habitual en el ambiente de la producción de espectáculos.

Justamente, a raíz de esta polémica no son pocos los productores que están que trinan. Muchos de ellos reconocen que habitualmente los auspicios que provienen de entidades públicas raramente superan los 20 o 30 mil pesos. Es decir, estamos hablando del 10% de lo que se le entregó –supuestamente- a Pedro Infante para “organizar” el show de Vicentico y compañía. Incluso, algunos productores admiten que hasta reciben auspicios de tres mil pesos…

Evidentemente, en este caso hay una trama política vinculada a la acción empresaria que ha permitido que una persona sin experiencia ni antecedentes en el rubro, aparezca en un decreto del Poder Ejecutivo recibiendo graciosamente más de un cuarto de millón de pesos.

¿Quién/es están detrás de Pedro Infante? ¿Se trata de un prestanombre? ¿A quiénes favoreció con su aparición? ¿Connivencia, tráfico de influencias, accionar delictivo? ¿Quién hizo de nexo entre la productora Offside y el poder político? ¿Es arbitrario y caprichoso otorgar esa cifra para esta actividad? ¿O en todo caso hay toda una concepción del poder y su impunidad? ¿Luis Böhm es inocente? ¿Lo obligaron a usar dinero de su partida presupuestaria? ¿Quién le dio esa orden? ¿Por qué la cumplió?

Son demasiadas las preguntas que parecen, por estas horas, no tener respuesta. Y que en realidad no tienen explicación convincente ante el hecho de semejante cifra –repetimos- para un show privado que además cobró entradas suculentas. Sobre esto, otro conocedor del rubro confesó que en realidad estamos ante un gran negocio de un millón de pesos. Una cifra que surge rápidamente de la suma de los 300 mil que puso el Estado más  la venta de unas 7.000 entradas a un promedio de 100 pesos que surge de la recaudación de esa noche en Andes Talleres que dan la friolera de 700 mil pesos que completan el millón. Todo ello, claro está, sin considerar además otros sponsors, muchos de ellos importantes firmas comerciales.

Reconstruir la ruta del dinero, ubicar a sus responsables y establecer en qué medida el patrimonio provincial se ha visto afectado con esta maniobra es una urgencia que no sólo debe tomar la Justicia, sino también el propio Gobierno.

Por la gravedad del hecho, Celso Jaque debería estar dando las explicaciones necesarias, pidiendo las renuncias o apartando funcionarios de manera preventiva. Bienvenido el accionar del fiscal Martearena quien seguramente ya deber estar considerando indagatorias y secuestrando documentación probatoria. Porque si nada de esto pasa, habrá que creer, seriamente, que la función pública ha dejado de ser un servicio para transformarse en un fenomenal negocio para algunos funcionarios y otros tantos amigos.