Residuos patológicos: Landete lideró la defensa del nuevo sistema
El subsecretario de Planificación y Control de Salud se presentó en la Legislatura para defender el servicio que explotará una empresa de Pescarmona. "No nos tiene que importar el precio, sino los chicos que se pinchan con agujas en los basurales", aseguró.
“No se entiende bien cuál es la problemática, por eso vine a presentarme espontáneamente. Considero muy importante esta posibilidad de hablar con los diputados sobre un tema tan trascendental”, fue la explicación que dio el subsecretario de Planificación y Control del Ministerio de Salud, y cuñado del gobernador, Ricardo Landete, para justificar su presencia en una reunión con representantes de comisiones legislativas a la que no había sido convocado.
Precisamente, quien si estaba invitada a la cita en el salón Azul de la Legislatura, para responder a las consultas de los diputados sobre el nuevo proyecto de tratamiento de residuos patológicos, era Adriana Koch, directora de Epidemiología de la cartera sanitaria provincial. Pero, su presencia cobró un menor protagonismo y debió conformarse con un rol secundario en el cónclave.
La extensa, concurrida y por momentos tediosa reunión sirvió además para que Landete se posicionara, en su segunda aparición pública en menos de siete días, como defensor de la adjudicación del servicio integral de recolección, transporte y disposición final de materiales patogénicos.
El subsecretario abordó cada uno de los puntos en debate y en cada alocución intentó resaltar lo beneficioso del proyecto, aún más allá del cuestionamiento principal: el precio que se deberá pagar por el servicio.
“No nos tiene que importar el precio, si son tres, siete u once pesos, sino los chicos que hoy en día se pinchan con agujas en los basurales. Lo importante es que Mendoza está siendo pionera en esta materia en el país y se concluye un proceso de diez años”, explicó Landete; y hasta aportó una anécdota personal para graficar la problemática: “Cuando trabajaba en la Posta sanitaria del barrio Sol y Sierra, de Godoy Cruz, yo mismo trasladaba residuos patológicos en mi auto hacia centros de salud dónde sí pasaban a recolectarlos. No nos podemos permitir que esto vuelva a ocurrir en la provincia”.
Por su parte, Adriana Koch informó que desde mayo se ha organizado un programa de capacitación con talleres donde 700 trabajadores de la Salud se instruyeron sobre el tratamiento de los residuos hospitalarios de tipo patogénico. “Mientras más informado el personal, mejor tratamiento de los residuos”, dijo.
Pero, más allá de las argumentaciones de los funcionarios, las principales dudas de los legisladores pasaron por otros tres ejes cruciales del proyecto de adjudicación del sistema a la empresa TYSA, propiedad del grupo Pescarmona.
Uno de ellos, y quizás el más importante de todos, es la posibilidad de transformar la iniciativa en un monopolio de tratamiento de residuos.
“Mientras hablamos de combatir los monopolios pretendiendo sancionar otro tipo de leyes, con la adjudicación de este servicio estamos generando otro”, argumentó el justicialista disidente Roberto Blanco.
Sobre el precio del servicio, el diputado Ricardo Puga agregó: “las clínicas y sanatorios privados van a terminar tirando los residuos en cualquier lado, evitando ingresarlos al sistema porque no tienen los recursos para afrontar esos gastos".
Finalmente, el radical Daniel Viches expresó su malestar por la manera en que se trató el proyecto. “La Legislatura se convierte, con este proceder, en la escribanía provincial, y en caso de no convalidar este proceso licitatorio le estaríamos dando derechos a la empresa, que logró lícitamente adjudicarse el contrato, a entablar demandas y solicitar resarcimientos por parte del Estado”, afirmó concluyente Vilches.
No obstante, el presidente de la Cámara Baja, Jorge Tanús, salió a aclarar que si bien la Legislatura tiene 45 días para aprobar o no la licitación, se emitirá un dictamen en contra de una probable aprobación tácita y poder estirar los plazos del debate legislativo si es necesario.
Por su parte, Adriana Koch informó que desde mayo se ha organizado un programa de capacitación con talleres donde 700 trabajadores de la Salud se instruyeron sobre el tratamiento de los residuos hospitalarios de tipo patogénico. “Mientras más informado el personal, mejor tratamiento de los residuos”, dijo.
Pero, más allá de las argumentaciones de los funcionarios, las principales dudas de los legisladores pasaron por otros tres ejes cruciales del proyecto de adjudicación del sistema a la empresa TYSA, propiedad del grupo Pescarmona.
Uno de ellos, y quizás el más importante de todos, es la posibilidad de transformar la iniciativa en un monopolio de tratamiento de residuos.
“Mientras hablamos de combatir los monopolios pretendiendo sancionar otro tipo de leyes, con la adjudicación de este servicio estamos generando otro”, argumentó el justicialista disidente Roberto Blanco.
Sobre el precio del servicio, el diputado Ricardo Puga agregó: “las clínicas y sanatorios privados van a terminar tirando los residuos en cualquier lado, evitando ingresarlos al sistema porque no tienen los recursos para afrontar esos gastos".
Finalmente, el radical Daniel Viches expresó su malestar por la manera en que se trató el proyecto. “La Legislatura se convierte, con este proceder, en la escribanía provincial, y en caso de no convalidar este proceso licitatorio le estaríamos dando derechos a la empresa, que logró lícitamente adjudicarse el contrato, a entablar demandas y solicitar resarcimientos por parte del Estado”, afirmó concluyente Vilches.
No obstante, el presidente de la Cámara Baja, Jorge Tanús, salió a aclarar que si bien la Legislatura tiene 45 días para aprobar o no la licitación, se emitirá un dictamen en contra de una probable aprobación tácita y poder estirar los plazos del debate legislativo si es necesario.