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Alerta en Mendoza por el convenio que anunciará Cristina sobre el río Atuel
Por el desconocimiento de lo que pretende hacer la Nación con los recursos hídricos del sur, se ha generado un sentimiento de temor expresado en un petitorio ingresado tanto a la Legislatura local como a la Casa de Gobierno. Organismos vinculados al río Atuel confeccionaron otro pedido de informes.
Nuevamente la actitud para proponer un proyecto desde el Ejecutivo nacional -y provincial- preocupa a un sector de la economía. Esta vez, la modalidad de no pasar por los canales formales para su planeamiento, puesta a punto y su final ejecución, ha puesto en alerta a los mendocinos, sobre todo a los del sur, que temen por lo que pueda suceder con la difundida impermeabilización del último tramo del Río Atuel.
Es que, a pesar de ser inminente el anuncio local de esta tarde de la presidenta Cristina Fernández, conocido primero por las declaraciones del gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge y reafirmado ayer por el mismo ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien ha demostrado ante la prensa tener una posición tomada a favor de la Pampa y en contra de Mendoza, aún no se sabe el contenido del convenio que se firmará con el claro sentido de “producir una reparación histórica a favor de La Pampa”, según dijo el mismo Randazzo.
Esta desinformación, más allá de haber generado el temor de quienes ya se sienten afectados por el anuncio de la impermeabilización del Atuel –entre las localidades de Carmensa en Mendoza y La Puntilla en La Pampa- para llevar más agua a la vecina provincia, además ha despertado la inquietud de algunos legisladores mendocinos como la del diputado Walter Saenz (UCR), del diputado Alberto Sánchez (PD) y del senador Carlos Aguinaga (PD), entre otros.
El temor aludido, además ha sido manifestado hoy por la Asociación de Regantes Nuevo Alvear, por los inspectores de cauce del departamento de General Alvear, por la Asociación de Cultivos Protegidos, por los regantes del Canal San Pedro, por la Organización de Agricultores del Atuel, por la Federación Agraria de Alvear, por los Autoconvocados de Bowen, por la Agrupación de Agricultores de La Marzolina y los regantes en general de la Cuenca del Atuel. Todas estas organizaciones, son las firmantes de un petitorio que fue presentado esta mañana tanto en la casa de las Leyes local como en la sede del Ejecutivo que dirige Celso Jaque.
“En realidad nosotros no estamos en contra de este convenio sino es que no conocemos en concreto de qué se trata. Hasta que no sepamos de qué se trata seguiremos profundamente preocupados y el sentimiento de temor seguirá”, explicó Darío Herrera, presidente de la Asociación Agroindustrial del Sur de Mendoza y uno de los voceros de la inquietud planteada mediante el petitorio que ingresó a Mesa de Entradas de Casa de Gobierno esta mañana a las 9.20.
Este escrito, es el producto de una reunión que anoche rápidamente fue organizada en el Honorable Concejo Deliberante de General Alvear y en la cual más de 150 actores involucrados con el agua del Atuel, consideraron la urgencia de que se conozca en detalle el convenio por el cual Cristina Fernández pretende ponerle fin al conflicto histórico entre Mendoza y La Pampa. Provincia vecina que hace décadas viene reclamando por distintas instancias, incluyendo la cultural -a través de su “Zamba del Río Robado-”, y la histórica por medio de la “Viuda del Agua”, por el Río Atuel.
Herrada además ha explicado que antes de anunciar tamaña obra “hay que acordarse de que tenemos que garantizar el riego de 72.150 hectáreas y si el agua es suficiente para esa superficie y de ahí partir ya que no podemos decir que con la impermeabilización se va a solucionar el problema”, reflexionó.
“Después hablar de un 50% del excedente es un poco injusto, porque estamos hablando que tenemos que atender 72 mil hectáreas en Mendoza contra unas seis mil hectáreas que pretende cubrir La Pampa”, completó Herrada.
El otro problema, ya advertido por MDZol, es el referido al tratamiento que no ha tenido el proyecto “de reparación histórica” aludido por Randazzo: “Esto principalmente debería haber pasado por el Departamento General de Irrigación, tratado por los ingenieros referentes de Irrigación y también por los regantes”, reclamó Herrada, quien considera que la medida tal como ha sido anunciada desde del Ejecutivo nacional, “es una medida arbitraria”.
En ese sentido, el único aliciente que entienden los regantes que existe en este caro asunto por el agua mendocina es el tratamiento que deberá tener el proyecto en la Legislatura provincial. “Este es un proyecto del Ejecutivo que luego deberá pasar por la Legislatura con el fin de ser consensuado mejor”, se esperanzó Herrada.
Este escrito, es el producto de una reunión que anoche rápidamente fue organizada en el Honorable Concejo Deliberante de General Alvear y en la cual más de 150 actores involucrados con el agua del Atuel, consideraron la urgencia de que se conozca en detalle el convenio por el cual Cristina Fernández pretende ponerle fin al conflicto histórico entre Mendoza y La Pampa. Provincia vecina que hace décadas viene reclamando por distintas instancias, incluyendo la cultural -a través de su “Zamba del Río Robado-”, y la histórica por medio de la “Viuda del Agua”, por el Río Atuel.
Herrada además ha explicado que antes de anunciar tamaña obra “hay que acordarse de que tenemos que garantizar el riego de 72.150 hectáreas y si el agua es suficiente para esa superficie y de ahí partir ya que no podemos decir que con la impermeabilización se va a solucionar el problema”, reflexionó.
“Después hablar de un 50% del excedente es un poco injusto, porque estamos hablando que tenemos que atender 72 mil hectáreas en Mendoza contra unas seis mil hectáreas que pretende cubrir La Pampa”, completó Herrada.
El otro problema, ya advertido por MDZol, es el referido al tratamiento que no ha tenido el proyecto “de reparación histórica” aludido por Randazzo: “Esto principalmente debería haber pasado por el Departamento General de Irrigación, tratado por los ingenieros referentes de Irrigación y también por los regantes”, reclamó Herrada, quien considera que la medida tal como ha sido anunciada desde del Ejecutivo nacional, “es una medida arbitraria”.
En ese sentido, el único aliciente que entienden los regantes que existe en este caro asunto por el agua mendocina es el tratamiento que deberá tener el proyecto en la Legislatura provincial. “Este es un proyecto del Ejecutivo que luego deberá pasar por la Legislatura con el fin de ser consensuado mejor”, se esperanzó Herrada.