Por qué es inoportuna e inadecuada la reforma de Jaque
¿Es posible en tiempos electorales plantear una reforma constitucional? ¿Tiene chances efectivas de concretarse? ¿Cuál es la urgencia del gobierno? Estas son algunas de las preguntas sobre un proyecto que todavía no existe, del que no se ha debatido ni explicado, pero que pretende cerrarse antes del 28 de junio.
Con una lectura distorsionada de la realidad (o como especula la oposición, pretendiendo instalar un tema para no hablar de otros más acuciantes), el gobierno de Celso Jaque parece dispuesto a intentar un nuevo embate por la reforma constitucional.
Supone el gobierno que en pleno proceso electoral, definido desde el mismo oficialismo como un “plebiscito” (que además está acompañado de un enrarecido clima que incluye el adelantamiento del cronograma y las polémicas “candidaturas testimoniales”), este proyecto será acompañado mayoritariamente por el arco político.
La decisión, aún no cristalizada y que estaría disponible en 15 días cuando sea girada a la Legislatura, implica una suma ingenuidad política o la deliberada intención de cambiar la agenda en el contexto preelectoral que aparece como arduo para el jaquismo.
Tal vez contagiado por cierta vocación legislativa express del kirchnerismo, se estima que en un poco más de dos meses, habrá tiempo para el acuerdo con los partidos políticos (en especial aquellos con representación parlamentaria), la consulta con los especialistas, la difusión entre la ciudadanía, y el tratamiento y debate en la Legislatura. Claro está, todo ello mientras en cada rincón de la provincia casi los mismos actores se maten por imponer sus candidaturas a los concejos deliberantes, a la cámara alta y baja provincial y al Parlamento nacional.
Así, sólo el sentido de la oportunidad parece tirar por tierra una iniciativa que por las primeras reacciones parece no contar con demasiadas chances. Pero más allá de ello, está el proyecto en sí, o lo que ha trascendido de él, que no despierta todavía demasiadas pasiones. Ni siquiera en el propio oficialismo que también está enfrascado en la puja electoral, pero además, por lo que esconde. Y aquí también el gobierno intenta, en la confusión, meter gato por liebre.
Es cierto que en algunos intentos anteriores, los partidos han tomado postura frente algunos temas sobre los que se cree debe haber una modificación. Ello se hizo en contextos alejados de las elecciones buscando poner por encima de la coyuntura la discusión que merece la Carta Magna. Recuperar esa discusión puede ser provechoso y efectivo de cara a este impulso reformista, pero ello no puede ser un atajo para evitar la discusión actualizada y profunda de aspectos tan centrales de la vida político-institucional que justamente por ello tienen resguardo constitucional.
Más allá de eso, no existe consenso (y sí gran sensibilidad) sobre la reelección del gobernador. En especial, a partir de cuándo podría regir una eventual modificación. Al menos en estos últimos días, el gobernador Jaque no se ha excluido contundentemente de esa supuesta extensión que podría habilitar un segundo mandato.
Asimismo, tampoco hay acuerdo (por el contrario, hay oposición) a que se modifique el sistema parlamentario local y que pase de bicameral como es en la actualidad, a un sistema unicameral. Incluso, algunos especialistas consultados oportunamente por MDZ como Dardo Pérez Gilhou y Gabriela Ábalos recomendaron la profundización de la bicameralidad, modificando la representación del Senado para que sea una cámara en la que se refleje el poder territorial, específicamente de los municipios.
De ninguna manera se ha logrado acuerdo antes sobre la elección del procurador por voto directo. Esta parece ser una obsesión de Jaque, en especial del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán quien mantiene un fuerte entredicho con el actual responsable de la Procuración, Rodolfo González.
De la misma manera, no ha trascendido aún que el proyecto avance hacia otros ámbitos tal vez más trascendentes para los mendocinos como son la necesaria autonomía municipal, la protección ambiental (con las polémicas que incluye en torno de la explotación minera y la preservación del agua), el uso del suelo, entre otros.
Al parecer, se trata básicamente de una pseudo reforma política, que ni siquiera avanza sobre aquellos aspectos de fondo como las listas sábanas, o la composición de los distritos electorales; o de una parcial reforma que modifique aquellos aspectos del funcionamiento de la Justicia que el gobernador ha cuestionado en algunas oportunidades, mencionándolo incluso como un obstáculo para el cumplimiento de su política de seguridad.
Así las cosas, resulta poco probable que en un escenario de alta fragmentación y gran complejidad, agudizado por las demandas sociales de una crisis internacional que repercute en el país, un proyecto sin debate ni consenso pueda avanzar sin zozobra alguna. Mucho más, si como se intuye, detrás de la apuesta reformista -y sus apuros- hay una cortina de humo que impida hacer un correcto balance de la gestión para enfrascarse hasta el infinito en cuántas voluntades se necesitan para habilitar la discusión de la reforma constitucional en la Provincia de Mendoza.
La idea de hacer mirar para el costado aparece tan audaz como inadecuado su contenido, e inoportuno su tratamiento.
Es cierto que en algunos intentos anteriores, los partidos han tomado postura frente algunos temas sobre los que se cree debe haber una modificación. Ello se hizo en contextos alejados de las elecciones buscando poner por encima de la coyuntura la discusión que merece la Carta Magna. Recuperar esa discusión puede ser provechoso y efectivo de cara a este impulso reformista, pero ello no puede ser un atajo para evitar la discusión actualizada y profunda de aspectos tan centrales de la vida político-institucional que justamente por ello tienen resguardo constitucional.
Más allá de eso, no existe consenso (y sí gran sensibilidad) sobre la reelección del gobernador. En especial, a partir de cuándo podría regir una eventual modificación. Al menos en estos últimos días, el gobernador Jaque no se ha excluido contundentemente de esa supuesta extensión que podría habilitar un segundo mandato.
Asimismo, tampoco hay acuerdo (por el contrario, hay oposición) a que se modifique el sistema parlamentario local y que pase de bicameral como es en la actualidad, a un sistema unicameral. Incluso, algunos especialistas consultados oportunamente por MDZ como Dardo Pérez Gilhou y Gabriela Ábalos recomendaron la profundización de la bicameralidad, modificando la representación del Senado para que sea una cámara en la que se refleje el poder territorial, específicamente de los municipios.
De ninguna manera se ha logrado acuerdo antes sobre la elección del procurador por voto directo. Esta parece ser una obsesión de Jaque, en especial del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán quien mantiene un fuerte entredicho con el actual responsable de la Procuración, Rodolfo González.
De la misma manera, no ha trascendido aún que el proyecto avance hacia otros ámbitos tal vez más trascendentes para los mendocinos como son la necesaria autonomía municipal, la protección ambiental (con las polémicas que incluye en torno de la explotación minera y la preservación del agua), el uso del suelo, entre otros.
Al parecer, se trata básicamente de una pseudo reforma política, que ni siquiera avanza sobre aquellos aspectos de fondo como las listas sábanas, o la composición de los distritos electorales; o de una parcial reforma que modifique aquellos aspectos del funcionamiento de la Justicia que el gobernador ha cuestionado en algunas oportunidades, mencionándolo incluso como un obstáculo para el cumplimiento de su política de seguridad.
Así las cosas, resulta poco probable que en un escenario de alta fragmentación y gran complejidad, agudizado por las demandas sociales de una crisis internacional que repercute en el país, un proyecto sin debate ni consenso pueda avanzar sin zozobra alguna. Mucho más, si como se intuye, detrás de la apuesta reformista -y sus apuros- hay una cortina de humo que impida hacer un correcto balance de la gestión para enfrascarse hasta el infinito en cuántas voluntades se necesitan para habilitar la discusión de la reforma constitucional en la Provincia de Mendoza.
La idea de hacer mirar para el costado aparece tan audaz como inadecuado su contenido, e inoportuno su tratamiento.
