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El Ejecutivo intenta evitar una crisis con la policía provincial
Se debe a un ítem que cobraban alrededor de 540 efectivos policiales de las Fuerzas de Apoyo y que por orden de la Justicia provincial dejarán de recibirlo pero que además ordena devolver lo cobrado durante los últimos dos años.Cada uno de los efectivos tendría que entregar entre 18 y 20 mil pesos.
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo con el que se busca evitar una renuncia masiva de efectivos policiales y un foco de crisis importante en la fuerza de seguridad.
El conflicto comenzó en 1998 durante el gobierno de Arturo Lafalla cuando se sancionó la ley 6.722 que determinó que los uniformados pertenecientes a las Fuerzas de Apoyo (científica, criminalística, etc.) no tuvieran estado policial.
Esto influyó principalmente en los salarios de estos policías que para cambiar la situación recurrieron a una medida judicial que les resultó favorable y por la que comenzaron a cobrar un ítem por título y permanencia en el lugar, entre otros, que llevó a que sus salarios se incrementaran.
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Sin embargo, el gobierno provincial apeló esta decisión y resultó favorecido. Allí los efectivos elevaron su pedido a una tercera instancia judicial y en mayo de este año, el Décimo Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial le dieron la razón al gobierno y determinó que 540 policías deben dejar de cobrar esos ítems y que además tienen que devolver la plata percibida desde enero de 2.006, es decir que cada uno, tendrá que pagar entre 18 y 20 mil pesos en varias cuotas que afectarían hasta el 40% de sus sueldos.
Esta decisión de la Justicia local, puso en alerta al gobierno por cualquier conflicto que se pudiera crear en el seno de la policía y es por eso que el Ejecutivo puso manos a la obra y decidió presentar, de la mano del ministro de Seguridad Carlos Ciurca, un proyecto para tranquilizar a los efectivos.
Según el proyecto, los efectivos podrán elegir entre tres alternativas para afrontar la deuda. La primera de ellas es una reequiparación, retroactiva a enero de 2006. Los que elijan esta opción deberán renunciar a cualquier tipo de recurso judicial a nivel nacional. Esta propuesta también contempla que quede un porcentaje de aproximadamente del 30% a pagar, por lo que el Gobierno en vez de exigir su cobro, lo condonaría.
Esto último, si bien despertó algunas suspicacias en la mayoría de los legisladores, éstos manifestaron que iban a apoyar el proyecto en su totalidad, a excepción de los demócratas y del justicialista Daniel Cassia. Desde el bloque del PD consideraron que no se debía perdonar el porcentaje de deuda que quedaba luego de la reequiparación ya que existía una orden judicial que obligaba a devolverla, en tanto que Cassia se abstuvo de votar tanto en forma positiva como negativa.
La segunda propuesta es para aquellos que quieran continuar con el juicio. En este caso, si bien se reequipararán sus salarios a los del cuerpo comando policial, éste no será retroactivo.
La última propuesta es para aquellos que decidan cumplir con lo estipulado por la Justicia.
Con esto, el gobierno busca evitar otro foco de conflicto, ya que corría el rumor de que si se obligaba a devolver a los efectivos la remuneración recibida y con esto, se reducían sus salarios, se podría producir una renuncia de uniformados en un número considerable, algo que Ciurca busca evitar ya que considera que las áreas en donde se desempeñan los uniformados –Criminalística, Científica, Sistema Tetra- son ámbitos “muy importantes para la Policía de Mendoza”
Según el proyecto, los efectivos podrán elegir entre tres alternativas para afrontar la deuda. La primera de ellas es una reequiparación, retroactiva a enero de 2006. Los que elijan esta opción deberán renunciar a cualquier tipo de recurso judicial a nivel nacional. Esta propuesta también contempla que quede un porcentaje de aproximadamente del 30% a pagar, por lo que el Gobierno en vez de exigir su cobro, lo condonaría.
Esto último, si bien despertó algunas suspicacias en la mayoría de los legisladores, éstos manifestaron que iban a apoyar el proyecto en su totalidad, a excepción de los demócratas y del justicialista Daniel Cassia. Desde el bloque del PD consideraron que no se debía perdonar el porcentaje de deuda que quedaba luego de la reequiparación ya que existía una orden judicial que obligaba a devolverla, en tanto que Cassia se abstuvo de votar tanto en forma positiva como negativa.
La segunda propuesta es para aquellos que quieran continuar con el juicio. En este caso, si bien se reequipararán sus salarios a los del cuerpo comando policial, éste no será retroactivo.
La última propuesta es para aquellos que decidan cumplir con lo estipulado por la Justicia.
Con esto, el gobierno busca evitar otro foco de conflicto, ya que corría el rumor de que si se obligaba a devolver a los efectivos la remuneración recibida y con esto, se reducían sus salarios, se podría producir una renuncia de uniformados en un número considerable, algo que Ciurca busca evitar ya que considera que las áreas en donde se desempeñan los uniformados –Criminalística, Científica, Sistema Tetra- son ámbitos “muy importantes para la Policía de Mendoza”