El gobierno de Jaque dice que con la reforma constitucional promoverá la revocatoria de mandatos

La posibilidad de que los ciudadanos decidan el fin del mandato de un funcionario por estar insatisfechos con su gestión es la  punta de lanza con la que el Gobierno, o parte de él, buscará seducir a la oposición para que apruebe una reforma amplia de la Constitución mendocina.

Es que dicho artículo dice que una eventual reforma debe ser aprobada por una mayoría muy amplia. Según interpretó la Corte provincial en un fallo de la década de 1980, se trata de la mayoría del padrón electoral. Esto significa que, para que un proceso de reforma se inicie, no alcanza con obtener el apoyo mayoritario de los que van a votar, sino que los votos favorables se computan respecto del padrón general.

Así, es improbable que la reforma triunfe, ya que debe obtener alrededor del 90 por ciento de los votos de los que asisten al comicio, ya que todos los que no votan (y la participación viene cayendo en las últimas elecciones) son computados como votos negativos para la reforma.

El ministro Adaro considera que habrá dado “un paso histórico” si consigue que la oposición apoye su proyecto de enmienda del artículo 221. De ser así, los mendocinos votarán este año a favor o en contra de esa enmienda, y recién en 2011, se podría desarrollar la votación para reformar la Constitución de manera integral.

Esto quiere decir que la revocatoria de mandatos públicos y el resto de los temas que motivan a los reformistas a pedir cambios se empezarían a discutir después de que Celso Jaque haya abandonado el poder. De esta manera, al menos en lo inmediato, no se podría instalar otro de los debates en mente para el Gobierno: la reelección del gobernador.

El vicegobernador Cristian Racconto fue quien blanqueó la semana pasada el interés oficial en debatir si los gobernadores tienen que tener derecho a otro periodo, en vistas de que los legisladores cuentan con la posibilidad de ser reelegidos cuantas veces quieran, sin límites.

De todos modos, el ministro Adaro recuerda que la agenda de puntos a debatir en el marco de una reforma constitucional integral es muy amplia y podría abarcar desde los problemas ambientales al uso del agua, pasando por los temas vinculados a la reforma política y a la autonomía de los municipios.

Plan

El primer paso en el plan oficial es estrechar posiciones con el autor de un proyecto de ley que tomaría de base el Gobierno, porque va en el mismo sentido que lo que pretende el oficialismo. Ese proyecto es del senador radical Mauricio Suárez, lo que, al margen de la discusión constitucional, abriría un diálogo político del PJ con la UCR ortodoxa, que todavía está a mitad de camino entre ser oposición o acompañar al Gobierno.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá establecer prioridades, ya que la Legislatura ha aprobado en 2007 y 2008 otras dos enmiendas que deberían ser votadas en octubre. Una es ley: se quiere dejar sentado en la Constitución provincial que los intendentes no pueden tener más de un mandato consecutivo.

La otra enmienda tiene media sanción de Diputados y busca extender los periodos de sesiones ordinarias en la Casa de las Leyes.

A estas propuestas de enmienda se sumaría ahora la del artículo 221, que abriría la puerta a la reforma integral de las Carta Magna.

El dato a favor de los reformistas es que el mecanismo de la enmienda (cambio de un solo artículo) ha sido en los últimos tiempos satisfactorio: en las elecciones de 2005, la inmensa mayoría le dijo “Sí” en Mendoza a la modificación del artículo que permitió eliminar la indexación salarial automática, atada a la inflación, que gozaban los jueces provinciales.