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De la ética de las convicciones a la crudeza del desencanto
Un repaso por los hitos de su pensamiento y aquellos momentos de su gestión presidencial que sin dudas marcaron a los argentinos. La integridad de la política y la visión de una democracia social fueron algunas de sus premisas que todavía esperan ser cumplidas.
“Cómo hacer para que el primer objetivo de la democracia sea mejorar cuanto antes las condiciones objetivas de vida del hombre; cómo hacer para que la primera meta de un proceso progresista sea la transformación del hombre y de su cultura…”. Estas ideas fueron algunas de las obsesiones de Raúl Alfonsín en relación con el rol de la política y su vida pública.
Alfonsín representó la posibilidad concreta y cierta del afianzamiento democrático cuando en el país todavía había ecos de la violencia política que en los ‘70 se había hecho carne tanto por izquierda como por derecha. Frente a eso, expresaba: “la única alternativa es: democracia política, desarrollo al servicio del interés nacional y democracia social”, como expresó en su libro Ahora, mi propuesta política, del cual se han extraído las frases que acompañan esta semblanza.
Del horror a la ilusión. La justificación de esa violencia había desembocado en una de las mayores tragedias de la historia argentina: la dictadura militar que entronizó la abolición de los derechos humanos como método y la tortura como su sistema predilecto. “Todos sabemos que el atraso y la pobreza conspiran contra la democracia y que sin ella es imposible el respeto por las otras categorías de derechos humanos”, reflexionaba.
Tras esa nefasta experiencia, que sumó además el desbarrancamiento de la industria nacional, la traumática experiencia de una guerra y la palpable supresión de valores colectivos e individuales (pues una sociedad militarizada y reprimida, no deja espacios ni para la discusión y mucho menos para la expresión), Alfonsín sintetizó la garantía de construcción después del terremoto. “La acción política es, ante todo, una acción transformadora de la realidad. No puede haber principios tales que nieguen la capacidad de acción. De allí que el desafío para los hombres políticos sea encontrar en el campo de la ética los caminos que aseguren la acción”.
Su apuesta política fue la de la paz y la tolerancia, aún a riesgo de pecar de ingenuidad, en el contexto de un país que con sus libertades recuperadas -como corresponde a una democracia cabal-, aseguró lentamente también el ejercicio sindical, la constante puja partidaria (incluso en el suyo, la Unión Cívica Radical) y el acechante accionar de las corporaciones económica, eclesiástica y militar. Consideraba que esa “paz que no nace de la claudicación, sino de la perseverancia en la realización de una política de principios”.
Estaba convencido, como escribió alguna vez, que “la quiebra súbita de una escala de valores puede traducirse en la ausencia de términos de referencia políticos, sociales, culturales y morales. Una sociedad no resiste esa mutilación. Y por eso tratará de lograr un fuerte componente cohesivo, que si no nace de la sociedad a través de una propuesta democrática, será encarnado por una minoría que buscará la expresión más crudamente autoritaria del Estado”.
La democracia como la victoria de los derechos humanos. Su triunfo en las elecciones de octubre de 1983 puso de manifiesto la mayoritaria voluntad de superación de un país que quería superar el horror. Su decisión inicial de encarar el juicio a las Juntas Militares responsables del accionar durante la dictadura, hizo que su figura tomara dimensión de estadista y que la pusiera en la consideración internacional como paradigma de la verdad, la justicia y la memoria. Esa misma tríada que hoy adquiere consideración pero que sin aquel trascendente hecho no habría sido posible.
Consideraba que “una de las causas de la desestabilización política latinoamericana es que la democracia no ha logrado dar satisfacción a las expectativas de los sectores populares, traducidas en requerimientos vinculados con la justicia social, y en definitiva, con la dignidad del hombre”.
Sin embargo, ese capital político inicial lentamente se fue desgastando y consumiendo. De la misma manera que aquellas corporaciones, tanto por acción como por omisión, envalentonados ante un gobierno que iba perdiendo la iniciativa, o confundidos por la escasa gimnasia democrática, llevaron a Alfonsín a cometer errores y actuar con la lógica de quien está acorralado.
El imperio del mercado por sobre la lógica de la política. La fuga del control de las variables económicas, hiperinflación mediante y las asonadas militares que basaban sus proclamas golpistas en el cese de las acciones judiciales contra los hombres las Fuerzas Armadas, generaron un enrarecido clima político y social, que la oposición y la dirigencia sindical aprovecharon irresponsablemente. Frente a esto expresaba que “el equilibrio democrático supone igualmente la subordinación de la economía a los propósitos políticos que lo inspiran”. Pues entendía que “la inflación es, además de un flagelo económico, un poderoso ingrediente desestabilizador del sistema democrático”.
Más allá de eso expresaba que “no concibo la posibilidad del progreso social como no sea en el marco de la libertad. El progreso social debe ser la resultante del perfeccionamiento de las instituciones propias de la democracia pluralista y representativa, para que no sea efímero o limitado”.
En ese sentido, su pensamiento se resumía en la siguiente fórmula: “desarrollo económico y también educación, salud, seguridad social, pleno empleo, salario justo y suficiente. Pero igualmente plenas libertades políticas y sociales”. Una síntesis de los grandes aportes de los dos partidos mayoritarios de nuestro país: la institucionalidad, el valor republicano y las libertades individuales de la Unión Cívica Radical y la justicia social, la independencia económica y la soberanía política del Partido Justicialista.
Las presiones y el desencanto. La sanción de las leyes de obediencia debida y punto final fueron la acción desesperada de un gobierno que según confesó años más tarde, prefirió privilegiar la institucionalidad antes que sus concesiones al poder militar, y con ello, a la derecha nostálgica a la que se había apabullado en las urnas años atrás. Sin dudas, un error que el entonces presidente intentó defender, pero que no tenía mayores chances de defensa.
De alguna manera, se contradijo con lo que alguna vez había expresado que “cualquier claudicación moral o política en estos asuntos destruirá las condiciones necesarias para alcanzar una democracia permanente”. Sin embargo, su gobierno entregó estas concesiones en la certeza que –paradójicamente- eso alcanzaría para consolidar esa democracia permanente que se veía amenazada.
De allí en más, su salida anticipada del poder como un nuevo sacrificio por la continuidad democrática, se resumió con lucidez en sus propias palabras que no dejaban esconder sus rasgos de hombre tozudo: “hay cosas que no supimos, otras que no pudimos y otras que no quisimos hacer”.
Así, resumió una gestión de la cual quedaron algunos gestos y otras tantas experiencias que sin dudas han servido para la continuidad institucional. El tratado de paz con Chile que significó la batalla política contra los falsos nacionalismos y las bravuconadas que desde tiempos preelectorales lo acusaban de “cipayo”; la ley de divorcio vincular que marcó claramente la separación de Iglesia y Estado según corresponde a la organización de un país laico; el intento fallido de reorganización del poder sindical; el impulso definitivo a la creación del MERCOSUR; la patria potestad compartida; el debate profundo y extenso del modelo educativo a través del Congreso Pedagógico, entre otros, que son algunos buenos ejemplos de la necesidad de cambiar el eje profundo de las discusiones que animaron la historia de este país durante medio siglo.
Al margen de sus aciertos y errores, su profunda vocación humanista se resume en la firme concepción de un país que ha de afirmarse “en la convicción de la necesidad de respetar al hombre y veremos alrededor nuestro el milagro de un mundo que saluda respetuosamente a un pueblo puesto de pie sobre su propia capacidad para proclamar, otra vez, como en la historia, el derecho sagrado a la libertad”.
Estaba convencido, como escribió alguna vez, que “la quiebra súbita de una escala de valores puede traducirse en la ausencia de términos de referencia políticos, sociales, culturales y morales. Una sociedad no resiste esa mutilación. Y por eso tratará de lograr un fuerte componente cohesivo, que si no nace de la sociedad a través de una propuesta democrática, será encarnado por una minoría que buscará la expresión más crudamente autoritaria del Estado”.
La democracia como la victoria de los derechos humanos. Su triunfo en las elecciones de octubre de 1983 puso de manifiesto la mayoritaria voluntad de superación de un país que quería superar el horror. Su decisión inicial de encarar el juicio a las Juntas Militares responsables del accionar durante la dictadura, hizo que su figura tomara dimensión de estadista y que la pusiera en la consideración internacional como paradigma de la verdad, la justicia y la memoria. Esa misma tríada que hoy adquiere consideración pero que sin aquel trascendente hecho no habría sido posible.
Consideraba que “una de las causas de la desestabilización política latinoamericana es que la democracia no ha logrado dar satisfacción a las expectativas de los sectores populares, traducidas en requerimientos vinculados con la justicia social, y en definitiva, con la dignidad del hombre”.
Sin embargo, ese capital político inicial lentamente se fue desgastando y consumiendo. De la misma manera que aquellas corporaciones, tanto por acción como por omisión, envalentonados ante un gobierno que iba perdiendo la iniciativa, o confundidos por la escasa gimnasia democrática, llevaron a Alfonsín a cometer errores y actuar con la lógica de quien está acorralado.
El imperio del mercado por sobre la lógica de la política. La fuga del control de las variables económicas, hiperinflación mediante y las asonadas militares que basaban sus proclamas golpistas en el cese de las acciones judiciales contra los hombres las Fuerzas Armadas, generaron un enrarecido clima político y social, que la oposición y la dirigencia sindical aprovecharon irresponsablemente. Frente a esto expresaba que “el equilibrio democrático supone igualmente la subordinación de la economía a los propósitos políticos que lo inspiran”. Pues entendía que “la inflación es, además de un flagelo económico, un poderoso ingrediente desestabilizador del sistema democrático”.
Más allá de eso expresaba que “no concibo la posibilidad del progreso social como no sea en el marco de la libertad. El progreso social debe ser la resultante del perfeccionamiento de las instituciones propias de la democracia pluralista y representativa, para que no sea efímero o limitado”.
En ese sentido, su pensamiento se resumía en la siguiente fórmula: “desarrollo económico y también educación, salud, seguridad social, pleno empleo, salario justo y suficiente. Pero igualmente plenas libertades políticas y sociales”. Una síntesis de los grandes aportes de los dos partidos mayoritarios de nuestro país: la institucionalidad, el valor republicano y las libertades individuales de la Unión Cívica Radical y la justicia social, la independencia económica y la soberanía política del Partido Justicialista.
Las presiones y el desencanto. La sanción de las leyes de obediencia debida y punto final fueron la acción desesperada de un gobierno que según confesó años más tarde, prefirió privilegiar la institucionalidad antes que sus concesiones al poder militar, y con ello, a la derecha nostálgica a la que se había apabullado en las urnas años atrás. Sin dudas, un error que el entonces presidente intentó defender, pero que no tenía mayores chances de defensa.
De alguna manera, se contradijo con lo que alguna vez había expresado que “cualquier claudicación moral o política en estos asuntos destruirá las condiciones necesarias para alcanzar una democracia permanente”. Sin embargo, su gobierno entregó estas concesiones en la certeza que –paradójicamente- eso alcanzaría para consolidar esa democracia permanente que se veía amenazada.
De allí en más, su salida anticipada del poder como un nuevo sacrificio por la continuidad democrática, se resumió con lucidez en sus propias palabras que no dejaban esconder sus rasgos de hombre tozudo: “hay cosas que no supimos, otras que no pudimos y otras que no quisimos hacer”.
Así, resumió una gestión de la cual quedaron algunos gestos y otras tantas experiencias que sin dudas han servido para la continuidad institucional. El tratado de paz con Chile que significó la batalla política contra los falsos nacionalismos y las bravuconadas que desde tiempos preelectorales lo acusaban de “cipayo”; la ley de divorcio vincular que marcó claramente la separación de Iglesia y Estado según corresponde a la organización de un país laico; el intento fallido de reorganización del poder sindical; el impulso definitivo a la creación del MERCOSUR; la patria potestad compartida; el debate profundo y extenso del modelo educativo a través del Congreso Pedagógico, entre otros, que son algunos buenos ejemplos de la necesidad de cambiar el eje profundo de las discusiones que animaron la historia de este país durante medio siglo.
Al margen de sus aciertos y errores, su profunda vocación humanista se resume en la firme concepción de un país que ha de afirmarse “en la convicción de la necesidad de respetar al hombre y veremos alrededor nuestro el milagro de un mundo que saluda respetuosamente a un pueblo puesto de pie sobre su propia capacidad para proclamar, otra vez, como en la historia, el derecho sagrado a la libertad”.