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Cada vez más solo
En menos de una semana, el Pacto Social recibió dos duros golpes: la muerte de un policía y la salida del gobierno de los abogados vinculados a los Derechos Humanos. Las quejas hacia Alejandro Cazabán y el dilema que puede significar que otra vez la Nación le recuerde a Celso Jaque que para combatir el delito no se puede cambiar el libreto.
Mientras el núcleo duro del jaquismo sigue creyendo que el problema del gobierno está en la manera en que se comunica la gestión, son pocas las áreas que no aparezcan ante la opinión pública como trabadas; o al menos a la espera que –como sucede con las contracturas- de un día para el otro las cosas sean distintas.
Esa misma realidad forzó el anuncio más importante de los últimos tiempos, el lanzamiento del Pacto Social por la seguridad, que al inicio de esta semana recibió dos durísimos embates. Uno, acorde con la propia realidad de la provincia que advierte desde hace tiempo el avance sin más no sólo del delito de pequeña escala, vinculado a la marginación y desintegración social, sino también el del otro extremo, el de las gavillas organizadas con capacidad operativa para asestar grandes golpes.
Bajo esa impronta, la muerte del cabo de policía Eduardo Correa es una muestra más de la preocupante proliferación de bandas profesionales capaces de producir movidas audaces que en pocos minutos desnudan no sólo las falencias del Estado para combatir el crimen en este rango, sino también que diluyen esperanzas y ánimos de quienes todos los días batallan contra los delincuentes. Un miembro de la Inspección General de Seguridad afirmaba esa misma noche con tono lacónico y el rostro desencajado: “hermano, esto está desbordado…”.
El temor instantáneo en el gobierno fue el de alguna reacción corporativa de la Policía, que más allá del dolor por el compañero caído, pudo encauzar su pesar sin transformar ese espontáneo estado deliberativo en algún tipo de planteo hacia sus autoridades. Pero sin embargo, nadie de los que conocen el paño niega que se vivieran horas límites que –lamentablemente- se pueden volver a repetir.
El segundo golpe fue político, y lo dio el hasta hace pocos días bloque aliado del gobierno, el sector de dirigentes del Polo Social que también tras escuchar el discurso del gobernador en Casa de Gobierno y de percibir algunas señales de sus funcionarios más próximos, advirtieron que sus días estaban contados. El dilema principal de Diego Lavado y Alfredo Guevara, a los que se sumó Mariana Hellin y el anteriormente renunciado Pablo Salinas, fue el de saltar del gobierno por no compartir lo que ellos estiman un “cambio de discurso y una derechización de la lucha contra el delito” o dar la batalla desde adentro y correr con el costo político.
Tras intensas reuniones, tomaron la segunda opción, y comenzó con sus anteriores socios una guerra simbólica sobre si renunciaban o si eran echados del Gobierno. Más allá de si primero fue el huevo o la gallina, la salida tuvo un efecto simbólico negativo pues nunca es bueno perder soldados en medio de la guerra, y mucho menos si los caídos reportan al generalato en Buenos Aires, donde repercutió con tapa incluida de Página/12 y posterior carta explicativa la decisión de Lavado y los suyos.
Sin embargo, tanto los policías como los militantes del Polo Social en algo coinciden. Culpan de sus males al secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán. Los primeros porque todavía creen que la reforma policial impulsada por el sanrafaelino durante el gobierno de Arturo Lafalla fue un punto de inflexión negativo en la historia de la institución, y los segundos porque como abogado (y por ende colega) conoce al detalle las implicancias profundas que tendrán las medidas anunciadas por Jaque. Incluso algunos allegados a los abogados garantistas se sinceran: “Jaque es contador…, pero Cazabán sabe perfectamente que estas medidas no mejorarán la situación de la seguridad, son sólo paliativos para ponerse a tono con el humor social, lo cual es doblemente peligroso…”.
Como se verá, el problema es complejo por más que el Senado haya dado rápidamente media sanción a la ley de excarcelaciones, y que más allá de lo que suceda en Diputados, la versión que finalmente se apruebe pueda caerse por algún planteo de inconstitucionalidad, que seguramente vendrá desde las entidades de Derechos Humanos, tanto locales como nacionales. Todo ello, sin considerar el colapso del sistema penitenciario que se produciría si se endurecen las normas, lo que se traducirá en nuevos escollos donde más le duele a este gobierno y sus funcionarios: la gestión.
El intríngulis de Jaque en relación a la seguridad en algún momento fue resuelto al preservar los acuerdos locales y la marcha del gobierno. Especialmente cuando las críticas arreciaban contra Carlos Rico y la cúpula del Partido Demócrata en el ministerio de Seguridad. Luego, optó por privilegiar su alianza con el gobierno nacional y romper su acuerdo con el PD, pese a haber ratificado hasta el cansancio a los demócratas en sus cargos.
Ahora, y ante la inminencia de recibir algún reto desde Buenos Aires donde la bandera de los Derechos Humanos es irrenunciable, Jaque sabe que su frente interno, en el cara a cara con los mendocinos ya no tiene mucho más crédito. Puesto en la disyuntiva de soportar las advertencias o los enojos de la Nación por su modo de combatir la inseguridad, o de perder un poco más de su ya escaso feeling con la sociedad, es probable que el gobernador opte por la supervivencia.
Una vez salvaguardo el pellejo, la realidad siempre puede dar la chance de rearmarse y proseguir la lucha. Pero, por más que él mismo hable de “sensación de inseguridad”, en su fuero íntimo sabe que ésta es la madre de todas las batallas. Encauzar este temporal, enderezar este barco que parece a la deriva, puede dejar algún margen a futuro; perder en esta instancia, es entregar –casi definitivamente- todo lo que queda por delante.
Tras intensas reuniones, tomaron la segunda opción, y comenzó con sus anteriores socios una guerra simbólica sobre si renunciaban o si eran echados del Gobierno. Más allá de si primero fue el huevo o la gallina, la salida tuvo un efecto simbólico negativo pues nunca es bueno perder soldados en medio de la guerra, y mucho menos si los caídos reportan al generalato en Buenos Aires, donde repercutió con tapa incluida de Página/12 y posterior carta explicativa la decisión de Lavado y los suyos.
Sin embargo, tanto los policías como los militantes del Polo Social en algo coinciden. Culpan de sus males al secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán. Los primeros porque todavía creen que la reforma policial impulsada por el sanrafaelino durante el gobierno de Arturo Lafalla fue un punto de inflexión negativo en la historia de la institución, y los segundos porque como abogado (y por ende colega) conoce al detalle las implicancias profundas que tendrán las medidas anunciadas por Jaque. Incluso algunos allegados a los abogados garantistas se sinceran: “Jaque es contador…, pero Cazabán sabe perfectamente que estas medidas no mejorarán la situación de la seguridad, son sólo paliativos para ponerse a tono con el humor social, lo cual es doblemente peligroso…”.
Como se verá, el problema es complejo por más que el Senado haya dado rápidamente media sanción a la ley de excarcelaciones, y que más allá de lo que suceda en Diputados, la versión que finalmente se apruebe pueda caerse por algún planteo de inconstitucionalidad, que seguramente vendrá desde las entidades de Derechos Humanos, tanto locales como nacionales. Todo ello, sin considerar el colapso del sistema penitenciario que se produciría si se endurecen las normas, lo que se traducirá en nuevos escollos donde más le duele a este gobierno y sus funcionarios: la gestión.
El intríngulis de Jaque en relación a la seguridad en algún momento fue resuelto al preservar los acuerdos locales y la marcha del gobierno. Especialmente cuando las críticas arreciaban contra Carlos Rico y la cúpula del Partido Demócrata en el ministerio de Seguridad. Luego, optó por privilegiar su alianza con el gobierno nacional y romper su acuerdo con el PD, pese a haber ratificado hasta el cansancio a los demócratas en sus cargos.
Ahora, y ante la inminencia de recibir algún reto desde Buenos Aires donde la bandera de los Derechos Humanos es irrenunciable, Jaque sabe que su frente interno, en el cara a cara con los mendocinos ya no tiene mucho más crédito. Puesto en la disyuntiva de soportar las advertencias o los enojos de la Nación por su modo de combatir la inseguridad, o de perder un poco más de su ya escaso feeling con la sociedad, es probable que el gobernador opte por la supervivencia.
Una vez salvaguardo el pellejo, la realidad siempre puede dar la chance de rearmarse y proseguir la lucha. Pero, por más que él mismo hable de “sensación de inseguridad”, en su fuero íntimo sabe que ésta es la madre de todas las batallas. Encauzar este temporal, enderezar este barco que parece a la deriva, puede dejar algún margen a futuro; perder en esta instancia, es entregar –casi definitivamente- todo lo que queda por delante.