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El curioso caso de la ex ejecutiva de Edemsa que ahora quiere subir la luz

Patricia Martínez fue presidenta del directorio de Edemsa y desde octubre es la subsecretaria de Servicios Públicos.Negoció para el sector privado durante años los aumentos tarifarios. Anoche hizo una de sus primeras apariciones en público por este tema. Y mirá qué dijo.

El dato no es nuevo. Pero tomó mucho más valor en los últimos días: Patricia Martínez, la funcionaria del Gobierno que supuestamente está hoy defendiendo los intereses del Estado (y en consecuencia de los consumidores) frente al reclamo de las empresas eléctricas para que suba la luz, hasta hace meses nada más era la presidenta del directorio de Edemsa.

La actual subsecretaria de Servicios Públicos y una de las responsables del armado legal del nuevo cuadro tarifario eléctrico que Celso Jaque quiere imponer por decreto y que llegará al 24%, tiene una larga trayectoria en la principal prestadora del servicio de luz en la provincia hasta mediados de 2008.

Martínez fue asesora legal de Edemsa en los primeros años luego de la privatización de la empresa, posteriormente renunció y luego volvió a formar parte del equipo de asesoramiento legal de la prestadora eléctrica de la mano de Nicolás Becerra.

Licenciada en Ciencias Políticas y de militancia dentro de los cuadros técnicos del PJ, hasta poco tiempo de hacerse cargo de la subsecretaría de Servicios Públicos, en octubre de 2008, Martínez ocupó el cargo de presidente del directorio, uno de los puestos ejecutivos más altos de la empresa.

Durante los años que se desempeñó en el área legal de Edemsa, Martínez fue la encargada de armar la estrategia jurídica empresarial para ir luego a pedirle los aumentos al Gobierno.

Este martes hizo una de sus primeras apariciones públicas, esta vez del lado de funcionaria, luego de que estallara la polémica por el aumento de la luz que Celso Jaque autorizó para que empiece a regir a partir de agosto.

Martínez acompañó al ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, a la reunión de la comisión legislativa que intentó profundizar los motivos del gobierno para habilitar el tarifazo eléctrico.

En un momento del debate en la Legislatura, a la funcionaria le tocó defender uno de los puntos más polémicos de los argumentos del gobierno: los $2,3 millones que, en concepto de “efectos del vandalismo”, que fueron incluidos en un paquete de $77 millones que Infraestructura autorizó por encima de lo que recomendaba el Ente Regulador Eléctrico (EPRE)

Según explicó Pérez, el EPRE en sus análisis no tuvo en cuenta los efectos del vandalismo, la generación en lugares aislados, ni la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza, entre otros factores no debidamente explicitados.

Los “efectos del vandalismo”, no son otra cosa que el robo de cables que las empresas eléctricas sufren desde hace años en Mendoza, que el Estado quiere pagar en forma retroactiva y que fueron defendidos por Martínez de esta manera.





La explicación de la funcionaria es entendible, salvo por un detalle: los robos de cables que ahora los usuarios de luz tienen que pagarle a la empresa, tuvieron su impacto más fuerte cuando Martínez estaba al frente de la empresa.