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Los dueños de los micros irán a la Justicia por los cambios en el sistema del transporte
La entidad que nuclea a los empresarios del transporte público de pasajeros consideró "inaceptable" el decreto por el cual el gobierno mendocino avanza en la reestructuración del sistema. Sergio Pensalfine, presidente de Autam, argumentó "inseguridad jurídica" al confirmar que recurrirán a la Justicia.
Los cambios en el sistema del transporte de pasajeros que decretó el gobierno de Celso Jaque terminarán en los tribunales. Los empresarios nucleados en Autam calificaron como "inaceptable" la medida del Ejecutivo, y anunciaron que recurrirán a la Justicia por las modificaciones en el contrato de concesión.
El Gobierno anunció hoy la reestructuración del sistema de transporte público de la provincia a través del decreto 1.321. Básicamente, según explican los funcionarios, se bajaría la rentabilidad empresaria de $30 a $13 millones por año, mientras la Provincia ahorra $32 millones.
Además de la rentabilidad, la lupa se posó en el consumo de combustibles (pasará de 40 a 34 litros cada 100 km); la estructura de costos de empleados; la cantidad de colectivos necesarios (hoy son 733 y harían falta sólo 665).
La reacción empresaria fue inmediata, si bien hasta el momento no tienen una notificación oficial de la medida. "Hay una decepción profunda", opinó Sergio Pensalfine, titular de Autam. Y agregó: "el decreto deroga el 992, que contiene la fórmula de costos. Cuando nos presentamos como oferentes había una norma y ahora se fijaron nuevas reglas".
El empresario habló de "inseguridad jurídica" al argumentar la demanda contra la Provincia que llevará adelante Autam. Y aclaró que de haber sido éstas las reglas de juego al momento de la licitación "probablemente no habríamos sido oferentes".
"El gobierno excedió sus facultades y tomó una medida unilateralmente. Vamos a impugnar los alcances de este decreto ante la Justicia porque tira por tierra todo el esquema", repitió Pensalfine, aunque la herramienta legal que utilizarán los empresarios aún está en análisis.
Según Pensalfine, estas modificaciones habilitan a las empresas a rescindir el contrato de concesión y a pedir una indemnización al Gobierno. Y comentó que el decreto 1.321, al que consideró más político que técnico, está "destinado a confundir a la opinión pública".
"El gobierno excedió sus facultades y tomó una medida unilateralmente. Vamos a impugnar los alcances de este decreto ante la Justicia porque tira por tierra todo el esquema", repitió Pensalfine, aunque la herramienta legal que utilizarán los empresarios aún está en análisis.
Según Pensalfine, estas modificaciones habilitan a las empresas a rescindir el contrato de concesión y a pedir una indemnización al Gobierno. Y comentó que el decreto 1.321, al que consideró más político que técnico, está "destinado a confundir a la opinión pública".