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De las candidaturas truchas a la Justicia testimonial
La decisión de rechazar en primera instancia las impugnaciones a Kirchner, Scioli, Massa e intendentes del PJ bonaerense supone una actitud de mirar hacia el costado cuando en el fondo del asunto podría cocinarse un fenomenal fraude a la voluntad popular.
La justicia electoral en primera instancia optó por rechazar las impugnaciones presentadas contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, casi cincuenta intendentes bonaerenses, el ministro Sergio Massa y el ex presidente Néstor Kirchner.
La presentación del Acuerdo Cívico y Social incluía desde las famosas candidaturas testimoniales al cambio de domicilio express de Kirchner, lo que permitiría habilitarlo como candidato en Buenos Aires; algo que ya su mujer concretó en el 2005 esgrimiendo su origen en la ciudad de La Plata pese a que había representado como legisladora nacional a Santa Cruz desde el ‘97 al 2001.
El fallo del juez electoral Manuel Blanco puede ser correcto desde lo jurídico pero sin duda no le hinca el diente a lo sustancial del asunto: la interpretación política de una decisión política. Podrá argumentarse que este tipo de interpretaciones exceden las atribuciones de un juez, y también se puede coincidir en esto. Mucho más cuando, según se alega, no hay pruebas contundentes respecto a que tanto Scioli como los intendentes efectivamente (como se presupone) no vayan a asumir en los cargos para los que ahora se postulan.
Allí radica la picardía del oficialismo, que con doble discurso (y también con doble moral) pretende establecer un contrato electoral con la ciudadanía en la complicidad que ese contrato no es lo que figura en los papeles, sino otro que a todas luces se desconoce. Esa incertidumbre que le hace ruido a la sociedad no le hace ruido a la Justicia.
Si la contienda electoral suele reducirse a un determinado mercado, donde necesariamente los ciudadanos deben elegir entre lo que ese mercado (la corporación política) ofrece, las opciones partidarias, sus frentes y alianzas, se reducen a una simple oferta. Algo que también en este caso merece alguna consideración.
Las candidaturas testimoniales, y su amplia gama de variantes: desde el “triple play” de Sergio Massa (intendente de Tigre, jefe de Gabinete y ahora aspirante al Parlamento) al perfil “bonaerense” de un ex presidente que hizo gala de su origen y destino patagónico (será que los pingüinos migraron a tierra bonaerense), pasando por la expresa prohibición constitucional que tiene el gobernador de Buenos Aires de formar parte del Congreso, constituyen una oferta engañosa y una patraña política.
Hasta puede entenderse que la Justicia no desee inmiscuirse en estos asuntos, tan delicados y tan proclives a la presión, aunque ello no obsta a tomar nota cuando aparezcan indicios de que la voluntad popular puede ser violada. Y este es el punto que puede corregir ahora la Cámara electoral si hace lugar a las apelaciones que seguramente se presentarán.
Si la Justicia entiende que no hay pruebas que demuestren que algunos candidatos no piensan asumir, se podría exigir entonces una ratificación pública de esa voluntad. Algo que en esta instancia no se hizo, pero que se podría hacer en la próxima, si es que los tiempos judiciales llegan antes del 28 de junio.
Se supone que nadie va en una lista para no asumir, pero aunque así no sea, y ante la duda que ello pueda inducir al engaño del electorado, la justicia electoral bien podría exigir una ratificación de ese acto. De lo contrario, la Justicia se reduce a una oficina certificadora de acciones, y no a una institución capaz no sólo de corregir errores, sino también de preverlos: una Justicia testimonial.
Más allá de que esto suceda o no, la ética pública además debería exigir (o surgir de los propios candidatos, lo cual es mucho más difícil) presentar su renuncia al cargo que ostentan si pretenden continuar su carrera política en otro ámbito o poder público. Y esta circunstancia también incluye a muchos candidatos de la oposición. Nadie desea proscribir ni impedir el derecho de nadie a ser elegido, siempre y cuando las reglas del juego sean tales, y especialmente, se cumplan.
La democracia no sólo se constituye con gimnasia y continuidad electoral, sino también con acciones transparentes que sinceren el vínculo entre representantes y representados. La viveza criolla puede ayudar a ganar elecciones pero de ninguna manera solidifican un sistema que flaquea justamente allí donde esta decisión impacta de lleno: la credibilidad de la política y sus actores.
Las candidaturas testimoniales, y su amplia gama de variantes: desde el “triple play” de Sergio Massa (intendente de Tigre, jefe de Gabinete y ahora aspirante al Parlamento) al perfil “bonaerense” de un ex presidente que hizo gala de su origen y destino patagónico (será que los pingüinos migraron a tierra bonaerense), pasando por la expresa prohibición constitucional que tiene el gobernador de Buenos Aires de formar parte del Congreso, constituyen una oferta engañosa y una patraña política.
Hasta puede entenderse que la Justicia no desee inmiscuirse en estos asuntos, tan delicados y tan proclives a la presión, aunque ello no obsta a tomar nota cuando aparezcan indicios de que la voluntad popular puede ser violada. Y este es el punto que puede corregir ahora la Cámara electoral si hace lugar a las apelaciones que seguramente se presentarán.
Si la Justicia entiende que no hay pruebas que demuestren que algunos candidatos no piensan asumir, se podría exigir entonces una ratificación pública de esa voluntad. Algo que en esta instancia no se hizo, pero que se podría hacer en la próxima, si es que los tiempos judiciales llegan antes del 28 de junio.
Se supone que nadie va en una lista para no asumir, pero aunque así no sea, y ante la duda que ello pueda inducir al engaño del electorado, la justicia electoral bien podría exigir una ratificación de ese acto. De lo contrario, la Justicia se reduce a una oficina certificadora de acciones, y no a una institución capaz no sólo de corregir errores, sino también de preverlos: una Justicia testimonial.
Más allá de que esto suceda o no, la ética pública además debería exigir (o surgir de los propios candidatos, lo cual es mucho más difícil) presentar su renuncia al cargo que ostentan si pretenden continuar su carrera política en otro ámbito o poder público. Y esta circunstancia también incluye a muchos candidatos de la oposición. Nadie desea proscribir ni impedir el derecho de nadie a ser elegido, siempre y cuando las reglas del juego sean tales, y especialmente, se cumplan.
La democracia no sólo se constituye con gimnasia y continuidad electoral, sino también con acciones transparentes que sinceren el vínculo entre representantes y representados. La viveza criolla puede ayudar a ganar elecciones pero de ninguna manera solidifican un sistema que flaquea justamente allí donde esta decisión impacta de lleno: la credibilidad de la política y sus actores.