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Lanzan el pacto social y Jaque anunciaría medidas concretas contra la inseguridad
El gobernador juega todas sus fichas a generar una política de estado, abriendo el diálogo a todos los sectores. Aunque no se ha adelantado nada, anunciaría medidas concretas y una agenda de trabajo con plazos definidos.
En poco más de una semana se puso en marcha, apurado por la ola de violencia que recrudeció en agosto. Y hoy, a partir de las 11, el gobernador Celso Jaque dará pie a la última iniciativa para frenar la inseguridad en Mendoza con anuncios de importancia y una agenda de trabajo con plazos determinados.
De esta manera, el Gobierno espera recibir a todos los sectores que convocó en los últimos días para comenzar a constituir lo que algunos voceros del oficialismo han denominado como política de estado en seguridad, un pacto social que tratará de involucrar a la dirigencia política, a la empresarial, a la judicial, a los credos, a las organizaciones de la sociedad civil e, incluso, a los medios de comunicación.
En el Ejecutivo están ultimando detalles para los anuncios que sólo conoce el Gobernador y su almohada – señalaron-. Tampoco se sabe quiénes ocuparán la mesa oval del Salón Patricias. Si Jaque será acompañado por su gabinete o por referentes como Jorge Nanclares, presidente de la Corte provincial, entre otros.
Sí habrá un llamado al diálogo para aunar posiciones en cuanto a un problema que ha atravesado las últimas gestiones de gobierno y que, en el último fin de semana, arrojó cuatro homicidios caracterizados por una marcada violencia.
Lo poco que se adelantó es que en el ministerio de Carlos Ciurca están definiendo medidas concretas. Algo se ha podido vislumbrar por lo que el titular de Seguridad viene adelantando desde hace semanas, como el hecho de bajar el mapa inteligente del delito a los comisarios. Incluso, se barajaba un posible llamado a Gendarmería para que refuerce la labor de los policías.
Y en el ínterin en que el propio Ciurca era increpado duramente de las solapas por los familiares de Roque Jiménez, asesinado en la cuarta sección de Ciudad, en la Legislatura, la Bicameral de Seguridad se reunía con un grupo de fiscales. Así, los legisladores ratificaron que las principales trabas para dilucidar casos como el del joven empleado de Maxi, tienen que ver con la burocracia administrativa y la falta de recursos de índole estrictamente policial.
Esto llamó la atención de la Bicameral, pues a principios de año, el Gobierno lograba la aprobación en la Legislatura de la Ley de Emergencia en Seguridad, una norma que buscaba evitar precisamente estos atrasos en la gestión. Así, los recursos no llegan a las fiscalías para que los investigadores puedan contar con móviles en buen estado, armamento, chalecos e, incluso, linternas.
Este contexto, por cierto, habría hecho acelerar los pasos para este pacto social de seguridad, por lo que en la última semana los principales ministros de Jaque comenzaron a reunirse con los empresarios, los religiosos, referentes sociales y, por último, con los intendentes oficialistas pero también de la oposición.
Y si bien el ministro de Gobierno, Juan Marchena, manifestó que la recepción ha sido positiva, aquellos que ven con cierta precaución este acuerdo ha sido la oposición. En las reuniones que se mantuvieron con los legisladores y con los jefes comunales, no hubo anuncios concretos pero sí un llamado a colaborar.
“El gobernador les afirmó que la responsabilidad es del gobierno de la provincia, y es indelegable, pero tenemos que trabajar en forma conjunta”, explicó Marchena. Ante los periodistas, el ministro también aseguró que este llamado al diálogo no se debe a que el Gobierno esté desbordado por la inseguridad y recalcó que no quieren especular políticamente con el pacto.
Por caso, el intendente capitalino, Víctor Fayad, aseguró que “el municipio no es responsable de la seguridad, pero haremos aquellas obras que sean necesarias para reforzarla”. Por su parte, el intendente Alfredo Cornejo aseguraba que “se requiere un Estado inteligente, cruzando las bases de datos y poniendo en funcionamiento el equipamiento que se adquirió en la anterior gestión”.
En cuanto a los empresarios, sí hubo un pedido concreto por parte del Ejecutivo. Al sector industrial apoyaría este acuerdo a partir de la generación de fuentes de trabajo, sobre todo para aquellos que están excluídos del mercado laboral. A su vez, los empresarios solicitaron que el gobierno capacite a los jóvenes más vulnerables no sólo en el aspecto técnico sino también en la inserción social.
Por su parte, también los gremios han sido citados para estar en el Salón Patricias, aunque se descuenta la segura ausencia de Raquel Blas, quien esta semana se movilizó con los estatales del sector de la salud y, entre otras cosas, pidió llanamente la revocatoria de mandato para el gobernador.
Quien sí dará el presente es el sindicalismo afín al gobierno provincial, con Roberto Picco, Secretario General de la CGT a la cabeza.
Pero por el momento, la información que se recibe llega con cuentagotas. Desde el oficialismo, aseguran que esperan alrededor de 300 personas, que hará quedar el Salón Patricias como si fuera uno de los ascensores de la Casa de Gobierno. Habrá legisladores nacionales y provinciales, intendentes, presidentes de los partidos políticos, religiosos de los diferentes credos, empresarios, miembros de la Suprema Corte de Justicia y también se ha cursado invitación a los dueños de los medios de comunicación y directores periodísticos.
La prensa tendrá marca personal, algo que viene siendo una costumbre en este tipo de actos. Así como ocurrió cuando Jaque pidió perdón por no haber bajado el 30 por ciento, así como se restringió durante la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en esta ocasión también habrá un corralito periodístico que acotará los márgenes para movilizarse.
Sin embargo, los periodistas no se perderán el acto: podrán verlo desde la sala de periodistas, gracias a loa artificios técnicos de una pantalla de video.
Y en el ínterin en que el propio Ciurca era increpado duramente de las solapas por los familiares de Roque Jiménez, asesinado en la cuarta sección de Ciudad, en la Legislatura, la Bicameral de Seguridad se reunía con un grupo de fiscales. Así, los legisladores ratificaron que las principales trabas para dilucidar casos como el del joven empleado de Maxi, tienen que ver con la burocracia administrativa y la falta de recursos de índole estrictamente policial.
Esto llamó la atención de la Bicameral, pues a principios de año, el Gobierno lograba la aprobación en la Legislatura de la Ley de Emergencia en Seguridad, una norma que buscaba evitar precisamente estos atrasos en la gestión. Así, los recursos no llegan a las fiscalías para que los investigadores puedan contar con móviles en buen estado, armamento, chalecos e, incluso, linternas.
Este contexto, por cierto, habría hecho acelerar los pasos para este pacto social de seguridad, por lo que en la última semana los principales ministros de Jaque comenzaron a reunirse con los empresarios, los religiosos, referentes sociales y, por último, con los intendentes oficialistas pero también de la oposición.
Y si bien el ministro de Gobierno, Juan Marchena, manifestó que la recepción ha sido positiva, aquellos que ven con cierta precaución este acuerdo ha sido la oposición. En las reuniones que se mantuvieron con los legisladores y con los jefes comunales, no hubo anuncios concretos pero sí un llamado a colaborar.
“El gobernador les afirmó que la responsabilidad es del gobierno de la provincia, y es indelegable, pero tenemos que trabajar en forma conjunta”, explicó Marchena. Ante los periodistas, el ministro también aseguró que este llamado al diálogo no se debe a que el Gobierno esté desbordado por la inseguridad y recalcó que no quieren especular políticamente con el pacto.
Por caso, el intendente capitalino, Víctor Fayad, aseguró que “el municipio no es responsable de la seguridad, pero haremos aquellas obras que sean necesarias para reforzarla”. Por su parte, el intendente Alfredo Cornejo aseguraba que “se requiere un Estado inteligente, cruzando las bases de datos y poniendo en funcionamiento el equipamiento que se adquirió en la anterior gestión”.
En cuanto a los empresarios, sí hubo un pedido concreto por parte del Ejecutivo. Al sector industrial apoyaría este acuerdo a partir de la generación de fuentes de trabajo, sobre todo para aquellos que están excluídos del mercado laboral. A su vez, los empresarios solicitaron que el gobierno capacite a los jóvenes más vulnerables no sólo en el aspecto técnico sino también en la inserción social.
Por su parte, también los gremios han sido citados para estar en el Salón Patricias, aunque se descuenta la segura ausencia de Raquel Blas, quien esta semana se movilizó con los estatales del sector de la salud y, entre otras cosas, pidió llanamente la revocatoria de mandato para el gobernador.
Quien sí dará el presente es el sindicalismo afín al gobierno provincial, con Roberto Picco, Secretario General de la CGT a la cabeza.
Pero por el momento, la información que se recibe llega con cuentagotas. Desde el oficialismo, aseguran que esperan alrededor de 300 personas, que hará quedar el Salón Patricias como si fuera uno de los ascensores de la Casa de Gobierno. Habrá legisladores nacionales y provinciales, intendentes, presidentes de los partidos políticos, religiosos de los diferentes credos, empresarios, miembros de la Suprema Corte de Justicia y también se ha cursado invitación a los dueños de los medios de comunicación y directores periodísticos.
La prensa tendrá marca personal, algo que viene siendo una costumbre en este tipo de actos. Así como ocurrió cuando Jaque pidió perdón por no haber bajado el 30 por ciento, así como se restringió durante la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en esta ocasión también habrá un corralito periodístico que acotará los márgenes para movilizarse.
Sin embargo, los periodistas no se perderán el acto: podrán verlo desde la sala de periodistas, gracias a loa artificios técnicos de una pantalla de video.