Una mala campaña electoral, que dejó ocultas las propuestas de los candidatos

La campaña electoral ha abundado en chicanas, operaciones y picardías de toda clase. El debate ha tenido serias dificultades de concretarse, incluso más allá de los esfuerzos de algunas universidades y otros tantos medios de comunicación. Los candidatos parecen haber privilegiado más las frases rutilantes que los conceptos o las definiciones de fondo.

Entre ello, es importante mencionar el fortalecimiento del Consejo de la Magistratura, la normalización de los organismos de control como el INDEC, la sanción de un nuevo régimen penal juvenil, una asignación escolar universal, la implementación del Servicio Cívico Voluntario, la reducción hasta su eliminación de las cargas tributarias distorsivas como las retenciones y el impuesto al cheque que afectan a la producción de Mendoza.

En la política social, se propone como “imprescindible, corregir la injusta distribución del ingreso”. Eso se haría una “política impositiva” progresiva y una disminución de los impuestos que “gravan el consumo”. Agrega, además, el aumento de la “participación de los trabajadores en el ingreso nacional”, “la priorización del gasto público destinado a obras de infraestructura”, y la eliminación de “cargas tributarias” como la sobretasa de energía eléctrica para Santa Cruz.

Asume el compromiso de llevar adelante una “asignación escolar universal”, “modificar la ley de financiamiento educativo”, “implementar el servicio cívico voluntario”, “promover la actualización de los haberes de los jubilados” y “promover una ley federal de asistencia sanitaria”.

En el plano económico, promueve para Mendoza “políticas activas de financiamiento”, la reducción “hasta su eliminación de las cargas tributarias distorsivas”; “no gravar los bienes que favorecen el desarrollo de la información y comunicación”, el “desarrollo de la infraestructura energética, de transportes, comunicaciones e información”, la promoción del “desarrollo territorial ambientalmente sustentable” (con el cumplimiento de la Ley de protección de glaciares) y el fortalecimiento de la inserción económica del país y de Mendoza en el mundo y en particular el MERCOSUR”.

Propuestas del Partido Justicialista. Algo similar ocurre con el PJ, que pone foco en sus propuestas en cuatro rubros: para “la producción y las economías regionales”, la “salud, educación y medioambiente”, el “desarrollo social y empleo” y la “justicia y seguridad”.

En el primer ítem detalla la “estabilización de precios para productos regionales”, “el fomento y reactivación de la industria ferroviaria” y los “beneficios impositivos al turismo y créditos orientados a pymes”.  Aquí se propone la “baja al 10,5% del IVA para la inversión de bienes de capital y para todos los agroquímicos”, la sanción de una “nueva ley de emergencia agropecuaria”, que incluya asistencia financiera y amplíe el concepto de emergencia a la acción del hombre como incendios forestales, contaminación y otros.

Propone además, una mejora del régimen de “compre trabajo argentino” a fin de fortalecer la industria nacional. A ello se suma un impulso de “créditos especiales para pymes que tengan como objeto el desarrollo turístico”.

En el rubro “salud, educación y medio ambiente”, se resalta el “programa para la tercera edad orientado a enfermos crónicos”, “nueva ley nacional de prevención y tratamiento de adicciones”, “educación para el empleo”, “prevención y tratamiento de adicciones” y “defensa del agua y compensación del daño ambiental”.

Se busca impulsar la educación no tradicional, con capacitación para oficios, la intervención “sociosanitaria integral” para el tema droga, y la incorporación de mecanismos de “compensación” para reparar los daños ambientales.

En el ítem relacionado con el “desarrollo social y empleo”, se pone énfasis en el “empleo joven” con incentivo a las empresas que efectivicen a trabajadores. Se propone, además, la creación de un círculo virtuoso entre “trabajo, familia y educación”, con articulación del Poder Ejecutivo Nacional de los programas sociales.

En el apartado destinado a “justicia y seguridad”, se propone la “creación de la policía judicial” y la “agencia de lucha contra el narcotráfico autónoma y autárquica”.

Propuesta del Partido Demócrata-PRO. El PD ha dividido sus propuestas en siete aspectos: educación, seguridad, salud, empleo, vivienda, jubilaciones y relación provincia-nación: federalismo.

En educación, se propone al “docente como eje del cambio”, “infraestructura edilicia, tecnológica, deportiva y cultural”, extensión del horario en todas las escuelas y enseñanza del inglés desde primer año. Asimismo, se menciona otras que son de índole provincial como la reforma de la Dirección General de Escuelas.

En seguridad se sugiere, entre otras ideas,  “parar a la policía y a Gendarmería en el terreno, en base a criterios de seguridad y no a intereses electorales”, la “creación de Centro de equipamiento policial”, la “creación de una unidad coordinadora interministerial de seguridad”, y la creación de un “grupo especial de inteligencia”. Asimismo, el “envío a la Legislatura de un Plan Penitenciario Provincial”, el programa “Plaza feliz” en asocio con los municipios, la reforma del Código Penal y la “disminución de la edad para la responsabilidad penal a 14 años”.

En salud, un programa de “transformación de los centros de salud, con horarios extendidos”, la “mayor autonomía operativa y financiera a las autoridades de los hospitales públicos”, la creación de un “Centro logístico de salud” y la ley de reestructuración de la OSEP.

En lo que refiere al empleo, la creación de un acuerdo con la Nación para transformar los planes sociales “planes de capacitación laboral”, la creación de un “polo tecnológico del sector TIC’S” y la “ley de trámite único para empresas” a fin de evitar la burocratización.

Respecto a vivienda, relanzar el programa “Mendoza sin villas”, el plan “la primera casa”, el apoyo a las cooperativas de vivienda y la “inclusión de sistemas no tradicionales de construcción”.

En el rubro jubilaciones, la sanción de una ley que “garantice que los fondos de los aportantes a la Anses no se los dilapide en inversiones improductivas”; garantizar el “82% móvil” y la recuperación de la caja provincial.

La relación provincia-Nación, la “eliminación de los regímenes de promoción industrial” que perjudican a Mendoza, una nueva ley de coparticipación federal, la defensa de las regalías petrolíferas, la recuperación del 15% que la Nación deriva al Anses, la eliminación del impuesto al cheque y la creación de un “banco de proyectos energéticos” para la provincia.

De espectadores a ciudadanos. Evidentemente, los partidos y los candidatos tienen abundantes propuestas, sólo que tanto los dirigentes como los medios (y también la ciudadanía) parecen querer situar la discusión en términos mucho más banales. Como si acaso el facilismo y la necesidad de elegir sin pensar, urgiera a ubicarnos en el reino de lo superfluo.