A pesar de la Ley de Emergencia en Seguridad, los recursos no llegan a las fiscalías
Los legisladores que integran la comisión continúan manteniendo reuniones para interiorizarse sobre la compleja problemática de la seguridad. Ayer a la tarde, un grupo de seis fiscales del Gran Mendoza realizó serias críticas, enfatizando en las falencias que tienen cotidianamente para dilucidar los delitos debido a la falta de recursos del personal de investigaciones que trabaja con ellos.
Los fiscales informaron a los legisladores acerca de las falencias que encuentran en lo operativo, es decir, en el trabajo de investigación propiamente dicho. Y, si bien destacaron que la realidad de cada departamento es distinta, señalaron problemas en común como la falta de móviles, de chalecos, de armamentos y hasta de linternas.
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Pero así también, los fiscales destacaron que el Poder Judicial ha provisto de equipamiento tecnológico para cumplir con su trabajo tanto en la fiscalía como en la calle, como es la posibilidad de contar con notebooks, cámaras digitales, lo que facilita el procedimiento administrativo.
En síntesis, lo que estaría fallando sería aquello que el Ejecutivo debería aportar y que la Legislatura sancionó como una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Celso Jaque.
Dificultad para contar con investigadores
Otra de las críticas que se escucharon en el Salón Rojo de la Legislatura fue la dificultad para conformar un plantel permanente de investigadores. Esto se debe, en parte, a la constante movilidad de los policías para ser destinados a otros lugares. Los fiscales indicaron que, cuando lograron conformar un equipo estable, la dilucidación de los casos mejoró notablemente.
A esto se suma lo difícil que resulta encontrar pesquisas con experiencia y que, además, conozcan “la calle”. Y esto, destacaron, se trata de un problema que corresponde a la asignación efectuada por el Ministerio de Seguridad, más que al Poder Judicial.
Esto también afecta a las futuras oficinas fiscales que esperan su apertura, ya que la constante movilidad de los uniformados hace que estas nuevas reparticiones no cuenten con personal afectado a las mismas.
Por ello, solicitaron a los legisladores que se pueda planificar la distribución de los policías en proporción a la cantidad de habitantes, así como a las prácticas delictivas.
No confían en la Comisaría Judicial
También señalaron una tercera dificultad a su labor, vinculada precisamente a la crítica que el Ministro Carlos Ciurca y sus funcionarios realizaran hace una semana ante la Bicameral. En ese entonces, Ciurca había dicho que el Ministerio no puede contar con policías patrullando las calles ya que los fiscales envían a los uniformados a realizar notificaciones, situación que afecta también a los móviles.
Sin embargo, la visión de los fiscales es distinta y criticaron que la Comisaría Judicial –organismo que debe realizar las notificaciones- no es eficiente en su labor. Por ende, deben utilizar a su personal investigativo para dar con el paradero de personas –para prestar declaración, por ejemplo- o para constatar domicilios, ya que la Comisaría es directamente ineficiente en su función.
De esta manera, la Bicameral tomó nota de los pedidos realizados por los fiscales Daniela Chahler y Marcelo Gutiérrez -de Capital-; Juan Carlos Alexandra -de Godoy Cruz-; Mariano Carabajal -de Guaymallén-; Claudia Ríos Ortiz -de Maipú-; y de Viviana Moricci -Las Heras y Lavalle- para mejorar la labor judicial.


