La historia de una gestión que acumuló frustraciones
Después de un sinceramiento, busca en los diferentes actores sociales, los aliados para torcer el rumbo.
El pacto genera sensaciones ambiguas; entre el compromiso social al que todos quieren sumarse para combatir la inseguridad y la incertidumbre de saber si vale la pena enrolarse en el proyecto de un gobierno que en sólo ocho meses mostró su lado más oscuro, precisamente, en esta materia: tercerizó el Ministerio y lo entregó a un partido opositor, luego dio marcha atrás y nombró a un ministro de raíz justicialista y debió pedir disculpas públicas por no cumplir con la promesa electoral de bajar el delito el 30% en tres meses.
El lado positivo del anuncio que el gobierno hará el viernes tiene que ver con el sinceramiento al que echó mano el Poder Ejecutivo para reconocer que la situación se salió de los carriles que Jaque tenía previsto. A la realidad dada por la seguidilla de homicidios, por las denuncias de abuso sexual y por los robos a mano armada que se convirtieron en moneda corriente, se suma la sensación que tiene todo mendocino de que es una cuestión de tiempo para convertirse en una nueva víctima de la inseguridad. Por eso la mejor opción radica en un llamamiento masivo, para que desde todos los sectores se comprometan a tener un rol activo en la recuperación del espacio perdido.
El lado negativo es la falta de credibilidad que sufre este gobierno a partir de hechos concretos: Jaque nunca tuvo equipo de seguridad, generó una insólita situación de conflicto al intentar mezclar a la izquierda y a la derecha mendocina en una misma gestión, impulsó una ley de emergencia que generó más dudas que certezas, careció de liderazgo para convocar al tan anunciado “gabinete de crisis” y recurrió a cuanto eufemismo político encontró para evitar la vinculación entre el secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, con la política de seguridad y el manejo de la fuerza policial.
Con este contexto, no queda otra que reconocer que el único antecedente de un plan de política criminal con que cuenta el gobierno es el creado por Cazabán hace diez años para generar una reforma estructural en la provincia y que a lo largo de este tiempo tuvo más retrocesos que avances.
De hecho, gran parte de los anuncios que se harán el viernes tienen su raíz en aquella movida política. Son medidas que fueron pensadas para una época específica y que debieron ser adaptadas a nuestros días, con realidades completamente diferentes. Ni Argentina ni Mendoza son las de una década atrás.
Lo interesante del tema es saber qué tan diferente será aquel plan de este nuevo; si existen modificaciones radicales o sólo se trata de un cambio de nombre: de “Reforma” a “Pacto Social”.
Estos puntos deberían quedar claros antes del viernes. Pero extrañamente, y fiel a su estilo, el gobierno mantiene su nuevo plan en un cono del silencio. La postura es similar a la que mostró Jaque antes de anunciar su gabinete. Todo era intriga y misterio. Luego se supo que el gobernador electo, una noche antes de la presentación, todavía seguía buscando hombres potables para ocupar esos cargos.
Un pacto social, entendido como tal, debería gestarse con debates abiertos y públicos. Pero con un plan trazado por el gobierno. De lo contrario, se parecerá demasiado a las frustradas alianzas convocadas por Julio Cobos durante su mandato, cuando buscaba en organizaciones del tercer sector y en las víctimas del delitos las ideas que no tuvieron sus ministros de Seguridad.
Mendoza merece tener un plan propio. Un programa que permita que sus mentores se sientan orgullosos cuando, dentro de unos años, el mundo hable del “caso Mendoza” como el ejemplo de una experiencia positiva.
El gobierno no sólo no realizó una encuesta de victimización, sino que sus funcionarios cuestionaron un estudio hecho por una universidad privada. Y si no existen esos datos, no hay forma de reconocer las características del delito en Mendoza: su origen, su desarrollo, su incidencia social y las formas más efectivas de atacar las causas.
Hasta el momento el gobierno no convocó a ningún referente nacional o internacional en política criminal. O al menos no se sabe. Y ese es el punto crítico. ¿Será un plan pensado y consensuado o sólo se buscará ganar tiempo? ¿Es posible hacerlo en una semana? ¿No es acaso algo más complejo que las posturas que pueden tener policías, fiscales y legisladores sobre excarcelaciones, allanamientos y escuchas telefónicas, y que le dieron forma a las discusiones de los últimos días? ¿Quién coordinará las acciones a seguir? ¿Celso Jaque? ¿Alejandro Cazabán, Carlos Ciurca, Juan Marchena, Silvia Ruggeri, Iris Lima? ¿Quién de todos ellos tiene la credibilidad, la capacidad y el respaldo político para hacerlo? ¿Y quién asumirá el liderazgo para reconocer que las soluciones mágicas e inmediatas no existen?
Lo interesante del tema es saber qué tan diferente será aquel plan de este nuevo; si existen modificaciones radicales o sólo se trata de un cambio de nombre: de “Reforma” a “Pacto Social”.
Estos puntos deberían quedar claros antes del viernes. Pero extrañamente, y fiel a su estilo, el gobierno mantiene su nuevo plan en un cono del silencio. La postura es similar a la que mostró Jaque antes de anunciar su gabinete. Todo era intriga y misterio. Luego se supo que el gobernador electo, una noche antes de la presentación, todavía seguía buscando hombres potables para ocupar esos cargos.
Un pacto social, entendido como tal, debería gestarse con debates abiertos y públicos. Pero con un plan trazado por el gobierno. De lo contrario, se parecerá demasiado a las frustradas alianzas convocadas por Julio Cobos durante su mandato, cuando buscaba en organizaciones del tercer sector y en las víctimas del delitos las ideas que no tuvieron sus ministros de Seguridad.
Mendoza merece tener un plan propio. Un programa que permita que sus mentores se sientan orgullosos cuando, dentro de unos años, el mundo hable del “caso Mendoza” como el ejemplo de una experiencia positiva.
El gobierno no sólo no realizó una encuesta de victimización, sino que sus funcionarios cuestionaron un estudio hecho por una universidad privada. Y si no existen esos datos, no hay forma de reconocer las características del delito en Mendoza: su origen, su desarrollo, su incidencia social y las formas más efectivas de atacar las causas.
Hasta el momento el gobierno no convocó a ningún referente nacional o internacional en política criminal. O al menos no se sabe. Y ese es el punto crítico. ¿Será un plan pensado y consensuado o sólo se buscará ganar tiempo? ¿Es posible hacerlo en una semana? ¿No es acaso algo más complejo que las posturas que pueden tener policías, fiscales y legisladores sobre excarcelaciones, allanamientos y escuchas telefónicas, y que le dieron forma a las discusiones de los últimos días? ¿Quién coordinará las acciones a seguir? ¿Celso Jaque? ¿Alejandro Cazabán, Carlos Ciurca, Juan Marchena, Silvia Ruggeri, Iris Lima? ¿Quién de todos ellos tiene la credibilidad, la capacidad y el respaldo político para hacerlo? ¿Y quién asumirá el liderazgo para reconocer que las soluciones mágicas e inmediatas no existen?
