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Caso Campanini: tratan de establecer si hubo responsabilidad del Estado
Es uno de los puntos que debe dilucidar el fiscal Luis Correa Llano. Más allá de la actuación de la Patrulla de Rescate, uno de los puntos clave es cómo está regulada la actividad en el Parque Aconcagua.
El fiscal de Delitos Complejos Luis Correa Llano tomó contacto este lunes por la tarde con el expediente abierto por las muertes del guía de montaña Federico Campanini y de la escaladora italiana, Elena Senin, quienes formaban parte de la misma expedición que hizo cumbre en el Aconcagua y luego quedaron atrapados en medio de un temporal de viento y nieve.
Hasta el momento, en la causa abierta existe poco material referido al trágico desenlace de Campanini. La mayor parte de las fojas tienen que ver con la averiguación de la muerte de la italiana y con los relatos relacionados con ese hecho. Por eso, una vez que termine de empaparse en el caso, Correa Llano citará a los médicos que revisaron el cuerpo del guía para ver si éstos pueden aportar algo más de lo que figura en el informe de la necropsia.
Una de las dudas que le había quedado a los familiares de Federico era por qué, si la patrulla de rescate descendió del Aconcagua el 8 de enero a las 20.30, en el certificado de defunción aparecía que el fallecimiento había ocurrido el 9 de enero.
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A partir de este dato, todo hacía suponer que lo dejaron vivo arriba y que lo abandonaron. Pero por el momento, sólo son especulaciones. El cuerpo de Campanini fue bajado el 28 de enero y el Cuerpo Médico Forense lo recibió el 1 de febrero. Parte de las conclusiones médicas también tienen que ver con las actas entregadas por los miembros de la patrulla. De esta manera, no se puede determinar con exactitud el horario y el día de la muerte.
El caso se presenta complejo. Dentro de los puntos a esclarecer, aparece todo un trasfondo legal sobre qué responsabilidad cabe al Estado en este asunto. Porque se entiende que quienes buscan hacer cumbre en el pico de América conocen el riesgo preexistente. Pero también es cierto que si el gobierno mendocino habilita y autoriza a esas personas, es porque posee –en teoría- la infraestructura necesaria para asistir a quien pueda ser víctima de un accidente.
Este punto será crucial en la investigación. Allí se sabrá con qué recursos cuenta la provincia y cuáles son los controles que se hacen antes de que una expedición inicie su camino hacia la cumbre.
Para conocer los detalles del operativo, el fiscal citará a los miembros de la Patrulla y a los voluntarios que participaron del ascenso del rescate. Una de las posibilidades es que les tome una declaración informativa. Esto significa que, si bien harán los relatos como testigos, en el caso de quedar imputados, esos testimonios pasarán a formar parte de una indagatoria. Aquí se abre otro punto: ¿Qué delito investiga? ¿Abandono de persona u omisión de auxilio? Y en el caso de que el Estado sea culpable por no brindar los medios de rescate necesarios, ¿quién será el funcionario imputado por “incumplimiento de los deberes?
Este punto será crucial en la investigación. Allí se sabrá con qué recursos cuenta la provincia y cuáles son los controles que se hacen antes de que una expedición inicie su camino hacia la cumbre.
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